OpiniónDomingo, 1 de junio de 2025
No a la impunidad, por José Antonio Torres Iriarte
José Antonio Torres Iriarte
Abogado y analista político

Martín Vizcarra seguramente será sentenciado por el Poder Judicial en las próximas semanas, como consecuencia de los graves ilícitos penales cometidos, en su condición de Gobernador Regional de Moquegua. Los medios probatorios exhibidos, los testimonios y las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces a lo largo del Juicio Oral son contundentes. Sin embargo resulta extraño que el Ministerio Público hasta la fecha no haya solicitado la detención preventiva o el arresto domiciliario del procesado, ante indicios razonables de que Martín Vizcarra optaría por eludir la acción de la justicia.

Martín Vizcarra pretende victimizarse, señalando que las imputaciones en su contra tienen una motivación política, argumentando que de manera irregular se pretende impedir su legítimo derecho a postular a la presidencia de la República.

No olvidemos que el 9 de noviembre del 2020 Martín Vizcarra fue vacado con 105 votos por el congreso de la República. En los siguientes días pretendió ser repuesto como Jefe de Estado, con el apoyo del partido Morado, ONGs y la prensa sumisa. Las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Manuel Merino fueron financiadas por grupos económicos aliados al vizcarrismo. Los medios de comunicación adscritos a los grupos "El Comercio", "La República" y RPP no dudaron en realizar transmisiones ininterrumpidas de forma excepcional para generar una sensación de caos total y de rechazo ciudadano al gobierno presidido por Merino. El congresista De Belaunde (partido Morado) llegó aasegurar la supuesta desaparición de decenas de personas como parte de la represión ordenada por el nuevo gobierno.

La muerte de dos jóvenes ocurrida la noche del sábado 14 de noviembre 2020 le fue imputada a la PNP. Posteriormente la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos formularía denuncia constitucional contra el presidente Merino, el ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros Antero Flores Áraoz. El presidente del Congreso en funciones, (APP) exigiría la mañana del 15 de noviembre, la renuncia del presidente Manuel Merino.

La movilización de jóvenes fueron alentadas y sobredimensionadas por la prensa adscrita al vizcarrismo, como si se tratará de una insurgencia popular. Los manifestantes coreaban consignas como "Merino no me representa" y estaban dispuestos a desatar la violencia callejera que fuera necesaria para precipitar un desenlace político.

La coalición vizcarrista se puso en acción. El breve gobierno de Manuel Merino, la deslealtad de APP y César Acuña, los medios de comunicación financiados por el erario nacional serían determinantes en un contexto social marcado por la pandemia.

El Congreso en funciones no fue capaz de rebatir el argumento propuesto por la abogada Rosa María Palacios, en el sentido de que sólo estabán aptos para ser elegido presidente del Congreso, los 19 congresistas que no habían respaldado la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

Por ello sólo quedaron aptos los congresistas del partido Morado, del Frente Amplio y congresistas como Daniel Urresti. La elección de Francisco Sagasti como presidente del Congreso y de Mirtha Vásquez fueron consecuencia de una maniobra política sin precedentes. El gobierno de Francisco Sagasti, será virtualmente la segunda fase del gobierno de Martín Vizcarra.

Hoy Martín Vizcarra da muestras de autosuficencia, afirma ser un perseguido político, ha fundado un partido político que sin pudor ha falsificado miles de firmas. Martín Vizcarra no es un orador o un intelectual, tampoco un estadista con una visión asociada a un proyecto nacional. Vizcarra asumió la presidencia de la República en marzo 2018, luego de la renuncia del presidente Kuczinsky.

Vizcarra se propuso controlar el Ministerio Público, cuestionando al legítimo Fiscal de la Nación Pedro Chávarri. Martín Vizcarra contó siempre con el apoyo de los grupos "El Comercio", "La República" y RPP. La trama de los "cuellos blancos del puerto", la detención de Keiko Fujimori en octubre 2018, demostraron como el Equipo Especial LavaJato actuaba con claro propósito político.

