Las terribles circunstancias de inseguridad que vive el país reflejan que el Estado, la empresa privada, la sociedad civil organizada y los ciudadanos seguimos sin entender que la alianza entre el fenómeno criminal transnacional y la criminalidad nativa del país está en plena evolución. El “control” de todas las plazas existentes (formas criminales como narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, entre otras), así como de las que están por crearse (condominios, jugadores profesionales, empresas privadas, funcionarios o autoridades del Estado) por parte de los criminales, tiene un método perverso para el sometimiento: la extorsión y el sicariato. Esa es la realidad.
Los números de la percepción de inseguridad y de victimización han reventado las estadísticas a niveles históricos, como consecuencia de un sistema de justicia (jueces y fiscales que sueltan criminales no solo con leguleyadas, sino también con corrupción), legislativo (incapaz de producir un cuerpo normativo acorde a las circunstancias o que demora una eternidad en aprobar leyes oportunas) y gubernamental, desconcentrado en resolver el problema. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte anda de tumbo en tumbo, enredado en sus propios dislates y sin encontrar el camino estratégico eficaz para frenar el tsunami criminal que ya está en marcha. Caso excepcional es el del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien viene implementando motos para policías y serenazgo, y acaba de crear el GEIM, que ayudará en el accionar de la inteligencia policial con expertos como el general José Baella.
La empresa privada ha levantado la mano (y la voz) en su legítima preocupación por cuidar la actividad comercial que beneficia a sus trabajadores y millones de familias en el país. Así también lo han hecho los emprendedores (o economías informales), que se reúnen con el gobierno, presentan propuestas y ponen recursos a disposición para ayudar en el combate a la criminalidad (como los módulos de flagrancia). El caso más lamentable es lo que sucede con los transportistas, quienes se han visto obligados a realizar medidas de fuerza, como el paro del 26 de septiembre último, en señal de protesta al sentirse desprotegidos por el avance criminal que ya ha costado la vida de varios de sus integrantes.
La raíz de estos problemas es la impunidad que existe en el Perú, con un sistema de justicia muy corrompido, la informalidad comercial (porque van detrás del dinero circulante) y las nulas condiciones carcelarias para albergar a la cantidad de criminales. Lamentablemente, no se ha tomado un camino estratégico, sino que se ha optado por el facilismo de aplicar solo medidas policiales. El problema es más grande que eso.
Por eso nos permitimos discrepar con el ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien se pone metas cortoplacistas y ofrece su cabeza en bandeja de plata a la criminalidad, poniendo su renuncia en el centro, cuando ni siquiera tiene certeza absoluta de si las tácticas parciales ofrecidas darán resultados. Esto, como es obvio, debilita al gobierno y al Estado en la lucha que debe emprender de manera inteligente y conjunta.
Creemos que es hora de una tregua política y social para combatir el fenómeno criminal que ataca al país de manera transversal a las ideologías y posturas políticas. Estamos a tiempo de tener una agenda única contra la inseguridad, y pensar en este momento en réditos políticos es irresponsable. Una tregua política para esta emergencia de Estado es lo que corresponde. Si se puede.