PortadaDomingo, 8 de diciembre de 2024
¿Las horas contadas?

El gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta una nueva controversia en su gestión, luego de que el expremier Alberto Otárola revelara detalles impactantes que han encendido el debate político en el país. Según Otárola, la mandataria habría abandonado sus funciones para someterse a procedimientos de cirugía estética, una afirmación que no solo pone en entredicho su compromiso con el cargo, sino que también desata un nuevo escándalo en medio de la ya convulsionada escena política peruana.

Como se recuerda, la presidenta Boluarte se sometió el año pasado a una cirugía que no hizo pública, según confirmó su expremier Alberto Otárola, quien consideró que no hubo vacío de poder, pese a la condición médica de la mandataria y no contar con vicepresidentes para asumir de forma temporal el cargo.

Así lo reveló durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde fue llamado a declarar sobre el polémico 'Caso Cofre'. Este caso investiga la presunta participación de Dina Boluarte en la fuga de Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido marxista y presunta organización criminal, Perú Libre, al cual, la mandataria perteneció hasta el año 2022.

"Como es de conocimiento público, la señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros", dijo Otárola ante el Congreso de la República.

¿Dina en aprietos?

Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la huracán político, luego de que juristas y congresistas señalaron que habría incurrido en una grave infracción constitucional. Este hecho podría abrir la puerta a un proceso de destitución o vacancia, poniendo en jaque su permanencia en la Presidencia y desatando una nueva crisis en el país.

Las declaraciones de Otárola desencadenaron una ola de reacciones en el Congreso, y uno de los primeros en saltar al ruedo fue el congresista Carlos Zeballos, miembro de la comisión que investiga el caso. En una impactante declaración a la prensa, Zeballos afirmó que la presidenta Boluarte nunca envió al Legislativo una solicitud para autorizar el ejercicio de sus funciones desde fuera del Palacio de Gobierno, como es habitual cuando la mandataria viaja.

"Hay un vacío legal que tenemos que ver acá en el Congreso. Ella no puede dejar acéfalo el gobierno porque no tiene un vicepresidente", expresó al agregar que tendría que haber habido comunicación al Congreso sobre su situación de salud y que tampoco presentó un certificado médico que justifique su ausencia temporal ni detalles sobre cuánto tiempo duró su recuperación.

Añadió que Boluarte podría haber actuado sin la debida aprobación del Congreso, lo que añade a la situación de negligencia.

"Vamos a investigar, solicitar la documentación necesaria. De hallar las evidencias concretas, yo creo que habría una causal de vacancia", indicó.

Por su parte, varios abogados constitucionalistas han señalado que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción a la Constitución del Perú, al no haberse tomado las medidas necesarias durante su cirugía. En caso de haber estado inconsciente, se habría generado un vacío de poder, lo cual, según expertos, encajaría en el supuesto de incapacidad temporal establecido en el artículo 114 de la Constitución. Sin embargo, tanto desde el Congreso como desde Palacio de Gobierno, también se ha optado por descalificar la propuesta de vacancia, calificándola de parte de un frente desestabilizador.

"Una rinoplastia implica una incapacidad temporal, durante la cual no se pueden realizar actividades", indicó el exprocurador y profesor de la PUCP, Daniel Soria Luján, en declaraciones al portal Infobae Perú.

Desde su posición, el premier Gustavo Adrianzén salió en defensa de la presidenta Dina Boluarte ante los recientes intentos de vacancia, calificando como una "bajeza" la cobertura mediática sobre su cirugía estética. A pesar de las críticas, Boluarte rechazó que su mandato haya sido interrumpido y defendió su derecho a la privacidad. Por su parte, la oposición ha presentado varias mociones de vacancia, basadas en estos y otros asuntos, aunque hasta ahora ninguna ha logrado prosperar.

En ese sentido, El Reporte dialogó con el constitucionalista Aníbal Quiroga a fin de esclarecer esta posible vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte y si esto corresponde o no de acuerdo a la carta magna.

Para Quiroga, una vacancia en contra de Dina no es posible, debido a que el abandono de cargo no es una causal de destitución del cargo más alto del Perú. Sin embargo, sí consideró una falta grave el no haber comunicado al Congreso sobre la suspensión temporal y tener el permiso del Parlamento para el mismo.

Denuncia contra la mandataria

La congresista Margot Palacios encendió la polémica al presentar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de violar la Constitución al abandonar sus funciones y dejar un vacío de poder durante un controvertido procedimiento médico.

En un documento dirigido a María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Palacios, exintegrante de Perú Libre, señala a Boluarte de los delitos de usurpación de función pública y omisión de funciones, argumentando que la mandataria no informó al Congreso sobre la cirugía realizada.

