Perú atraviesa una de sus etapas más violentas, después de la sangrienta época del terrorismo, hoy el sicariato, las extorsiones y los ataques armados a plena luz del día han tomado nuestras calles.

Las mafias qué cobran cupos no nos dejan trabajar en paz. Y mientras los peruanos exigimos seguridad, firmeza y acciones concretas, la Fiscalía trabaja bajo otra agenda, desconectados de la realidad.

En vez de enfocarse en combatir el crimen organizado, muchos fiscales han desviado sus funciones al involucrarse en política y proteger intereses de la mafia caviar, debilitando directamente la lucha contra la delincuencia.

Casos como el de la fiscal Jessica Gomero son indignantes. Pese a que la Policía Nacional capturó a 16 personas durante un operativo antidrogas en Ate, encontrando armas, municiones y drogas, la fiscal decidió liberarlos argumentando “falta de pruebas”. No solicitó detención preliminar, pese a tener las facultades legales para hacerlo. Una clara negligencia.

La Policía, que sí arriesga la vida en las calles, denunció el hecho. Y es que no es la primera vez que fiscales y jueces sabotean su trabajo. Llevamos décadas viendo cómo se protege a criminales, mientras se persigue con severidad a sus enemigos políticos e ideológicos.

La descoordinación entre instituciones, el desprecio por la labor policial y la impunidad han convertido a la justicia peruana en un obstáculo más para la lucha contra la delincuencia.

Los peruanos ya no toleramos más el doble discurso: no se puede hablar de lucha contra el crimen cuando los capturados son liberados al día siguiente, como si nada.

Urge una reforma judicial total. No podemos seguir permitiendo que fiscales y jueces, al servicio de la mafia caviar, continúen entorpeciendo la guerra contra la inseguridad, mientras la policía sí pone el pecho por todos nosotros.

Es hora de una justicia justa que actúe con firmeza, coherencia y responsabilidad. ¡Basta de impunidad!