La reforma política impulsada por Martín Vizcarra ha generado la multiplicación de partidos políticos en el país. La falsificación de cientos de miles de firmas, denunciada por más de una unidad de investigación de la prensa nacional, no ha merecido una respuesta seria de las más altas autoridades de los organismos electorales.

Los partidos políticos de masas o de cuadros, por un lado, o en su defecto los partidos de clase o de frente único de clases, se fueron organizando a lo largo de nuestra historia nacional. El Partido Civil, en el siglo XIX, permitió la llegada al poder de los sectores sociales que se enriquecieron durante la llamada “prosperidad falaz” generada por la “era del guano”. Luego de la Guerra con Chile, tanto Andrés Avelino Cáceres como Nicolás de Piérola lideraron agrupaciones políticas. Durante la República Aristocrática, el Perú logró cierta estabilidad política. Augusto B. Leguía llegó al gobierno en 1919, deviniendo sus sucesivos gobiernos en una dictadura que fue fuertemente afectada por la crisis internacional de 1929.

Víctor Raúl Haya de la Torre fundó el APRA en 1924, cuando se encontraba en el exilio. En septiembre de 1930, se fundó el Partido Aprista Peruano. Las elecciones de 1931 enfrentaron al comandante Sánchez Cerro (U.R.) y al líder aprista. La representación aprista fue desaforada (febrero de 1932) del Congreso Constituyente, que finalmente aprobó la Constitución Política de 1933. El APRA sería un partido proscrito durante décadas, a pesar de representar a un sector importante del país.

Hoy el escenario político es otro, de tal modo que la representación parlamentaria de Perú Libre no ha sido afectada ni privada de sus derechos políticos. El golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 fracasó. Pedro Castillo está siendo procesado por un tribunal de justicia, lo que no impide en absoluto que los congresistas electos por su agrupación política sigan ejerciendo su función parlamentaria. No hay persecución política alguna; más aún, el congresista Waldemar Cerrón es parte de la actual Mesa Directiva del Congreso. La sucesión presidencial se cumplió una vez que, con más de cien votos (incluyendo votos de representantes de Perú Libre y del Bloque Magisterial), fuera vacado el señor Pedro Castillo.

El Perú no se ha librado aún de la "trama de Odebrecht". La sentenciada Nadine Heredia ha sido asilada por el gobierno de Brasil, presidido por Lula da Silva, con la complacencia del gobierno de Dina Boluarte.

La renuncia del primer ministro Adrianzén se ha producido como parte de la crisis política agravada por la "matanza de Pataz", que ha puesto de manifiesto el creciente accionar delictivo de la minería ilegal. En el Perú se está librando una confrontación política que tiene como protagonista a actores vinculados al crimen organizado que transciende nuestras fronteras. Si en el pasado Colombia fue frontalmente afectada por el narcotráfico y las guerrillas de las FARC y el ELN, hoy el Perú es afectado por el crimen organizado transnacional.

La minería ilegal tiene presencia en parte importante del territorio nacional, y debe reconocerse que los sucesos luctuosos de Pataz no constituyen hechos aislados. Las víctimas superan las 13 personas. Por otro lado, otros hechos de extrema gravedad no han sido parte de las portadas y titulares de los diarios y medios de comunicación.

Si a inicios del segundo gobierno de Fernando Belaúnde se pretendió minimizar el accionar terrorista de Sendero Luminoso, hoy no puede responderse tardiamente. La empresa minera Poderosa, hace un tiempo, construyó instalaciones adecuadas para que las Fuerzas Armadas y la PNP pudieran establecerse en la zona. La inacción del gobierno y del primer ministro Adrianzén fue manifiesta. Por su parte, el Gobierno Regional de La Libertad, presidido por César Acuña, está demostrando desinterés y hasta complicidad con los grupos armados que apoyan las actividades de la minería ilegal.

No seamos ingenuos: no estamos enfrentando a mineros informales que buscan una oportunidad de trabajo y que se sienten incentivados por los altos precios del oro en los mercados internacionales. La minería ilegal está depredando la Amazonía —tanto de Madre de Dios como de Puno—; más aún, tiene presencia en Piura, Cajamarca, Ayacucho y Arequipa. La minería ilegal cuenta con capitales, maquinaria, recursos financieros, utiliza mano de obra intensiva, explota laboralmente a menores de edad e incluso explota sexualmente a niñas.

La actividad minera está asociada a la historia nacional. Si la minería ilegal desafía el orden establecido y la legalidad, por otro lado existe una campaña sistemática desarrollada por los antimineros, financiados por la cooperación internacional. El Perú no puede dejar de explotar su enorme riqueza cuprífera o aurífera. Los antimineros están al servicio de oscuros intereses, oponiéndose sistemáticamente a proyectos como Conga en Cajamarca o Tía María en Arequipa.

Hay un plan urdido con el propósito de afectar la inversión nacional y extranjera en el Perú. Chile y el Congo lideran la exportación de cobre a nivel internacional; el Perú ha sido relegado al tercer lugar. No olvidemos el papel nefasto desempeñado por el excongresista Marco Arana en Cajamarca y por la expresidenta del Congreso y ex primera ministra Mirtha Vásquez. La vocación antimiera de Arana y Vásquez no es consecuencia de la defensa de ideales y principios. Los antimineros son financiados desde el exterior, con recursos procedentes de ONGs y fundaciones internacionales.

Es imperativo confrontar políticamente a los antimineros; del mismo modo, es el momento de emplazar a los partidos políticos, a los congresistas y, sobre todo, al actual presidente del Congreso. No es casualidad que Eduardo Salhuana presida el Congreso y a la vez sea militante de APP, partido liderado por César Acuña. Me pregunto si la ONPE ha examinado las fuentes de financiamiento de APP, así como si ha revisado la fuente de los aportes de campaña del señor Salhuana.

Eduardo Salhuana representa a Madre de Dios y es virtualmente el asesor de los “mineros ilegales”. A fines del año pasado, el Congreso aprobó la ampliación del REINFO, censuró al entonces ministro de Energía y Minas (Ing. Mucho), y ciertamente movilizaron a miles de mineros en la avenida Abancay, en momentos en los que se desarrollaban sesiones plenarias en el Congreso.

La minería ilegal ejerce poder político, financiando a partidos políticos y congresistas. El precio del oro supera los tres mil dólares la onza en los mercados internacionales. La minería ilegal no duda en promover la corrupción en otros estamentos del Estado, tales como la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Hoy están registrados 43 partidos ante el ROP del JNE; seguramente muchos de los nuevos partidos políticos, o de los que tienen representación en el actual Congreso, son financiados por la minería ilegal. El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones debe impulsar la realización de una auditoría externa para examinar los procesos de inscripción de los nuevos partidos. La política, en manos de la minería ilegal, es decir, del crimen organizado. La minería ilegal necesita un brazo político y, a la vez, un brazo legal.

No es casualidad que recientemente haya sido detenida una joven abogada vinculada a APP de César Acuña, exmilitante del Partido Morado e inscrita actualmente en el partido liderado por el procesado Martín Vizcarra. Ante la impunidad, se necesita liderazgo político y un cambio de rumbo en el país.

Debemos reconocerlo: no estamos en los tiempos de Manuel González Prada o de Víctor Raúl Haya de la Torre; por el contrario, estamos en los tiempos de César Acuña y Eduardo Salhuana de APP, de José Luna Gálvez de Podemos y de los “niños de Acción Popular”.