La diplomacia y la normativa internacional están dando paso a un conflicto enorme en el continente. Una vez más, la soberanía y la justicia nacional se ven relegadas y abnegadas por normativas internacionales ambiguas y controvertidas. Todo ello, en nombre de la preservación de un status quo que, evidentemente, urge ser transformado.
Como es de conocimiento público, Nadine Heredia —ex primera dama del Perú entre 2011 y 2016, y para muchos la verdadera figura de poder durante aquel periodo— ha eludido la justicia peruana. Esto ha sido posible gracias al gobierno de Brasil, que le concedió asilo político a una persona condenada por lavado de activos.
La protección fue otorgada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien, en una decisión abiertamente contraria a la legislación peruana, permitió que Heredia escapara de las consecuencias jurídicas que le corresponden. Esta decisión, además, vulnera disposiciones del derecho internacional, en particular el Convenio sobre Asilo Político de Caracas de 1954, cuyo artículo tercero establece claramente que “no es lícito conceder asilo a personas que, al momento de solicitarlo, se encuentren inculpadas, procesadas o condenadas por tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, sin haber cumplido las penas respectivas (...)”.
No obstante, el mandatario brasileño ha dejado en evidencia que, cuando los convenios internacionales resultan inconvenientes, simplemente se les ignora. Y como lo hemos señalado en más de una ocasión, si estos se violan, rara vez hay consecuencias reales.
Más grave aún resulta observar cómo el gobierno peruano le concedió un salvoconducto a Heredia para escapar del país, alegando que “estaban obligados” por la misma Convención de Caracas que Brasil decidió desacatar. En otras palabras, Nadine Heredia se mofa de nuestra justicia debido a que a Brasil le importa un bledo el convenio internacional que el Perú respeta con servil obediencia, tal borrego.
Podría incluso afirmarse que el actual gobierno, encabezado por Dina Boluarte, muestra mayor apego a tratados internacionales que a su propia legislación interna. La Ley de Asilo y Refugio, en su artículo sexto, establece de forma categórica que “no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes”.
¿Qué habría ocurrido si el gobierno peruano hubiera actuado con firmeza y sensatez para impedir que Heredia escapara del alcance de la justicia?
No se trata de un hecho aislado. Esta práctica de proteger, mediante herramientas diplomáticas, a aliados ideológicos no es nueva. Recordemos cómo el gobierno de México dio refugio a Evo Morales tras el fraude electoral en Bolivia, o cómo intentó brindar asilo a Pedro Castillo luego del fallido golpe de Estado en el Perú —consiguiendo, al menos, otorgárselo a su familia—.
Uno de los casos más emblemáticos fue el ocurrido con el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien en 2023 recibió asilo político por parte de México. En respuesta, la policía ecuatoriana ingresó por la fuerza a la embajada mexicana en Quito, desafiando tratados fundamentales como la Convención de Viena, para proceder con su captura. Condenado por la justicia de su país, Glas no fue protegido por consideraciones diplomáticas: para el presidente Noboa, la justicia era innegociable.
La acción del gobierno ecuatoriano, por más polémica que haya sido, deja una reflexión profunda, especialmente si se compara con la tibieza y pasividad mostradas por las autoridades peruanas esta semana. En primer lugar, la presidenta Dina Boluarte, su primer ministro, el canciller y otros funcionarios se convierten en cómplices de este penoso epílogo. En segundo lugar, es necesario replantear el alcance del respeto a las normas internacionales, porque la experiencia demuestra que, cuando un Estado las infringe, rara vez se le impone una sanción significativa. Así lo evidenció Ecuador con Glas, y hoy lo confirma Brasil con Heredia. Ambos países se burlaron, a su manera, del orden internacional, y sin embargo nada ha cambiado.
Por último, es indispensable analizar con honestidad cuándo la justicia debe anteponerse a toda otra consideración. Si estamos dispuestos a permitir que gobiernos de izquierda deslegitiman nuestras condenas y protejan a delincuentes mediante el asilo, entonces quizás deberíamos abandonar toda pretensión de justicia y, simplemente, abrirles las cárceles a los políticos condenados. La diplomacia y sus privilegios están en picada.
Pero de una u otra manera, el papelón lo hacemos siempre nosotros.