La criminalidad transnacional, con alto nivel de vesania, crueldad y ausencia total de escrúpulos, no solo está presente en el Perú, sino también en otros países sudamericanos (incluyendo los centroamericanos México y Guatemala), como Ecuador, Chile, Argentina, Colombia y Venezuela. Los métodos criminales utilizados en dichos países guardan muchas similitudes —en este campo no creemos en coincidencias—, tanto así que incluso permiten predecir con poca dificultad lo que podría suceder ante circunstancias similares.
Por ejemplo, jamás habíamos visto en el Perú decapitaciones o registros fílmicos de masacres, como sí ocurre en México, Venezuela y Ecuador. Tal vez por esta razón, en algunos casos nos permitimos inferir, con contundencia, lo que podría suceder en nuestro país en los próximos meses y años. A tener cuidado.
Uno de estos casos se dio en Ecuador el viernes 9 de mayo último, cuando un grupo de militares ecuatorianos fue emboscado en el sector de Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, donde existen innumerables campamentos de mineros ilegales (una especie de Pataz peruano, pero en la selva de nuestros vecinos del norte). En dicho ataque fueron asesinados once soldados y abatido uno de los criminales. Quienes habrían atacado la patrulla militar serían, según las autoridades de ese país, disidentes de las FARC de Colombia, que ya estarían en ese territorio y sienten la "amenaza" de un Estado que viene con todo contra la minería ilegal. En cualquier caso, ha quedado confirmada la idea de que se trata de organizaciones criminales que ya han cruzado la valla de la soberanía nacional. El cambio de la “matriz criminal” (del narcotráfico al oro ilegal) se inició hace buen tiempo, y este hecho lo comprueba.
En nuestro país, el asesinato de trece personas de seguridad de la empresa R&R en un socavón de las concesiones de la minera La Poderosa, con filmación incluida, demuestra ese nivel de vesania que no existía antes en el Perú. Por lo tanto, nos permite inferir que también podría tratarse de organizaciones criminales extranjeras que estarían en plena “guerra por territorios” (o por túneles). Si bien ha sido acertada la medida de la presidenta Dina Boluarte de declarar el estado de emergencia, imponer toque de queda y militarizar la zona —poniendo a las Fuerzas Armadas bajo control territorial (salvo el error de suspender las actividades mineras legales)—, también es cierto que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarían en peligro de ser atacadas por estas organizaciones criminales, si sienten que dicha medida limita su voracidad por el oro y su violencia contra inocentes. A tener cuidado en la zona: a este tipo de criminales no les interesa nada.
Por ello, en diversos foros hemos planteado que se declare a estas bandas como organizaciones terroristas internacionales, lo cual permitiría aplicar el estado de sitio por un periodo determinado —sostenido en el argumento constitucional de que este estado de excepción se aplica, entre otros, en caso de invasión— y perseguirlas como invasores hasta neutralizar o eliminar la amenaza. Si se puede.