La desinformación una vez más golpea nuestra sociedad. Nuevamente la cúpula caviar nos intenta hacer creer que su versión de los hechos es la verdad, sin embargo nada es más distante que la realidad.
Las últimas semanas se ha criticado abiertamente al Congreso por las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado. La izquierda ha vendido las modificaciones realizadas por el Parlamento, como una ayuda a los criminales, responsabilizando además al Congreso por la creciente ola de crímenes en el país.
Durante mucho tiempo la ley de crimen organizado se usó como arma política para perseguir y atacar a los rivales del gobierno y del sector caviar nacional. De esta forma a figuras políticas de oposición a la izquierda progresista nacional se les acusó e incluso procesó por ser “cabecillas” de una organización criminal, como es el caso de Keiko Fujimori o Alan García. Sin embargo, dichas acusaciones terminaron en investigaciones vacías y sin fundamentos.
Lo irónico del asunto es que bajo los mismos criterios que se usaron para intentar procesar a la exprimera dama fujimorista y al expresidente aprista, se podían utilizar para procesar a miembros de la izquierda como Susana Villarán o Martín Vizcarra.
El Congreso ha querido revertir esta situación y ha puesto los límites normativos del Crimen Organizado, los cuales no han gustado, en lo absoluto a los referentes del caviarismo nacional. Acusan y exclaman que nuestros legisladores han denigrado la definición de la Ley del Crimen Organizado, para favorecer a los criminales. No obstante, nuestros parlamentarios no inventaron nuevas definiciones, y en realidad no trajeron nada nuevo. Esto debido a que, en realidad, lo que hicieron fue llevar a la norma positiva lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 8-2019/cij 116, el cual, bajo el consenso de diversos jueces supremos, definió la tipificación del Crimen Organizado. Es decir, en otras palabras, que el Congreso solo ratificó mediante ley lo dispuesto hace unos años por los jueces supremos de forma tal que se pueda evitar que este delito se “politice” como venía haciéndolo la izquierda.
Referentes caviares, esos que se jactan de serlo, señalan que ahora se favorece al delincuente en diversos aspectos, siendo uno de ellos que “antes” con el solo ser miembro de una organización criminal, bastaba para ir 20 años a la cárcel. Sin embargo, ahora hay que probar que “los miembros” tuvieron algún rol en una actividad delictiva. Es decir que se quejan porque se pretende respetar el principio de inocencia, si no hay pruebas de que cometí un delito, no me pueden meter preso. Evitando así ambigüedades y acusaciones difíciles de corroborar. ¿Cómo se probaba que alguien era miembro de una organización criminal sin ver que había cometido un acto ilícito? Era someterse a la subjetividad del juzgador.
Otra justificación de la izquierda, es que ahora deberá ir sí o sí, en los allanamientos, deberá estar el abogado del allanado para hacer el registro. Según la izquierda hay que llamar al allanado días antes para que esté su abogado para el allanamiento, lo que es una vulgar mentira. Lo que deberá hacerse es simplemente respetar el derecho del individuo. El allanamiento podrá realizarse sin informarle al allanado. La diferencia es que para evitar casos de suplantación de evidencias o demás, para registrar los bienes del allanado, tendrá que estar presente su abogado, el cual también puede ser uno designado de oficio, por lo que la Fiscalía y la PNP, al realizar el operativo, podrán ir con un abogado público para que este defienda los intereses que pueda tener el allanado, quien recordemos, no pierde sus derechos, y no necesariamente es un delincuente. En otras palabras, se pretende que se eviten los excesos cometidos, como por ejemplo en el allanamiento del fallecido expresidente aprista Alan García, donde incluso, el equipo de la PNP que realizó el allanamiento no tenía la competencia para hacerlo.
Bien lo dijo el penalista Humberto Abanto en su última entrevista en El Reporte, señalando que el problema es que estamos frente a estalinistas - el sector caviar- que quieren limitar los derechos de las personas a las posibilidades del Estado.
Recordemos que el investigado siempre mantiene sus derechos, y si permitimos que el Estado los recorte cuando quiera y como quiera, estamos permitiendo que tenga un poder casi absoluto. El Estado es el aparato que ejerce el monopolio legítimo de la violencia, diría Max Weber, y los derechos son nuestras herramientas para protegernos, no permitamos que estos siquiera puedan hacerle frente.