La reciente decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha generado una ola de preocupación y críticas en diversos sectores del país. Esta medida, que implica la fusión de dichas fiscalías con las de corrupción de funcionarios y el traslado de los casos a oficinas de derechos humanos, se justifica en una supuesta disminución de la carga procesal de casos de terrorismo. Sin embargo, expertos y autoridades locales advierten que esta decisión podría debilitar la lucha contra los movimientos subversivos que aún existen en nuestro país y poner en riesgo la justicia para las víctimas de la violencia.
Ayacucho y el VRAEM han sido epicentros de la violencia terrorista que azotó al Perú entre 1980 y 2000, dejando miles de víctimas y heridas profundas en la sociedad. Aunque los años de violencia concluyeron oficialmente hace más de dos décadas, remanentes de grupos subversivos como Sendero Luminoso aún operan en estas zonas, muchas veces vinculados al narcotráfico. La presencia de estos grupos representa una amenaza constante para la seguridad y el desarrollo de las comunidades locales.
Una medida sin sentido
Diversos actores han expresado su rechazo a la desactivación de las fiscalías antiterroristas. Alejandro Muñante, legislador de la República, ha manifestado su firme oposición a la medida, calificándola como un debilitamiento de la lucha contra el terrorismo. A través de sus redes sociales y en intervenciones públicas, el congresista ha señalado que esta decisión del Ministerio Público representa un retroceso en la política de seguridad nacional y una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo.
"La desactivación de las fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el VRAEM, por la implementación de las nuevas 'Fiscalías de Derechos Humanos y Terrorismo', es una decisión que debilita la lucha contra el terrorismo", señaló el parlamentario de Renovación Popular.
Además, en una intervención en el Pleno del Congreso, el congresista expresó su preocupación por el traslado de los casos de terrorismo a las fiscalías de derechos humanos, argumentando que esta fusión podría diluir la especialización necesaria para enfrentar eficazmente los delitos de terrorismo en zonas críticas como el VRAEM.
Muñante ha instado al Ministerio Público a reconsiderar esta medida y a fortalecer las capacidades de las fiscalías especializadas en terrorismo, especialmente en regiones donde persisten amenazas de grupos subversivos vinculados al narcotráfico.
Por su parte, expertos en seguridad y justicia han cuestionado el momento y los criterios técnicos de esta decisión. En un artículo de opinión se advierte que "es inaceptable que se diluya el esfuerzo fiscal antiterrorismo justo cuando el crimen organizado mantiene presencia activa en el VRAEM".
La desactivación de estas fiscalías no solo representa un retroceso en la lucha contra el terrorismo, sino que también afecta el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documentó miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, muchos de los cuales aún esperan justicia. La especialización y el conocimiento del contexto local son fundamentales para investigar y sancionar estos crímenes de manera efectiva.
Además, esta medida podría enviar un mensaje equivocado sobre la importancia de preservar la memoria histórica y garantizar la no repetición de los hechos violentos que marcaron al país. La lucha contra el terrorismo no puede ser vista como una tarea concluida, sino como un compromiso permanente, dado que la infiltración de remanentes del terrorismo en múltiples escalas de la sociedad está más que comprobada.
Ante esta situación, es fundamental que las autoridades reconsideren la decisión de desactivar las fiscalías antiterroristas en Ayacucho y el VRAEM. Se requiere una política de justicia que reconozca la complejidad del fenómeno terrorista y que garantice atención adecuada a las víctimas. Asimismo, es necesario fortalecer las capacidades del sistema judicial para enfrentar los desafíos actuales y prevenir futuros brotes de violencia.
La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional deben mantenerse vigilantes y exigir que el Estado peruano cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de terrorismo, asegurando que nunca más se repitan las tragedias del pasado.
La decisión del Ministerio Público de desactivar las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo en Ayacucho y el VRAEM es un grave error que pone en riesgo la seguridad nacional, la memoria histórica y el derecho de las víctimas a obtener justicia. En lugar de fortalecer el sistema judicial frente a amenazas persistentes como el terrorismo vinculado al narcotráfico, se opta por diluir la especialización que tanto costó construir. Esta medida no solo desconoce el contexto de violencia que aún persiste en estas regiones, sino que representa un retroceso institucional frente al deber del Estado de garantizar justicia, verdad y reparación.
Las autoridades deben corregir este rumbo equivocado antes de que sus consecuencias sean irreparables.