Este 2024 será recordado como un año de profundas dificultades y desafíos para el Perú. Hemos atravesado momentos tormentosos que han puesto a prueba nuestra resistencia como sociedad, enfrentándonos a una crisis política que parece no encontrar salida y que se ha convertido en una carga insostenible para millones de peruanos. Las tensiones, los escándalos y los desaciertos políticos han dejado una marca indeleble en nuestra memoria colectiva, mientras que la incertidumbre sigue proyectándose sobre el horizonte de nuestro país.
En esta última edición del año, desde El Reporte hacemos una mirada retrospectiva, analizando los eventos más relevantes que han definido este periodo convulso. Nos proponemos desentrañar cómo los hechos de los últimos meses han moldeado nuestra política local y cómo han impactado nuestra imagen a nivel mundial, en ocasiones colocándonos en el centro de situaciones incluso vergonzosas.
El burdel parlamentario
Uno de los hechos que ha logrado ponernos en el ojo del huracán es el más reciente escándalo en el Parlamento nacional. Una presunta red de prostitución que operaría dentro del Congreso de la República ha sido uno de los hechos sin precedentes que ha enmarcado el final del año político para el Perú.
Este jueves 26 de diciembre, un exfuncionario clave ha sido citado por la comisión de Fiscalización para responder a graves acusaciones que lo señalan como el presunto organizador de una red de prostitución que habría operado al interior del Parlamento peruano.
La denuncia, destapada por el programa de televisión Beto a Saber, apunta directamente al abogado Jorge Torres, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y vinculado al partido Alianza Para el Progreso (APP). Según el reportaje, Torres habría coordinado los servicios de trabajadoras sexuales para parlamentarios, involucrando incluso a figuras de alto perfil político.
En una declaración explosiva, una de las presuntas víctimas afirmó que algunas mujeres llegaron a "visitar al expresidente del Congreso Alejandro Soto", también integrante de APP. Soto negó tajantemente la acusación a través de un comunicado, pero las sospechas no han hecho más que intensificarse.
La Fiscalía, por su parte, ya abrió una investigación preliminar por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres aún no identificadas. El caso ha generado indignación nacional e internacional, dado el impacto de las denuncias en la ya debilitada imagen del Congreso peruano.
En declaraciones a la prensa, Torres rechazó categóricamente las acusaciones: "Lo niego rotundamente (...) y pido por parte de la Fiscalía y la comisión de Fiscalización que investigue". Sin embargo, el país exige respuestas claras y contundentes sobre este escándalo que pone nuevamente en jaque la credibilidad de una de las instituciones más cuestionadas del Perú.
La cita de Torres ante la comisión promete ser clave para esclarecer el caso, mientras el Parlamento enfrenta una de sus crisis más vergonzosas. La atención nacional está puesta en las acciones que tomarán las autoridades para determinar la verdad detrás de estas denuncias que, de confirmarse, podrían desencadenar un terremoto político de dimensiones históricas.
En este marco, la muerte violenta de Andrea Vidal, una joven abogada de 28 años y exasesora del Congreso, ha sacudido al Perú y desatado una tormenta política. Vidal, quien hasta septiembre de este año trabajaba como mano derecha de Jorge Torres, fue asesinada a balazos el 10 de diciembre mientras viajaba en un taxi por Lima. Su conductor también perdió la vida en el ataque.
Vidal agonizó durante una semana antes de fallecer el 17 de diciembre. Su asesinato, ocurrido solo días antes de que Torres fuera cesado de su cargo el 13 de diciembre, ha añadido una capa oscura al ya controversial caso de la presunta red de prostitución vinculada al Congreso.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, no escatimó palabras al referirse al caso: "Lo que ha sucedido es grave. La presunta red de prostitución, que ha acabado con el crimen de una ex trabajadora del Congreso, tiene que ser investigada".
La conexión entre el ataque a Vidal, el escándalo de explotación sexual y las recientes denuncias contra Torres ha encendido las alarmas en el escenario político. La joven abogada, conocida por su cercanía con Torres hasta su despido en septiembre, es vista por algunos como una pieza clave que podría haber tenido información sensible sobre las actividades ilícitas que ahora se investigan.
Mientras la Fiscalía avanza en las pesquisas, el asesinato de Vidal deja un rastro de preguntas sin respuesta y un eco de indignación en la sociedad peruana. ¿Fue víctima de un acto de represalia o su muerte está relacionada con la red de explotación sexual que se investiga? Lo que parece claro es que el caso ha revelado no solo la fragilidad institucional del Congreso, sino también la sombra de violencia que persigue a quienes se atreven a cuestionar los intereses oscuros dentro del poder.
¡Estado de emergencia en vano!
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió ampliar el estado de emergencia, en diferentes distritos de Lima Metropolitana y el Callao, como accionar frente a la ola de criminalidad y asesinatos que están ocurriendo en la capital y el primer puerto. Sin embargo, las medidas que toma esta administración terminan siendo en vano frente a la grave convulsión y crisis social que se viene atravesando.
La inseguridad en Lima se ha convertido en una epidemia que afecta la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Extorsiones, asaltos, robos, violaciones y sicariatos son reportados diariamente, alimentando el temor y la sensación de vulnerabilidad en las calles de la capital. A pesar de los “esfuerzos” del Gobierno y el Ministerio del Interior por contener esta creciente ola de criminalidad, los resultados parecen ser insuficientes frente a una realidad cada vez más alarmante.