La legisladora sostiene que, al someterse a una operación que le produjo incapacidad temporal, Boluarte estaba obligada a comunicar al Parlamento para activar la sucesión constitucional. En ausencia de un vicepresidente, el líder de la Mesa Directiva del Congreso debió asumir el cargo presidencial. Este caso plantea interrogantes inquietantes: ¿se violó el orden constitucional en el más alto nivel del poder?

“Al haberse negado a solicitar la suspensión, y al no haber permitido que se proceda a encargar la Presidencia, ha reiterado su incapacidad moral manifestada ya en otras circunstancias, como por ejemplo en su injerencia en designaciones del personal diplomático”, señala el punto cinco del oficio presentado por Palacios.

“Yo creo que lo que va a pasar es que cuando deje de ser presidenta, le van a cobrar las cuentas de la infracción constitucional, antes no se podía por artículo 117, y ahora no hay causal para una incapacidad moral permanente, ni tampoco hay los votos suficientes. (...) Ha habido una falta, ha habido un incumplimiento constitucional, pero no genera la vacancia”, declaró Aníbal Quiroga para El Reporte.

Dos años de gobierno tras fallido golpe de Castillo

Dina Boluarte alcanzó dos años en el poder este 7 de diciembre, en un aniversario marcado por la memoria del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y su posterior sucesión constitucional tras la destitución del chotano en 2022. Sin embargo, estos dos años de gobierno no han sido ajenos a controversias y escándalos políticos.

Lejos de distanciarse del legado perulibrista, la gestión de Boluarte ha sido señalada como una continuación del caos y las presuntas irregularidades que caracterizaron al gobierno de su antecesor. Se habla de favorecimientos ilícitos hacia figuras cercanas al partido del lápiz e incluso hacia familiares de quienes integraron la plancha presidencial.

A pesar de los intentos del partido marxista Perú Libre por deslindarse de la administración de Boluarte, las investigaciones en curso revelan indicios de beneficios hacia esta agrupación política, como la fuga del exgobernador de Junín y líder del partido, Vladimir Cerrón, acusado de corrupción. Este hecho ha encendido aún más las críticas hacia Dina Boluarte.

En medio de este tenso escenario, el expresidente Pedro Castillo, desde su prisión, avivó la polémica al publicar un mensaje en sus redes sociales donde calificó a Dina Boluarte como “traidora y usurpadora”. ¿Está su gobierno condenado a cargar con las sombras de su origen político y los cuestionamientos éticos que lo rodean?

Desde su celda en la Base Naval del Callao, donde permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022, Pedro Castillo rompió su silencio con un mensaje dirigido tanto al pueblo peruano como a la comunidad internacional. En su declaración, el expresidente no solo denunció que el juicio oral por rebelión que enfrenta es, según él, una maniobra del Poder Judicial para sentenciarlo al margen de la ley y acallar su voz política, sino que también reafirmó su postura desafiante: “Estoy con el pueblo y, dentro de él, soy realmente libre”, escribió, presentándose como un líder indoblegable en lo que llama una lucha por la democracia.

Castillo no se detuvo ahí. Aprovechó el mensaje para lanzar fuertes críticas contra Dina Boluarte, destacando su baja aprobación, que aseguró no supera el 3%. Fue más allá, calificándola de “asesina” por las muertes ocurridas durante las protestas que sacudieron al país tras su destitución, y acusándola de encabezar un gobierno que, en sus palabras, ha traicionado al pueblo peruano.

¿Esta es una estrategia para recuperar relevancia política? Las declaraciones de Castillo reavivan el debate sobre su caída, el futuro de Boluarte y el turbulento rumbo político del país.

El escándalo desatado por las declaraciones del ex premier Alberto Otárola ha puesto al gobierno de Dina Boluarte en una situación extremadamente delicada, cuestionando no solo su capacidad de liderazgo, sino también la legalidad de sus acciones durante su cirugía. A pesar de sus intentos por minimizar el impacto de su ausencia temporal, el hecho de que no se haya comunicado adecuadamente al Congreso, ni se haya activado la sucesión constitucional, añade más incertidumbre a su ya tambaleante administración. Sumado a esto, el caso de la fuga de Vladimir Cerrón, uno de los puntos más oscuros de la política peruana, sigue acechando su gestión. Con la confianza en Boluarte en niveles alarmantemente bajos, el futuro de su gobierno pende de un hilo, y las repercusiones de estos eventos podrían marcar el fin de su mandato o, por el contrario, avivar aún más las llamas del caos político en el país. ¿Podrá Boluarte recuperarse de este escándalo o está su presidencia condenada al fracaso? El corto plazo lo dirá.

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