Un desastre absoluto. Ni siquiera los proyectos de ley más evidentes logran concretarse, lo cual constituye una clara señal de que los actuales parlamentarios no tienen la menor intención de recuperar la legitimidad que han perdido en los últimos años. Este acto de indiferencia flagrante sigue perjudicando, una vez más, la institucionalidad del país. El Congreso es un barco que se hunde, pero que no quiere ser salvado.
Desde el año pasado, se ha venido impulsando una iniciativa legislativa que busca impedir que aquellos condenados por delitos graves, como terrorismo o narcotráfico, entre otros, puedan postular a cargos públicos durante un período de 10 años tras haber sido “rehabilitados”. Un proyecto de ley que, ante la deslegitimación de las elecciones, habría sido una herramienta valiosa para garantizar una mayor idoneidad en los candidatos que aspiren a cargos tan importantes como el Congreso o incluso la presidencia.
Sin embargo, esta propuesta estuvo estancada durante largo tiempo en una de las numerosas comisiones del parlamento, debido a que los fujimoristas, de manera egoísta, intentaron modificarla de tal forma que el entonces expresidente Alberto Fujimori, quien se encontraba libre en ese momento, no se viera impedido de postular nuevamente a la presidencia. Una vez que el proyecto salió de la Comisión de Constitución, presidida en aquel entonces por la congresista Moyano, fue automáticamente rechazada por el resto de parlamentarios, lo que retrasó su llegada al pleno.
Ahora que la iniciativa podría convertirse en una realidad, lo que sin duda habría sido beneficioso para el futuro del país, la propuesta se ve nuevamente frustrada por un Congreso deslegitimado. A pesar de que el proyecto originalmente contemplaba la exclusión de los condenados por homicidio (delito que fue posteriormente eliminado), esta posibilidad de mejora se ve nuevamente bloqueada.
En nuestro país, cualquier persona puede llegar a ser presidente, incluso un condenado por corrupción, un homicida o, lo que es aún más grave, un condenado por terrorismo. Pareciese que el gobierno de un chotano golpista vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y con antecedentes de golpismo, no sirvió como ejemplo suficiente para evitar este tipo de aberraciones.
Sin criterios de idoneidad para los candidatos, corremos el grave riesgo de que un terrorista, como Víctor Polay Campos, quien quedará en libertad en 2026, pueda aspirar a la presidencia o al Congreso en 2031. Una posibilidad absurda y absolutamente inaceptable.
Entiendo los argumentos de los penalistas y defensores de la igualdad, que sostienen que quienes han cumplido su condena tienen derecho a postularse a cargos como la presidencia o el Congreso. Sin embargo, en una democracia tan frágil como la nuestra, tales supuestos no pueden ser aceptados. Sobre todo, en el caso de los condenados por terrorismo. Aquellos que atentaron contra el Estado y la democracia no pueden luego utilizar estas mismas instituciones para gobernar.
No podemos pasar por alto una realidad triste pero innegable en Perú: nuestras cárceles no se rehabilitan. Con un sistema penitenciario sobrepoblado y plagado de corrupción, las prisiones no cumplen su función resocializadora; al contrario, empeoran al reo. En el Perú, la resocialización es un mito, una excepción, más que una regla. Y el terrorista, que debería haber muerto en la cárcel y que gracias a los “derechos humanos” solo cumple 20 o 25 años de cárcel, nunca se rehabilita.