La trama de Odebrecht ha marcado la política nacional en los últimos años, siendo un hecho relevante que por mandato del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público haya entregado una copia (al ciudadano solicitante) del Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito hace unos años entre la empresa brasileña Odebrecht y los representantes del Ministerio Público. Debo resaltar el papel cívico cumplido por el ciudadano Phillip Butters en un caso crucial. La acción de Habeas Data interpuesta ha sido determinante para el logro del objetivo, que no es otro que acceder a información relevante de interés público. En mi concepto se han seguido los procedimientos legales y aún encontrándonos en una etapa preliminar luego de hacerse público el contenido del Acuerdo (de más de mil folios), no cabe duda que se está gestando un "terremoto político" de consecuencias insospechables.
Todo parece indicar, que el interés nacional ha sido vulnerado, siendo evidente que los fiscales y procuradores integrantes del Equipo Especial Lava Jato han actuado, dejando de lado la defensa férrea de la legalidad y el interés superior del Estado. Considero que tanto Odebrecht, como las empresas constructoras brasileñas desarrollaron un plan en el Perú y otros países de América Latina, bajo la tutela política del presidente Lula Da Silva y el partido de los Trabajadores que a lo largo de este siglo, ha ejercido el poder sucesivas veces.
El Foro de Sao Paulo convertido en instrumento político y de coordinación con partidos latinoamericanos ya sea en el ejercicio del poder o con aspiraciones de alcanzarlo, fue el marco político por un lado, a lo que se sumó la alianza con las más importantes empresas constructoras de Brasil. El Foro de Sao Paulo se reunía anualmente bajo el auspicio del PT, agrupación política que una vez en el poder (2002) afianza lazos políticos/empresariales de carácter internacional.
En el Perú, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se insistió en la construcción de la Carretera Interoceánica, como si se tratara de una obra fundamental para el desarrollo nacional. No olvidemos que el partido de Alejandro Toledo formó alianza con el Frente Independiente Moralizador (FIM) liderado por Fernando Olivera. Más aún es oportuno recordar como Fernando Olivera, siendo Embajador del Perú en España, retornó a Lima para presionar políticamente al entonces Contralor General de la República, Genaro Matute. En Conferencia de Prensa, Fernando Olivera resaltó su papel para "convencer" al Contralor Matute, para que en aras del "interés nacional" dispusiera el levantamiento de todas las observaciones técnicas, que los especialistas de la Contraloría habían señalado en diversos Informes. Hace poco, el Poder Judicial ha dictado sentencia condenatoria contra el ex presidente Alejandro Toledo, por haber recibido millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht.
En Brasil tanto el presidente Lula Da Silva, como el propio Marcelo Odebrecht fueron privados de su libertad, en el marco del mega caso de corrupción que afectó la política brasileña. El accionar de la justicia norteamericana destapó un caso de corrupción sin precedentes. Tiempo después el Juez Sergio Moro asumiría un papel destacado en su país. La verdad se fue abriendo paso en toda América Latina, en menor o mayor intensidad.
En el Perú, en el último tramo del gobierno de Ollanta Humala, se dan los primeros pasos. Desde el Ministerio de Justicia, se obstaculizó el trabajo de las Procuradoras, con el claro propósito de proteger a Odebrecht. El Fiscal Hamilton Castro fue relevado por los fiscales Rafael Vela Barba como Coordinador del Equipo Especial Lavajato y un fiscal "procedente del sur" José Domingo Pérez. El presidente Pedro Pablo Kuczinsky renuncia en Marzo del 2018, días después que transcendiera sus vínculos con Odebrecht. Asume Martín Vizcarra la presidencia de la República, asegurando que iniciará una lucha frontal contra la corrupción. Hoy el Perú comprende, las razones por las que Martín Vizcarra se propuso liquidar políticamente al Fiscal Pedro Chávarry, quien venía impulsando investigaciones contra el ex Gobernador Regional de Moquegua, por la comisión de graves ilícitos penales.
