Cuando se maneja dinero o bienes ajenos a uno, se debe rendir cuentas. Ocurre en todo el mundo y en todos los estamentos de gobierno, pero resulta ser muy opaco en el Perú.
Leyendo sobre el cambio que está ocurriendo en Argentina, que es el espejo en el que deberíamos mirarnos ahora, escuché al presidente Milei proponer una ley en la que el emitir dinero sin respaldo sería considerado un delito penal y de lesa humanidad. Aunque me pareció bastante radical esto último si consideramos que la emisión genera inflación y que la inflación es una forma de robar a los más pobres (pues son los más afectados por las alzas de precios y el impuesto inflacionario) y que eso en muchos casos puede matar o condenar al subdesarrollo por la desnutrición o anemia productos de la pobreza, me pareció bastante razonable. Más aún en un país como Argentina que ha tenido tanta inflación y defaults de deuda que no le permiten tener credibilidad al gobierno. ¿Cómo se logra saber si hay emisión? Primero por el nivel de inflación y segundo por los mecanismos de control de la autoridad monetaria que resulta ser un buen sistema de rendición de cuentas.
Esto no es más que transparentar las acciones que uno lleva a cabo de lo que resulta relevante para la parte que encarga realizar cierta labor. Es irrelevante saber cuántas veces se tajó un lápiz, pero sí es importante saber si se los están robando o siquiera saber si los llegaron a comprar. En el sector privado es lo más común rendir cuentas y de eso depende casi siempre la continuidad laboral; en el sector público más bien ocurre lo contrario pues la rigidez de la estructura del Estado impide tener un adecuado control. El ejemplo más claro es que según la Contraloría General de la República el costo de la corrupción en el Perú es de S/ 24,267.8 millones de soles para el año 2023, equivalente al 12.7% del gasto público consolidado. A pesar de ello hay muchísimos proyectos interrumpidos y una inacción patente de parte del personal encargado de las instituciones del Estado en general. Hay tantos procedimientos y tanta rigidez que por comprar pollo a la brasa con caja chica te pueden destituir del cargo y sin embargo se pierden miles de millones de soles en real corrupción. Si el sistema fuera realmente eficiente con tanto procedimiento se evitaría la corrupción, pero la evidencia muestra que eso no ocurre, lo que me lleva a pensar que el mismo tejido de las instituciones del Estado está dañado. Una tela con muchos huecos no se parcha, simplemente se cambia. El problema es cómo.
Lo mencionado líneas arriba no es más que el refrán “hecha la ley, hecha la trampa” plasmado en el Estado Peruano. Los buenos funcionarios no pueden actuar eficientemente por temor a ser enjuiciados y los malos funcionarios siguen expoliando las arcas del Estado en beneficio propio y en desmedro de la población. Recuerdo que un amigo que trabajaba en una institución del Estado me comentó que se opuso a una compra directa de bienes que las cabezas querían hacer sin concurso, designando el ganador a dedo. Propuso un concurso público y le comenzaron a hacer la guerra en el trabajo, el proceso se pospuso hasta que se acabó su contrato, que no renovaron, y al poco tiempo que se fue se hizo la compra sin concurso. El Estado tiene tantos procedimientos y modalidades de compra que los malos funcionarios hacen uso del mismo sistema para delinquir. No soy un experto en logística, pero sí veo que más de 1 de cada 8 soles del Estado se va en corrupción, entiendo que hay algo muy mal. Tal como pienso que debe ocurrir en el sistema de justicia, en las instituciones del Estado hay que traer a una nueva generación de funcionarios más honestos y sistemas menos complicados de compras y adquisiciones pero más fáciles de fiscalizar, como hace el sector privado. También crear un registro de “Deshonestidad” en el que figuren los funcionarios que han incurrido en faltas y delitos por adquisiciones y que esté disponible para todas las instituciones del Estado que, además, deben ser cada vez menos. Tenemos un sector público parasitario que goza de muchos beneficios solo por afinidad al régimen de turno o por “vara” del que debemos deshacernos, pues cada sol que se va en sueldo, además viene acompañado de pérdidas por corrupción. Si ese personal es tan eficiente como para que el Estado lo contrate con muchos beneficios, el sector privado seguramente lo acogerá con los brazos abiertos y podrá demostrar su valía profesional y su honestidad.
Por último, las instituciones del Estado deben tener autonomía en sus decisiones sin permitir injerencia política como ocurre con el Banco Central de Reserva, contar con directorio y gerencia autónomos ajenos a toda decisión política o conveniencia del gobierno de turno, que se ciñan a su función y no a beneficiar a algún sector o partido. Cuando se crea una institución pública para atender necesidades específicas de un grupo o toda la población la consigna es beneficiar a dicha población, no es crear posibilidades de empleo de gente que no puede conseguir un mejor empleo. Esto, que ha sido norma en el Estado Peruano, sería una gran revolución: un Estado mínimo, eficiente, transparente y que genere condiciones para que la inversión privada se desarrolle va a beneficiar a toda la población. Aquellos que ya no podrán tener privilegios no merecidos en la planilla del Estado son solo unos pocos a los que nadie va a extrañar y que se verán obligados a buscar un empleo en el sector privado y ganar lo que realmente merecen ganar, sin “vara”.