¿Se viene un zafarrancho electoral? Hasta el momento todo pinta mal. Las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE) presentaron ante el Congreso de la República una kilométrica e inverosímil cédula de votación para las elecciones generales del 2026, en el que participarán 42 organizaciones políticas y aproximadamente 10 mil candidatos, entre los que se elegirá 198 nuevas autoridades entre presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores, y 5 parlamentarios andinos. Esto se realizará en 93 mil 650 mesas de votación distribuidas en 11 mil 286 locales. Solo en 2021 se presentaron mas de 20 partidos políticos, y hoy, se ha duplicado esa “oferta”. Un desastre.
Esta nueva situación, como es obvio, anuncia una confusión monumental y generalizada, y por qué no, hasta una situación de alto riesgo que se puede prestar para un fraude electoral que podría ser perpetrado por quienes ven una “oportunidad” en esta anómala situación de confusión para “pescar a rio revuelto” y tratar de favorecer a sus partidos o candidatos. La vigilancia ciudadana a través de los partidos organizados y serios (suponemos que existen), deberían estar midiendo este fenómeno para tender una “telaraña” partidaria capaz de poder detectar mínimos movimientos que pretendan desviar la voluntad popular. Todos aquellos que creemos en la democracia, debemos convertirnos en estos tiempos de alta incertidumbre en permanentes vigilantes del proceso electoral que se viene.
Preocupa además que, frente a la grave situación de inseguridad ciudadana, la “oferta anticriminal” de los ansiosos 10 mil candidatos, diluyan con acelerada “creatividad”, la verdadera importancia del tema porque se corre el riego que por desesperación de ganar votos, los 10 mil candidatos ofrezcan “el oro y el moro” a sabiendas que no podrán cumplir, para decepción y frustración de los votantes quienes por enésimas vez serían engañados y utilizados. Las consecuencias posteriores de este desgaste con engaño serán nefastas.
Por otro lado, esta “sobreoferta” contra la inseguridad promoverá una “competencia” entre candidatos que en muchos casos podrían estar financiados por organizaciones criminales ligados al narcotráfico, a la minería y tala ilegal, la trata de personas y otras “economías criminales”, que ante el menor atisbo de perder la elección, pueden decidir “terminar” con los candidatos contrincantes utilizando métodos criminales como el secuestro, el sicariato, el amedrentamiento y otros para neutralizarlos y desplazarlos. Esto ya viene pasando en países como México, Ecuador y Colombia, y siendo el Perú un país que está adoptando formas criminales de estos países, no es difícil inferir que esto podría pasar en nuestro país también.
Es deber de los dirigentes de los partidos políticos, trabajar de manera responsable y bien informada una campaña interna para educar a sus candidatos y darles alternativas de discursos que no los ponga en riesgo y que por el contrario, generen opinión favorable en las otras problemáticas del país o de su región. Se debe hilar fino a pesar de las circunstancias porque de no hacerlo lamentaremos el derramamiento de sangre en el que se podrían convertir estas elecciones. Desde esta columna hacemos un llamado a los partidos políticos, sus líderes y dirigentes, para tomar conocimiento de la magnitud del fenómeno criminal que asecha al país y de cómo debemos guiarnos en unas elecciones tan complicadas y sui generis como la de estos tiempos, ¡Sí se puede!