Ser preso no debe significar ser un vago. Bien lo entendió el gobierno americano, el cual teniendo cerca de 1,2 millones de reclusos en el país, cerca de 800 mil de ellos trabajan en el día a día generando más riqueza para el Estado, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Lo mismo, pero de una forma mucho más polémica, es lo que ha logrado Nayib Bukele en El Salvador, donde los reos deben trabajar para tener su plato caliente al final del día, como cualquier otro ciudadano. Y esta misma práctica ha sido anunciada por el presidente argentino, Javier Milei.
La pena privativa de la libertad es aquella en la que el reo pierde libertades individuales como la libertad de tránsito, como consecuencia por haber cometido un acto ilícito. Ello significa que deba quedarse recluido en prisión, gracias a la justicia penal.
No obstante, esto no debería significar que el reo no debería de enfrentar los problemas del día a día que vive cualquier ciudadano libre. Cualquier civil entiende que si no trabaja no podrá subsistir. Es el esfuerzo del trabajo del día a día el que pone el pan sobre la mesa. Entonces, ¿Por qué el preso que no trabaja no tiene que afrontar esta realidad en su día a día?
Los reos en el Perú no pueden ser únicamente un interno más. Somos un país con una gran tasa de reincidencia penal, según el Censo Nacional de Establecimiento Penitenciario del 2016, uno de cada cuatro reos ha reincidido en el delito. No hay dudas de que existen diversas aristas para ponderar las razones por las cuales hay tanta reincidencia en el Perú, pero no podemos negar, que entre ellas es porque el reo cuando sale de la cárcel sale sin nada, sin un cobre, lo que conlleva a que terminen delinquiendo tras su puesta en libertad.
Otro de los factores a considerar es que las cárceles peruanas, entre su sobrepoblación, las drogas y corrupción interna, la rehabilitación del reo no existe. Nuestro sistema penitenciario no está diseñado para que el reo se rehabilite y se reincorpore en la sociedad, sino todo lo contrario. Está diseñado para que se corrompa aún más. Todo conocedor del derecho entiende que el fin de la pena es la resocialización del delincuente; sin embargo, también debemos considerar que, el fin de esta, también es que dentro de la sociedad, no se encuentren personas que no tengan problema alguno en atentar los derechos del resto de la colectividad.
Es por ello que debemos crear un sistema en el cual los reos tengan acceso al trabajo y que este ayude con su proceso de rehabilitación. En una entrevista con El Reporte, el constitucionalista Ernesto Álvarez señaló una gran idea: la creación de granjas agrícolas donde el delincuente habitual pueda encontrarse a sí mismo con su humanidad trabajando la tierra, cultivando, desarrollando ganadería, entre otras cosas. Un quid pro quo para todos. El delincuente aumenta sus chances de rehabilitarse, genera algo de capital, y como Estado podemos generar algo de riqueza de quienes hoy en día lo único que nos generan son pérdidas.
Los americanos se dieron cuenta de esa fortaleza hace décadas, Bukele lo ha estado aplicando exitosamente y pocas son mis dudas de que Milei le sacará el máximo provecho a esa reforma. ¿Para cuando nosotros? En vez de que el Congreso se enfoque en proyectos absurdos como la Unión Civil, o que el Ejecutivo siga inyectando dinero a fracasos como Petroperú, proyectos como estos, calcados de los modelos como el salvadoreño deberían ser los aplicados en nuestro país.