Una de las tristes verdades de la política peruana es que a muchos no les importa la Constitución. Los actores políticos de nuestra “derecha” han sido quienes se han mostrado como los abanderados defensores de nuestra carta magna en los últimos tiempos, y son quienes han exigido, en reiteradas ocasiones, su irrestricto respeto. Sin embargo, cuando los intereses y las agendas cambian, no hay amor ni defensa.
Ejemplo de ello es el proyecto de ley de unión civil, promovido por el colorido congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, uno de los candidatos (y de los partidos) que se publicitan como defensores de nuestra ley de leyes. Un proyecto de ley, que, sin duda alguna, busca sacarle la vuelta a nuestra normativa apelando a sentimentalismos y a caballos de troya, porque, como señaló el legislador, esta propuesta “es el primer paso” de sus planes progresistas LGBT en nuestro país.
La verdad es que este proyecto de ley es contrario a nuestra Constitución, dado que transgrede los artículos 4° y 5° de nuestra ley máxima. Empezando con el último artículo señalado, este plantea que el concubinato es la unión estable entre el hombre y la mujer, no reconociendo así la posibilidad de reconocimiento de uniones entre dos personas del mismo sexo. Siendo así incompatible con el proyecto de ley de Avanza País.
Mientras que en la transgresión del artículo 4°, si bien considero es la que necesita un mayor análisis e interpretación, es la más flagrante. El proyecto legislativo, que será debatido en el pleno del Congreso, tiene el problema de que la unión civil planteada se asemeja bastante a la figura del matrimonio, lo cual ha sido abiertamente criticado por diversos constitucionalistas.
El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se pronunció en contra del proyecto manifestando que lo que están haciendo desde el Congreso es “meter a la unión civil como una suerte de modalidad del matrimonio”. El análisis del magistrado Blume retracta a la perfección la inconstitucionalidad de esta medida, dado que lo que pretenden es encubrir una especie de matrimonio igualitario con el nombre de unión civil, dado que las diferencias con esta figura serían mínimas, lo que es contrario a nuestra normativa.
Ciertamente, existen problemas patrimoniales que deben ser atendidos por nuestra normativa, y que pueden solucionarse con proyectos de ley que otorguen una mayor libertad a la voluntad patrimonial de los individuos, no obstante la unión civil no es la solución.
Es notorio que el proyecto de unión civil infringe la constitucionalidad. Sus promotores se hacen de la vista gorda para no tener que afrontar sus contradicciones y su doble moral. Lamentablemente, cuando les conviene, deciden defender la Constitución, y cuando esta va en contra de su agenda, no tienen ningún escrúpulo en violentarla. Constitucionalmente, la unión civil sólo podría ser debatida mediante una reforma constitucional, y no como un proyecto de ley, dado que necesitaríamos cambios estructurales en nuestra carta magna para que no haya una contradicción legal. Pero para nuestros coloridos congresistas, las contradicciones legales parecen no importar cuando se trata de velar por su agenda.
¿De verdad les importa nuestra Constitución? ¿O todas son mentiras? Esto ya no es un problema de izquierda o derecha. Por partidos de ambos lados se presentan contradicciones constitucionales. Pero claro, la izquierda sueña su nueva Constitución mientras la derecha jura, aparentemente, defender la de 1993 a capa y espada, hasta que llega el momento que no. Por lo que una vez más debemos incluirnos a la conclusión de que la legalidad está de lado. En el fondo a ningún político le importa. Y es su ideología, sus ideas, su política, lo único que defienden. El resto son solo mentiras, tanto de la derecha como de la izquierda.