La minería de pequeña escala en el Perú es un territorio plagado de sombras, contradicciones y silencios incómodos. Mientras las grandes empresas transnacionales operan con respaldo estatal y legitimidad legal, miles de mineros trabajan en condiciones precarias, entre lo informal y lo ilegal. ¿Pero qué significa realmente ser “ilegal” en un país donde el Estado está ausente, las normas son inaccesibles y la burocracia asfixia a quienes intentan cumplirlas? En el imaginario oficial, todos son “criminales ambientales”. En el territorio, muchos son solo familias buscando sobrevivir.

Bajo el pretexto de combatir la ilegalidad, se ejecutan políticas que muchas veces favorecen la concentración de recursos en pocas manos, mientras se persigue a quienes no tienen voz ni poder. ¿Es la lucha contra la minería ilegal una verdadera defensa del medio ambiente o un instrumento de control territorial y económico?

Para desentrañar esta compleja red de intereses, narrativas y omisiones, conversamos con José Antonio del Pino, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Minería e Industria de Huancavelica, para aterrizar bien el tema y entender en concreto toda esta controversia.

Explícanos un poco la diferencia entre informal e ilegal. ¿A qué se debe la controversia?

Si hacemos un análisis ya, digamos, bastante preciso y establecemos que el Estado peruano da una norma, abre una puerta para el ingreso a un registro de informales, en sí, técnicamente, en ese mismo momento se está dando ya la legalidad. Se puede mantener el nombre de informalidad, pero ya se está dando una apertura, es decir, ya es un trámite completamente legal. Si hago un análisis frío, preciso, técnico, jurídico, dejo de ser un informal porque me estoy acogiendo a una norma que da el Estado. Lo contrario sería admitir que el Estado estaría actuando de manera informal, lo cual sería, pues, un grave error.

¿Ahora cuál es el tema en sí con el Reinfo?

Mire, es un tema que nace de manera temporal para evitar protestas, reclamos de quienes se dedican a la actividad minera en general. Ojo, este es un dato muy importante: sin importar si es minero artesanal, pequeño minero, mediana minería o gran minería. La idea es formalizarlos, porque en el caso de la gran minería obviamente podemos exceptuarla, ya que son grandes inversiones que demoran años en generar una actividad minera. Yanacocha, por ejemplo, demoró más de 15 años en entrar en operaciones. Antamina demoró más de 20 años. Y si alguien pregunta: ¿cómo entraron las grandes empresas mineras a Antamina? Pues porque hace 50, 60 o 70 años había un pequeño minero artesanal. Sin embargo, también podemos encontrar el uso del Reinfo en empresas que tributan montos interesantes al erario nacional y que están haciendo uso de este registro.

¿Por qué se arma tanto problema con esto?

El Reinfo no es del todo negativo, pero siempre repito: es de carácter temporal. Llama mucho la atención, respondiendo a su pregunta, que tengamos un Reinfo por más de 10 u 11 años. Desde el gobierno ya no es temporal, es una costumbre.

¿Qué está pasando con el Reinfo en sí? ¿Beneficia o no a la actividad minera?

Mire, no tengo estadísticas frescas, pero lo que puedo decir es que, en el tema del oro, con el Reinfo se produce el 60 % de la exportación, más o menos. El 40 % restante lo produce la gran minería y la mediana minería. Entonces, ¿quién produce más oro en el Perú? La pequeña minería y la minería artesanal. Toda empresa, excepto aquellas que no están en el Reinfo, son automáticamente calificadas —por ciertos sectores políticos— como ilegales, pero no necesariamente lo son. Bueno, son calificadas de manera peyorativa, permítame el término.

Ahora, el tema de Pataz y la paralización de la actividad minera: ¿qué tanto está perjudicando?

Justos no pueden pagar por pecadores, definitivamente, pero vuelvo a decir: tenemos una situación en la cual el cliché de “minero ilegal” está asociado a lo delincuencial, a todo lo negativo.

¿Existe una narrativa? Mucha gente confunde al minero ilegal con el informal. Incluso medios de comunicación tradicionales.

Sí, pero vayamos al aspecto comparativo, si me permiten. ¿La mayor empresa minera en el Perú cuántos puestos de trabajo genera en planilla? Me atrevo a decir que no pasa de 12 000, que es una cifra considerable, por supuesto, todos con seguro social, beneficios laborales, etc. Quizás hasta con 14 sueldos al año. Es algo plausible, definitivamente. A las grandes empresas no les conviene la informalidad, pero hay que saludar esa formalidad al extremo, con IGV y todo. Sin embargo, sería interesante que algún economista nos diga cuánto aporta el pequeño minero, el minero artesanal o el minero informal a la economía y al erario nacional. Son un incentivo económico claro. Pisando tierra: el pequeño minero da trabajo inmediato, evita que tengamos más mendigos en las calles de las grandes ciudades. Además, enfrenta muchas más trabas. Si elimináramos algunas de esas trabas, podríamos expandir más el mercado laboral y sacar a más gente de la pobreza. Déjeme decirle algo importante: ¿qué perjuicio puede hacerle a la humanidad un poco de oro en la mesa? Ninguno. Pero si hablamos de proteger y apañar la comercialización de estupefacientes, como la cocaína, ahí sí estamos matando a la humanidad. Hay una gran diferencia, ¿no?

¿La ley MAPE tiene algún tipo de vinculación con el Reinfo?

Claro, el MAPE es un nombre simpático, suena bonito: minería de pequeña escala, minería artesanal, da la visión de algo más concentrado. Pero técnicamente hablando, tendríamos que cambiar la Ley General de Minería, porque esta no contempla la pequeña escala, es generalizadora. Así que en el fondo, el proyecto de ley MAPE es prácticamente darle un poco más de oxígeno al Reinfo, porque no ofrece una solución efectiva. Mi punto de vista es que este proyecto de ley no solucionará el problema. Mientras el Estado no facilite el proceso a los mineros artesanales y pequeños, seguirán enfrentando trabas. Un pequeño minero, con una utilidad mensual de 8000 soles (unos 2000 dólares), ¿cómo puede costear un estudio de impacto ambiental que cuesta 20 000 o 30 000 soles? Es un desincentivo directo. Nadie va a querer invertir tanto dinero.

¿Entonces qué podría funcionar?

Se me ocurre —y quizás esto sea una primicia— que deberíamos generar un “Cofopri minero”. ¿Qué ha hecho Cofopri? Ha titulado viviendas en distintos lugares. Entonces, de forma similar, podríamos titular la actividad de los pequeños mineros, formalizarlos, hacerlos sujetos de crédito. Al registrar su actividad, sería heredable, como una propiedad formalizada, con todos los derechos y posibilidades de acceso al sistema financiero.

Puedes ver la entrevista completa en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8kOW3Mb5Ux0&t=2124s