Periodista 

Dalma Calderón Guerrero



Miles de escolares en el Perú están en peligro porque sus instituciones corren riesgo de colapso. El sismo de 6.1 que remeció Lima y Callao la semana pasada ha dejado más de 180 colegios públicos dañados, algunos con severos problemas en su infraestructura.

Es una situación alarmante y lo sabe el Ministerio de Educación, pues es la propia Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) -que pertenece al Minedu- la que ha dado esta cifra.

Antes del inicio del Año Escolar 2025, dicha cartera registraba en su portal web que más de la mitad de las escuelas públicas del país no contaban con servicios básicos, el mobiliario estaba deteriorado y la poca tecnología disponible era obsoleta. Y, oh sorpresa, nada ha cambiado tres meses después.

Con tantas deficiencias y la ausencia del Estado, el cual debería garantizar un mejor servicio educativo, en muchas ocasiones son los propios padres de familia quienes debenponer de sus bolsillos, a través de la APAFA, para arreglar algo que está mal en los colegios a donde envían a sus hijos.

Pese a la preocupante situación de los centros educativos públicos en el Perú, nuestras autoridades muestran una desconexión total y persisten en una práctica común de quienes nos han gobernado los últimos 25 años —los mismos de siempre—: el mal uso de los recursos públicos.

Mientras tanto, nuestro sistema educativo sigue abandonado y los niños en grave riesgo por la infraestructura escolar que está en rojo.

El país aún enfrenta muchas carencias y es necesario priorizar que en los colegios los techos no se caigan, que los baños estén operativos y que las carpetas estén en buen estado.

Cada sol de nuestros impuestos debe destinarse a resolver todo esto, que es urgente. Estemos pendientes y alcemos la voz.

Solo con una gestión responsable y especializada, que implemente las reformas necesarias, nuestros niños podrán acceder a una educación digna. Porque la educación pública no es gratuita: se sostiene con el dinero de todos, y merecemos un sistema educativo de calidad.

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Infraestructura escolar en rojo, por Dalma Calderón Guerrero

Una raya más al tigre… Por años nos han vendido la idea de que la Semana de Representación congresal es para que los “padres de la patria”, como se hacen llamar, aprovechen en volver a sus ciudades de origen para escuchar a sus votantes.

Hoy, en la peor muestra de conchudez, la Comisión de Constitución aprobó que ese tiempo de trabajo fuera del Parlamento sea aprovechado para hacer proselitismo con nuestro dinero. ¿Y quién lo promueve? Los mercantilistas de Fuerza Popular.

Después de las críticas, Fernando Rospigliosi ahora propone eliminar la Semana de Representación por completo. Cuando la salida debería pasar por reforzar el control de las actividades que hacen en esos días y cómo gastan el dinero.

Por su parte, Eduardo Salhuana, lanza otra propuesta que parece un chiste mal contado: que al menos el 50% de congresistas asistan de forma presencial a las sesiones de las diversas comisiones. Como si nos hicieran un favor.

Lo mínimo que se espera de un parlamentario es que esté presente, trabaje, rinda cuentas y no use su cargo ¡y nuestros impuestos! para lanzarse otra vez como candidato.

Por ello, para este punto, la virtualidad ya no tiene sentido. El Congreso debe pensar en cómo solucionar los reales problemas de todos los peruanos, no esconderse detrás de una pantalla mientras se llenan los bolsillos.

Basta de usar al Poder Legislativo como trampolín electoral. No queremos más campañas disfrazadas de representaciones, mucho menos las queremos financiar.

Es hora de jubilar al viejo ciclo de la política peruana. No más de lo mismo, porque quien ha sido parte del problema nunca será parte de la solución. Merecemos autoridades que realmente nos representen.

¿A quién representan?, por Dalma Calderón Guerrero

¿De qué sirve declarar estados de emergencia y extenderlos por meses si nos siguen extorsionando y matando? ¿Para qué toques de queda si que solo perjudican a las personas de bien al imposibilitarlos de trabajar por las noches?

Hoy ni los penales están libres de amenazas. En la puerta del Sarita Colonia, ubicado en el Callao, dejaron una granada con un mensaje intimidatorio. Y un hecho similar se registró en Castro Castro, lugar donde dejaron un explosivo acompañado de una carta extorsiva dirigida al personal del INPE en la que exigen el traslado de un interno vinculado a una red criminal.

