No ha pasado mucho tiempo desde aquellos días en los que la excongresista Rocío Silva Santisteban (RSS) defendía con fiereza, en 2020, la postura contraria a que los miembros de la Policía Nacional del Perú hagan uso de sus armas. RSS escribía en su cuenta de Twitter —hoy X—, el 28 de marzo de 2020, lo siguiente: “Hoy se publicó la Ley 31012, sobre protección policial, que exime de responsabilidad penal a la PNP en caso de uso de armas. Es inconstitucional porque no respeta la proporcionalidad del uso de la fuerza. Es la ley del gatillo fácil y permite tácitamente el abuso policial”. Ese era su talante antipolicía y pro violencia. Luego, toda la izquierda repetía como loro “gatillo fácil” para denostar a la PNP. Hoy deben estar llorando a mares por esta norma que defiende al país.
Por otro lado, ayer por la noche, durante el “Cuarto de guerra” en el que participa la presidenta Dina Boluarte con los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras autoridades, le informó al país que se estaba promulgando la ley que autoriza a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) a usar sus armas de fuego en casos de flagrante delito. Dijo también que “la democracia no puede ceder ante el miedo ni retroceder frente al crimen. Esta ley marca un antes y un después. Es el primer gran paso para proteger a nuestra policía y, con ello, restablecer el verdadero Estado de derecho”. Como es obvio, esta norma es el mejor antídoto contra la infiltración progre o caviar en el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes habían hecho un “deporte nacional” el encarcelamiento de miembros de la policía que usaron sus armas para repeler a criminales indeseables.
Hoy estamos viendo que la evolución criminal sigue imparable su ruta hacia la toma de control de diversas zonas donde hay economías informales o ilegales, como en el caso de Pataz, en La Libertad, por el tema del oro. Estas provocan enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, a quienes hay que proteger con una norma como la aprobada. Otro tema recurrente que nos debe preocupar sobremanera es el haber puesto en evidencia que son los menores de edad quienes integran bandas y grupos de sicarios que cometen crímenes atroces. Es bueno recordar que la “vicaria” del caviarismo, Rosa María Palacios, escribió también en su cuenta de X: “La última gran idea del Congreso es meter presos a Lurigancho a criaturas”. Bajo las nuevas circunstancias de crímenes cometidos por estos menores de edad, nos gustaría saber si RMP estaría dispuesta a darles alojamiento a esas “criaturas” criminales que tanto defiende.
Es por eso que debemos insistir en que, así como se acaba de aprobar la norma para que el policía pueda defender a la sociedad de los criminales sin ningún temor, también debemos impulsar con mucha energía que se apruebe la norma que judicializa como adultos a los menores que cometan crímenes tan horrendos como el sicariato, el secuestro, la extorsión, la colocación de explosivos, las mutilaciones de secuestrados y otros. Basta ya de “invocar” normatividad internacional que sabemos ha sido hecha con sesgo ideológico caviar para relativizar a la fuerza pública.
Hay tareas pendientes para el Congreso en la lucha contra la criminalidad, para que haya un acompañamiento real, efectivo y eficaz a la Policía Nacional en su denodado trabajo diario para capturar a las bandas. Esperamos que pronto se sigan aprobando normas pendientes, como declarar a las acciones de la criminalidad organizada transnacional como terrorismo, haciendo solo ajustes a las leyes antiterroristas existentes y así actuar con mayor firmeza. ¡Sí se puede!