El Perú está empezando a conocer lo acordado con Odebrecht; por ello todo parece asegurar que existen fundadas sospechas sobre el accionar contrario a la ley, que ha caracterizado el desempeño de fiscales y procuradores en especial, así como el papel nefasto cumplido por Gustavo Gorriti y el Instituto de Defensa Legal. El señor Gorriti habría sido a lo largo del tiempo casi un "titiritero"; reiterando siempre en las entrevistas sucesivas que concedió a los medios de comunicación vinculados al grupo "El Comercio" y "La República", que la empresa Odebrecht había cometido errores, que tenía el derecho a "rehabilitarse", que debía pagar una penalidad como reparación civil y que acto seguido, debería quedar apta para seguir contratando con el Estado.
Gustavo Gorriti, los diarios "El Comercio" , "La República" y RPP en especial siempre defendieron la suscripción del Acuerdo de Colaboración Eficaz y sobre todo señalaban, que debía mantenerse en reserva, para facilitar la "disposición a colaborar" por parte de la cuestionada empresa Odebrecht. La defensa que ejercieron fue monolítica. Por su parte Martín Vizcarra defendía a los fiscales Vela Barba y José Domingo Pérez, retornando a Lima desde Brasilia, donde se encontraba para asistir a la ceremonia de asunción al poder, del presidente Jair Bolsonaro (enero 2019). La renuncia de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación, empoderó más a los hoy cuestionados fiscales. La transferencia de sumas millonarias del Estado, por concepto de publicidad estatal a los grandes medios de comunicación, aseguraba el "pacto infame". No olvidemos que el "Club de la Construcción" fue liderado por la empresa de las familias Graña y Camet. Los empresarios nacionales fueron parte activa de la "trama de Odebrecht", por su parte los medios de comunicación elogiaban el papel de los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez.
El accionar delictivo de Odebrecht fue más allá de las cuatro obras incluídas en el Acuerdo de Colaboración Eficaz. Hoy el Perú despierta de un letargo, la historia más reciente aún está por escribirse. Martín Vizcarra seguramente será sentenciado de manera condenatoria en las próximas semanas, sospechosamente no tiene ni siquiera una orden judicial de impedimento de salida del país.
El cinismo de Vizcarra no tiene límites, el Congreso lo ha inhabilitado por 10 años, hace poco el Tribunal Constitucional por unanimidad ha desestimado la acción de garantías que interpuso. Martín Vizcarra debe comprender que todo tiene su final. Los cargos que se le imputan corresponden a hechos delictuosos cometidos cuando se desempeñó como Gobernador Regional en Moquegua. Aún están pendientes las causas por los ilícitos perpetrados como Ministro de Estado y como presidente de la República. Si Martín Vizcarra debe ser privado de su libertad, lo propio debe suceder con la "pareja presidencial". Ollanta Humala y Nadine Heredia no pueden sustraerse de la acción de la justicia.
Los aportes de campaña, procedentes de Caracas o de Odebrecht, tal vez constituyan asuntos de menor cuantía, frente al abierto favorecimiento en la ejecución de obras como el Gasoducto Sur. Susana Villarán es confesa; sin embargo no se inicia el Juicio Oral. Un "terremoto político" está en pleno desarrollo. Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez hace mucho tiempo debieron ser relevados, hoy es notorio que no fueron leales con el país y se sometieron a las condiciones impuestas por la empresa Odebrecht.
El fiscal Vela Barba con aires de buen trato y uso atildado del lenguaje, así como José Domingo Pérez con signos evidentes de trastorno en su personalidad, tienen que ser investigados, incriminados, procesados y sentenciados en su oportunidad. Gustavo Gorriti tiene investigaciones en curso, que deben ser impulsadas con celeridad. Gustavo Gorriti no es adalid de nada y en su condición de Director Ejecutivo de Defensa Legal (IDL) ha cumplido un papel nefasto.
El Perú no puede olvidar, como ha trascendido, la manera como Gustavo Gorriti "celebró y brindó" por la muerte del presidente Alan García, en presencia del ex asesor del Ministerio Público, Jaime Villanueva. Más allá del accionar de la justicia, es el momento de cuantificar el daño moral y económico que han causado al país la empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas.
Que la ciudadanía sancione a empresarios, medios de comunicación, periodistas, fiscales, procuradores y jueces que han sido parte de la "trama de Odebrecht".
Que la verdad se abra paso.
Odebrecht no perdona, todo tiene su final.