Pero ya nadie se sorprende con esto, las amenazas y atentados se han vuelto el pan de cada día. Mientras tanto, las autoridades de turno siguen ampliando por 30 días el estado de emergencia en varias partes del Perú, aún cuando sus resultados no se ven.

Llevamos meses con esta medida y nada mejora, por el contrario, la criminalidad ha aumentado. Las detonaciones de explosivos en locales extorsionados continúan y los crímenes también, como el de un niño de 6 años en Independencia en un ataque al chófer de una combi.

Ello solo evidencia el fracaso de los estados de emergencia y muestra también que el Estado ha perdido el control. Vienen dando salidas que no acaban con el problema de raíz, como la absurda medida de obligar a los motociclistas a llevar chalecos con sus placas en la espalda, algo que más bien abre la puerta a falsificaciones masivas y más delincuencia.

La crisis de inseguridad que nos azota solo se podrá resolver con inteligencia y estrategia, una policía moralmente fortalecida y bien equipada, y una reforma completa del sistema de justicia que persigue a sus enemigos y libera a delincuentes.

Tenemos un gran número de jueces y fiscales corrompidos y estos deben ser separados y sancionados. Porque en esta lucha no solo se trata de enviar a más militares a las calles. Lo que debe cambiar es el sistema judicial perjudicial que protege a los criminales. Ellos son los verdaderos enemigos del Perú.

Es hora de una justicia justa que actúe con firmeza, coherencia y responsabilidad. ¡Basta de impunidad!

Más estados de emergencia, ¿para qué?, por Dalma Calderón

Perú atraviesa una de sus etapas más violentas, después de la sangrienta época del terrorismo, hoy el sicariato, las extorsiones y los ataques armados a plena luz del día han tomado nuestras calles.

Las mafias qué cobran cupos no nos dejan trabajar en paz. Y mientras los peruanos exigimos seguridad, firmeza y acciones concretas, la Fiscalía trabaja bajo otra agenda, desconectados de la realidad.

En vez de enfocarse en combatir el crimen organizado, muchos fiscales han desviado sus funciones al involucrarse en política y proteger intereses de la mafia caviar, debilitando directamente la lucha contra la delincuencia.

Casos como el de la fiscal Jessica Gomero son indignantes. Pese a que la Policía Nacional capturó a 16 personas durante un operativo antidrogas en Ate, encontrando armas, municiones y drogas, la fiscal decidió liberarlos argumentando “falta de pruebas”. No solicitó detención preliminar, pese a tener las facultades legales para hacerlo. Una clara negligencia.

La Policía, que sí arriesga la vida en las calles, denunció el hecho. Y es que no es la primera vez que fiscales y jueces sabotean su trabajo. Llevamos décadas viendo cómo se protege a criminales, mientras se persigue con severidad a sus enemigos políticos e ideológicos.

La descoordinación entre instituciones, el desprecio por la labor policial y la impunidad han convertido a la justicia peruana en un obstáculo más para la lucha contra la delincuencia.

Los peruanos ya no toleramos más el doble discurso: no se puede hablar de lucha contra el crimen cuando los capturados son liberados al día siguiente, como si nada.

Urge una reforma judicial total. No podemos seguir permitiendo que fiscales y jueces, al servicio de la mafia caviar, continúen entorpeciendo la guerra contra la inseguridad, mientras la policía sí pone el pecho por todos nosotros.

Sanción y reforma urgente, por Dalma Calderón Guerrero

Los peruanos estamos cansados de los jueces y fiscales corruptos que liberan delincuentes y alimentan la impunidad.

Y justamente esa falta de castigo a quienes cometen delitos ha despertado una emoción negativa en un gran número de compatriotas, se trata de rabia, la misma que surge ante tanta corrupción e injusticia.

Toda esa indignación se refleja en la reciente encuesta de Datum, publicada por El Comercio, que muestra que el 89% de la población desconfía del sistema judicial peruano.

Malos jueces y fiscales han puesto a la justicia al servicio del crimen, al regresar a las calles a los delincuentes, desvalorizando así la labor de buenos policías que con sacrificio y en cumplimiento de su labor arriesgan sus vidas para cuidarnos.

La crisis de inseguridad se ha convertido en el principal miedo de todos los peruanos. Salimos de casa con temor, emprender o ir al colegio se han convertido en retos extremos.