Sin embargo, un hecho curioso emerge en medio de este panorama sombrío: cinco distritos de Lima han logrado registrar un número mínimo de denuncias, con cifras que no superan el 0,3% del total de casos reportados.
El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), titulado “Estadísticas de la criminalidad, seguridad ciudadana y violencia”, analiza las denuncias registradas entre abril y junio de este año. El documento detalla los delitos más comunes en la capital, abarcando desde crímenes contra el patrimonio hasta atentados contra la vida, la integridad física y la seguridad pública. Según el estudio, la percepción de inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los limeños, superando incluso la crisis económica en muchas encuestas de opinión.
A pesar de esto, los distritos con menor cantidad de denuncias presentan una aparente paradoja. Mientras algunas zonas de Lima son testigos diarios de actos delictivos, otras parecen mantenerse al margen de esta crisis. ¿Es la seguridad real o una ilusión basada en la falta de denuncias? Expertos sugieren que, en muchos casos, el miedo o la desconfianza en las autoridades desincentivan a las víctimas a formalizar sus quejas, dejando un vacío en las estadísticas que podría estar maquillando la realidad.
La capital enfrenta un momento crítico en su lucha contra la inseguridad, y la capacidad de las autoridades para responder será clave no solo para reducir las cifras, sino también para recuperar la confianza de una ciudadanía que ya no se siente protegida.
En este marco, la administración de Dina Boluarte felicita al ministro Juan José Santiváñez por su labor al frente del Mininter, sin embargo, los indicadores de crímenes en el país no va en reducción, y cada vez se hace más constante la presencia de hechos delictivos en diferentes zonas de nuestra capital, contradiciendo así las versiones que brinda el gabinete ministerial liderado por Gustavo Adrianzén, quien ha mencionado de manera beligerante que la criminalidad en el país disminuyó significativamente, a pesar de las cifras reportadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que registró 1.830 homicidios hasta noviembre de 2024, lo que supone un incremento del 22,5 % respecto al 2023.
Prófugos de Dina
Al parecer, el gobierno perulibrista, que ahora administra Dina Boluarte, sucesora del golpista Pedro Castillo; estaría vinculado con la corrupción y el abuso de poder, lo cual, no solo han dejado una estela de escándalos, sino también una preocupante tendencia: el escape sistemático de políticos, empresarios y funcionarios que, incluso con sentencias y órdenes judiciales en su contra, logran burlar a la justicia. La lista de prófugos de alto perfil no para de crecer, reflejando las profundas fallas del sistema judicial y la aparente complicidad que permite que estos personajes se mantengan fuera del alcance de la ley.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Vladímir Cerrón, líder del partido Perú Libre, condenado por corrupción en el caso “Aeródromo Wanka”. Desde 2023, Cerrón permanece prófugo, protegido por vacíos legales y la inacción de las autoridades, mientras continúa influyendo políticamente desde la clandestinidad. Su caso es un ejemplo paradigmático de cómo el poder político y las deficiencias del sistema permiten a figuras condenadas seguir operando impunemente.
Pero Cerrón no está solo. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se suma a esta lista negra. Investigado por tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a una organización criminal, Boluarte enfrenta una orden de prisión preventiva de 36 meses, pero continúa prófugo. Su caso ha generado suspicacias sobre una posible interferencia política que podría estar retrasando su captura, alimentando aún más el descontento ciudadano hacia las instituciones.
A estos nombres se añade ahora Elizabeth Peralta, suspendida fiscal acusada de tráfico de influencias y sobornos. Con 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra, Peralta también ha desaparecido, dejando al descubierto cómo incluso quienes deberían defender la justicia pueden terminar burlándola.
Estos casos no solo representan el fracaso del sistema judicial para garantizar la rendición de cuentas, sino que también socaven la confianza de los peruanos en sus instituciones. Cada prófugo es un recordatorio del poder de la corrupción para doblegar las leyes y perpetuar un ciclo de impunidad que parece no tener fin.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con frustración cómo la justicia parece tener preferencia por los débiles y no por los poderosos. ¿Qué hace falta para que el Perú deje de ser el paraíso de los prófugos? La respuesta, aunque urgente, sigue siendo esquiva en un país donde la justicia parece ser tan frágil como su democracia.
El 2024 quedará en la historia como un año en que las crisis políticas, sociales y de seguridad evidenciaron las profundas fallas estructurales que afectan al Perú. Desde los escándalos en el Congreso y la sombra de corrupción que envuelve al gobierno, hasta la creciente inseguridad en las calles y la proliferación de prófugos de la justicia, el país se encuentra atrapado en un círculo vicioso de impunidad y desconfianza institucional.
Sin embargo, más allá del diagnóstico de los problemas, surge una reflexión ineludible: ¿qué tipo de país queremos construir? Esta pregunta interpela no solo a las autoridades, sino también a la sociedad civil, que debe replantearse su rol como agente de cambio. ¿Hasta cuándo toleraremos el colapso ético de nuestras instituciones y la inacción frente a la inseguridad que nos roba la tranquilidad?
El Perú enfrenta un momento crucial, donde cada decisión o inacción marcará el rumbo hacia una posible recuperación o hacia una crisis aún más profunda. Este año turbulento nos deja una lección: solo con una ciudadanía vigilante, informada y comprometida será posible exigir la rendición de cuentas y recuperar la confianza en un sistema que, hoy más que nunca, parece estar al borde del colapso.