En los últimos años, el concepto de victimización ha sido cada vez más utilizado como una herramienta política para consolidar el poder y justificar agendas ideológicas, especialmente desde la izquierda progresista. Este fenómeno no se limita a un país específico, sino que es una tendencia global en la cual las élites progresistas buscan redefinir las relaciones sociales y políticas bajo una narrativa de opresión y victimización.
El progresismo global ha identificado a grupos minoritarios que, bajo una interpretación selectiva de la historia y las circunstancias actuales, son presentados como víctimas estructurales de la sociedad. Estos grupos reciben privilegios que se disfrazan de derechos, mientras que sus presuntos opresores – en su mayoría personas pertenecientes a la clase media y trabajadora en las sociedades occidentales – ven cómo se les despoja de sus derechos fundamentales en nombre de la "justicia social".
Un caso claro es el del activismo de identidad, en el que la raza, el género o la orientación sexual se utilizan como base para exigir un tratamiento diferenciado. En lugar de promover la igualdad de oportunidades, se persigue una igualdad de resultados, donde se otorgan beneficios especiales a ciertos grupos que afirman ser víctimas. Esta dinámica erosiona la noción de meritocracia y responsabilidad individual, valores esenciales en una sociedad justa y próspera. El mérito deja de ser un criterio para el éxito y es reemplazado por una jerarquía de sufrimiento, donde quien más se victimiza, más beneficios recibe.
En el Perú se celebra cada vez que una mujer es elegida en un cargo público como una señal de avance y de progreso. Por antítesis, entonces, la elección al siguiente año de un hombre se convierte en señal de retroceso. A pesar de que no se sugiera de tal manera, la conclusión queda indirectamente sugerida.
Por supuesto los caviares solo celebran el nombramiento de mujeres afines al feminismo de izquierda (valga la redundancia). Un perfecto caso es la celebración de Luz Pacheco como presidente del Tribunal Constitucional. Celebración fugaz que terminó en severas críticas cuando se dieron cuenta de que no estaba a favor del asesinato filial, comúnmente conocido como aborto y ahora siendo marketeado como “derecho reproductivo”. Mitad caviar y mitad paloma parecen ser estos zurdos que se apropian de palabras para llamar “anti derechos” a quien quiera defender la vida.
La victimización política no solo es un fenómeno visible en Estados Unidos, como describe Vivek Ramaswamy en su libro Nation of Victims, sino que ha permeado en gran parte del mundo occidental. Europa, América Latina y otras regiones han sido testigos de esta dinámica, donde las minorías reciben concesiones especiales que van más allá de los derechos humanos universales. Bajo el pretexto de corregir injusticias históricas, se está creando un sistema donde ser víctima otorga poder político, y quienes no encajan en estas categorías son señalados como opresores a los que se debe castigar y privar de derechos adquiridos.
En América Latina, movimientos indígenas, feministas y LGTB han utilizado la narrativa de la victimización para obtener ventajas políticas. Esto ha llevado a que se aprueben leyes y políticas públicas que, lejos de buscar la igualdad real entre ciudadanos, dividen a la sociedad en grupos con diferentes niveles de acceso a derechos y privilegios. Estas políticas no solo fomentan el resentimiento, sino que también deterioran la cohesión social.
Lo más preocupante es que esta victimización política tiende a ser irreversible. Una vez que un grupo obtiene un estatus privilegiado bajo el pretexto de ser oprimido, cualquier intento de cuestionar o revertir esos privilegios es rápidamente tachado de "discriminación" o "opresión". Así, se cierra el debate y se impide cualquier forma de crítica legítima, generando una atmósfera en la que la libertad de expresión y el pluralismo político se ven amenazados. Quienes se atreven a señalar los excesos de este sistema son etiquetados como enemigos del progreso o defensores del "privilegio opresor".
Este fenómeno no solo afecta a los individuos, sino también a las instituciones. Universidades, medios de comunicación y organizaciones internacionales han adoptado este discurso, promoviendo políticas de discriminación positiva que, lejos de corregir injusticias, profundizan las divisiones sociales. En las instituciones educativas, se premia a los estudiantes no por su esfuerzo o capacidad, sino por su pertenencia a ciertos grupos identitarios que se perciben como "oprimidos". De esta manera, se entierra la meritocracia y se fomenta la mediocridad.
La victimización como herramienta política está minando las bases de las sociedades libres y democráticas. Al promover privilegios disfrazados de derechos, el progresismo está construyendo un sistema que no solo erosiona la meritocracia, sino que también crea una nueva forma de opresión. Los ciudadanos deben estar atentos a estas dinámicas y abogar por una verdadera igualdad de derechos y oportunidades, donde todos sean juzgados por sus méritos y no por su grado de victimización percibida.