La plataforma ciudadana Padres Peruanos ha encendido las alarmas sobre la práctica de abortos ilegales en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP). Miles de ciudadanos, a través de unapetición on line, vienen exigiendo al ministro de Salud, César Vásquez, que derogue una guía de atención elaborada por el propio INMP, la cual amplía de forma arbitraria e irregular las causales del aborto despenalizado en el Perú.
Segúnmedios afines al aborto legal, los directivos del INMP implicados serían removidos de sus cargos y la guía, finalmente, derogada. Pero lo más revelador es que todo esto ha sacado a la luz el desenlace de un plan abortista trazado y financiado desde el extranjero para imponerse en el país.
En 2018, la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia (SPOG)recibió una encomienda directa de la ONG internacional Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO): instalar en el Perú el llamado“Comité de Aborto Seguro”. ¿Su propósito? Promover el aborto legal a escala global, infiltrando sistemas de salud nacionales desde dentro. Como parte de esta estrategia, FIGO organizó en Londres, del 28 al 29 de mayo de ese año,un taller internacional para planificar sus acciones en 10 países. Por el Perú asistió el ginecólogo Miguel Gutiérrez, quien luego sería pieza clave en la ejecución de este plan en el ámbito nacional.
En el caso peruano, el objetivo era claro: forzar la ampliación del protocolo de Aborto Terapéutico hasta vaciarlo de sentido, sumando tantas causales como fuera posible, al punto de que todo aborto pudiera ser encajado como “terapéutico”.
Tras cinco años de operaciones silenciosas, el plan dio fruto: el INMP aprobó la guía que responde a esa estrategia. Pero no se detuvieron ahí. En ese mismo instituto, se realizaron abortos por violación y por malformaciones congénitas, ambos supuestos que son tipificados como delito según el artículo 120 del Código Penal.
FIGO: activismo pro aborto bajo apariencia de sociedad científica
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) se presenta ante el mundo como una entidad científica dedicada a la salud materna y ginecológica. Sin embargo, un reciente informe del Population Research Institute revela una realidad muy distinta: lejos de enfocarse en la investigación médica o en el tratamiento de enfermedades, FIGO opera como una herramienta de control poblacional, con un énfasis particular en la promoción activa del aborto.
El informe, titulado “FIGO: Financiación de USAID y la promoción del aborto en Iberoamérica, Europa y Asia”, se basa en evidencia oficial proporcionada por la propia FIGO. A través de sus páginas, se documentan acciones, declaraciones y publicaciones que revelan una agenda política clara: despenalizar el aborto en todos los países y garantizar su acceso irrestricto. Más que una organización médica, FIGO actúa como una plataforma de incidencia ideológica al servicio de la industria del aborto.
A primera vista, FIGO parece una entidad médica legítima: agrupa sociedades nacionales de ginecología y obstetricia de más de 130 países. La inclusión de términos como “Federación” e “Internacional” le otorgan una apariencia de oficialidad, e incluso de organismo multilateral, lo que facilita su labor de advocacy del aborto legal en contextos donde el acceso a información es limitado o poco transparente.
Sin embargo, basta con explorar su sitio web para confirmar que buena parte de su contenido gira en torno al control poblacional. FIGO no solo promueve abiertamente el aborto, sino que capacita profesionales de la salud para practicarlo e impulsa reformas legales para eliminar cualquier restricción que lo limite.
Mientras millones de mujeres en el mundo enfrentan enfermedades ginecológicas urgentes —como el cáncer de cuello uterino o las infecciones de transmisión sexual—, FIGO concentra sus principales esfuerzos en organizar foros, publicar guías y financiar campañas para promover el aborto como eje central de su agenda global.
El informe de Population Research Institute nuestra cómo la influencia de FIGO va mucho más allá de los pronunciamientos públicos. Esta organización trabaja de forma directa con gobiernos y sociedades médicas nacionales para presionar por la despenalización del aborto. En países con restricciones legales —como Perú, Colombia o Brasil—, despliega estrategias de advocacy, capacita personal médico y promueve la distribución masiva de fármacos abortivos como el misoprostol y la mifepristona.
Un elemento clave en esta red de influencia es el financiamiento. FIGO ha recibido importantes sumas de dinero de entidades internacionales, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que en octubre de 2024 aprobó una entrega de 89 millones de dólares.
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es cómo FIGO no solo promueve el aborto, sino que también busca proteger a quienes lo practican ilegalmente. Ha emitido recomendaciones para que los médicos no denuncien a la policía los abortos fuera del marco legal, ha promovido el aborto autogestionado sin asistencia médica y ha presionado para eliminar la objeción de conciencia dentro del ejercicio profesional.
Más aún, FIGO ha defendido la práctica del aborto en embarazos avanzados, incluyendo métodos como la inducción de asistolia fetal —que consiste en inyectar una sustancia en el corazón del feto para provocarle la muerte—. En países como Brasil, ha criticado al Consejo Federal de Medicina por prohibir este procedimiento, argumentando que cualquier restricción al aborto vulnera los derechos humanos.
La evidencia recogida en este informe permite concluir que FIGO no es una organización científica ni médica en sentido estricto. Es una entidad profundamente ideologizada, con un activismo centrado en la despenalización global del aborto. Su agenda no deja espacio para el debate, ni para la consideración de otras posturas médicas o éticas respecto a la vida prenatal.
El Ministro de Salud, César Vásquez, debe poner un alto inmediato a la injerencia de organizaciones extranjeras como FIGO en las decisiones legislativas del país. Su deber es despejar cualquier sospecha de complicidad con estos abortos ilegales, derogando de inmediato esa norma y promoviendo sanciones penales contra los médicos que han participado en esos delitos dentro del INMP.
El informe completo de Population Research Institute se puede descargar en este linkhttps://www.pop.org/informe-figo-financiacion-de-usaid-y-promocion-del-aborto-en-iberoamerica-africa-y-europa/