El 53% de los encuestados por Datum también dijo sentirse “muy preocupados” por el aumento de la violencia.

¿Y qué nos ha llevado a todo esto? Pues la inacción de las autoridades por más de 25 años.

La inseguridad ha crecido por la liberación de criminales, sí, pero también por los constantes cambios de ministros del Interior y Justicia, y de otras autoridades en puestos claves para el combate de la criminalidad, lo que ha impedido la continuidad de políticas de seguridad.

La percepción en las calles hoy es de que nadie quiere hacer nada y prefieren que vivamos en el caos y con miedo.

En este contexto, cada vez más peruanos apoyan la idea de un futuro presidente con liderazgo fuerte que ponga orden con mano dura.

El pasado fin de semana también salió otra encuesta, la de Ipsos, en la que se observa que el porcentaje de ciudadanos que respalda dicha postura subió de 39% en enero a 46% en abril.

Mientras que un 32% rechaza a los candidatos ubicados en los tres primeros lugares de los presidenciales con mayores probabilidades si las elecciones fueran mañana.

Ello sólo refleja que los peruanos estamos hartos de los políticos de siempre, que viven engañándonos con discursos populistas.

Para el 2026 queremos un líder nuevo y ese aún no figura en las encuestas, y queremos jueces y fiscales que cumplan con sus reales funciones y no de los que persiguen a sus enemigos políticos y favorecen al verdadero rival: el crimen organizado. Por esto, también urge una reforma judicial total.

No se puede combatir la inseguridad ni recuperar la confianza ciudadana con operadores de justicia que actúan como cómplices del crimen. El Congreso, el Ejecutivo y todos los peruanos debemos asumir el reto de jubilar a la vieja clase política y darle paso a alguien nuevo.

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Alguien que lo cambie todo, por Dalma Calderón Guerrero

Iniciamos la cuenta regresiva. En un año nos toca volver a las urnas y los peruanos, asqueados de tanta corrupción e impunidad, cansados de las extorsiones y el sicariato, iremos a votar con ganas de cambiarlo todo.

Esperanzados en que, después de 25 años de abandono, por fin inicie un nuevo ciclo en la política peruana, con gente honesta y dispuesta a atender y solucionar los problemas del país.

Hoy nos atormenta tanta criminalidad y sufrimos por la falta de servicios básicos de calidad. Necesitamos colegios, hospitales, puentes y carreteras; entre otras muchas cosas para dejar de sentirnos invisibles.

Para las elecciones del 2026, donde elegiremos presidente, senadores y diputados, entre otras autoridades para los próximos 5 años; hay 43 partidos políticos habilitados para participar en dichos comicios. Se viene una carrera ardua y cansada.

Ahora más que nunca nos toca no bajar la guardia. Si tan cansados estamos de los políticos de siempre, seamos consecuentes con nuestra indignación y evaluemos profundamente por quién votar.

Quien nos gobierne del 2026 en adelante, el líder del cambio que exigimos a gritos, debe ser honesto, trabajador y emprendedor.

 El Perú ha sufrido mucho estos últimos 25 años con los distintos casos de corrupción enraizados en el Congreso, en el sistema judicial y, principalmente, los cometidos por los presidentes que nos han gobernado, de los cuales tres están prisión (dos condenados y uno a puertas de ser sentenciado).

: Necesitamos que se ocupe de las necesidades reales de los peruanos: trabajo, educación, salud, la anemia infantil, la delincuencia, la inmigración descontrolada y, la madre de todos los males, la corrupción.

: Los peruanos requerimos de un líder que trabaje de sol a sol para ser un verdadero solucionador de nuestras necesidades. No queremos gente llenándose los bolsillos por promover agendas ajenas al Perú.

: Hoy emprender significa enfrentarse con la corrupción, con trabas, con coimas y sanciones de fiscalizadores. En un país donde gran parte de las familias son emprendedoras, necesitamos que conozca bien las trabas que pone el Estado, que hace mucho dejó de ser un aliado, para convertirse en el principal obstáculo.

Los peruanos ya no queremos más a los mismos de siempre, por ello no podemos ir a votar sin siquiera conocer a quienes se postularon.

Cabe una reflexión antes de acudir a las urnas. No perdamos la fe y esperanza, y desterremos el “roba, pero hace obras”. No más “el mal menor”. Actuemos con responsabilidad. Solo con un voto consciente podemos salvar a nuestras familias y al Perú.