El Ministerio Público, no siendo un poder del Estado, pretende extralimitarse en sus funciones, actuando como un suprapoder que ejerce control sobre los otros poderes del Estado. La democracia se sustenta en la separación de poderes y, conforme al ordenamiento jurídico, el Ministerio Público es una institución jerarquizada que persigue el delito y formaliza las acusaciones ante el Poder Judicial por la comisión de ilícitos penales.
Sin embargo, todos nos preguntamos cómo fiscales de menor jerarquía integrantes del Equipo Especial Lava Jato gozan de impunidad y se han convertido en actores políticos de la vida nacional.
La "trama de Odebrecht", eje del acontecer nacional desde fines del gobierno de Ollanta Humala, ha influido en el desarrollo de campañas electorales, en el ejercicio del poder, en la caída de gobiernos, así como en la imputación de cargos penales y la emisión de órdenes de detenciones preliminares, preventivas o impedimentos de salida del país.
La política nacional no se ha gestado por la iniciativa de los partidos políticos o por la influencia de liderazgos tradicionales o nuevos, sino por la agenda política marcada por las investigaciones de la "trama Odebrecht".
El presidente Lula, desde el ejercicio del gobierno y como líder del Partido de los Trabajadores (PT), tejió una red de contactos políticos para hacerse con la ejecución de las principales obras de infraestructura en América Latina. En nuestro país, en alianza con las empresas del "Club de la Construcción", desplazaron del mercado a competidores incómodos. Lula cumplió un papel político, como un "capitoste" o "padrino" de empresarios y políticos. Con el argumento de unir al Perú y Brasil, se impulsó la construcción de las carreteras Interoceánicas Norte y Sur. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, los lazos políticos con Brasil se estrecharon significativamente.
Hoy, Alejandro Toledo ha sido condenado en el marco de un proceso judicial ceñido a ley. El PT ha retornado al poder en Brasil; sin embargo, es evidente que el presidente Lula carece actualmente del liderazgo y la autoridad moral que en su momento lo convirtieron en un referente latinoamericano. Lula Da Silva fue privado de su libertad y tiempo después fue excarcelado.
El Ministerio Público suscribió un Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht, cuyo contenido se mantuvo en absoluta reserva durante varios años, desarrollando investigaciones con claro sesgo político. El papel cumplido por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez estuvo siempre orientado a atenuar la responsabilidad de los directivos de Odebrecht. No olvidemos que se pontificó la importancia del acuerdo, afirmando que la empresa brindaría información relevante para esclarecer ilícitos penales.
El Equipo Especial Lava Jato exoneró del pago de impuestos a Odebrecht, permitió la venta de la hidroeléctrica de Chaglla y nunca trabó embargo alguno ni solicitó al Poder Judicial la retención de cuentas bancarias de la constructora o sus directivos. Resulta extraño que el Equipo Especial no incluyera en las investigaciones a otros exfuncionarios del gobierno de Toledo, como si se tratara de una acción personalísima. El país no debe olvidar el papel cumplido por Fernando Olivera, quien, siendo embajador del Perú en España, retornó a Lima para presionar al entonces Contralor General de la República, Genaro Matute, cuya institución había formulado serias observaciones técnicas y legales al proyecto de la Interoceánica.
Hoy, el Equipo Especial Lava Jato sigue en funciones. La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha expresado su respaldo a los cuestionados fiscales, convocando recientemente una conferencia de prensa.
La Fiscal de la Nación asegura que no persigue a personas y que su rol está enmarcado en la Constitución y la legislación vigente; sin embargo, es claro que actúa de manera selectiva. Recientemente archivó la investigación contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmando que solo se trataba de una inconducta sin indicios de delito. Es evidente que la investigación realizada fue deficiente, sin tomar testimonios clave ni realizar diligencias fundamentales.
Gustavo Gorriti se ha convertido en censor de la vida nacional, autopercibiéndose como "intocable" y actuando como operador político de Odebrecht. Ha usado su influencia para obstaculizar diligencias fiscales y se ha negado a entregar información clave al Ministerio Público, evadiendo responder cargos serios en su contra.
El Instituto de Defensa Legal (IDL), dirigido por Gorriti, nunca deslindó claramente con Sendero Luminoso y, recientemente, ha sido relacionado con operaciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas. La cercanía de Gorriti con Pablo Sánchez y Martín Vizcarra quedó patente durante la crisis del caso "Cuellos Blancos del Puerto", revelando alianzas políticas y mediáticas claras.
El Ministerio Público, lejos de cumplir su rol constitucional, atraviesa una severa crisis comparable a la ocurrida durante la gestión de Blanca Nélida Colán. El Perú debe superar la sombra de Odebrecht, confrontar al "poder caviar" y a quienes, como Gorriti, se consideran intocables.
Es urgente restablecer la confianza en las instituciones y evitar que intereses políticos y económicos sigan afectando la justicia y la democracia en el país.