Cuando el ex presidente Alan García solicitó asilo al gobierno uruguayo del presidente Tabaré Vásquez, será el propio Martín Vizcarra quien ordena el envio de más de mil folios del llamado expediente "Alan García" al gobierno uruguayo. Uruguay no honró su vieja tradición en favor del asilo. El asilo sería negado, luego de 16 días de permanencia del presidente García en la residencia de la Embajada uruguaya en Lima.

Martín Vizcarra respaldo siempre a los fiscales del Equipo Especial LavaJato. Hoy el país conoce como ambos fiscales suscribieron el entreguista Acuerdo de Colaboración Eficaz con la constructora Odebrecht. Un acuerdo lesivo a los intereses nacionales.

Martín Vizcarra siempre contó con el apoyo de Gustavo Gorriti, convertido en operador político de Odebrecht. Los directivos de Odebrecht fueron eximidos de responsabilidad penal, no fueron emplazados legalmente nunca, no se dispuso el allanamiento de sus oficinas, ni se solicitó el embargo de sus cuentas bancarias. La impunidad alentada desde el gobierno con el beneplácito de la prensa obsecuente.

Martín Vizcarra estuvo expectante la mañana del 17 de abril 2019, cuando los esbirros de la DIVIAC allanaron la casa del presidente García para cumplir la orden judicial de detención preliminar por 10 días. Martín Vizcarra convocó a sesión del Consejo de Ministros a una hora inusual en Palacio de Gobierno y hasta se llegó a montar un escenario en la Plaza San Martín. El presidente García optó por el honor y su familia no aceptó ni los honores, ni el protocolo que le correspondía como jefe de Estado. Alan García sería velado en el Aula Magna de la Casa del Pueblo y llevado en hombros por la militancia de su partido. El accionar de la DIVIAC, de Harvey Colchado y del ministro Morán merecen ser investigados.

El golpista del 30 de Setiembre consumo el golpe con la complicidad del primer Ministro Salvador Del Solar. El golpe de Estado sería "legitimado" por un Tribunal Constitucional al servicio del gobierno. La pandemia covid 19 causó la muerte de más de 200 mil peruanos. Martín Vizcarra descartó la compra de pruebas moleculares, no permitió el apoyo del sector privado en el abastecimiento de oxigeno e impuso una rigurosa cuarentena, lo que afectó frontalmente la economía nacional. Su indolencia fue manifiesta, promovió compras irregulares, demoró el abastecimiento de vacunas, siendo vacunado de manera irregular.

Hoy Martín Vizcarra se siente candidato presidencial y más aún la cuestionada empresa CPI recientemente lo ha ubicado primero en la intención de voto.

Se espera que la sentencia condenatoria sea leída y notificada a la brevedad. No se puede soslayar que hace poco, Nadine Heredia eludió la acción de la justicia con el apoyo del gobierno de Lula Da Silva y sin que el gobierno de la presidenta Boluarte realizara observación alguna.

Lula Da Silva no desamparó a Nadine Heredia y seguramente estará presto a otorgar asilo a Martín Vizcarra. El presidente Lula como "padrino" o "capitoste" de las empresas constructoras brasileñas se siente en el deber de proteger a sus aliados. Sin embargo, el escenario podría ser adverso debido al rechazo que ha generado en la oposición brasileña el otorgamiento de asilo a la sentenciada Nadine Heredia. Se abre la posiblidad de que se impulse un "juicio político" al líder del partido de los Trabajadores. No descarto que el astuto Martín Vizcarra explore otros escenarios.

Los próximos días serán decisivos, siendo urgente que el Ministerio Público evite el inminente "peligro de fuga" del procesado y que la unidad de Inteligencia de la PNP cumpla sus funciones. El poder Judicial no puede ser sorprendido y burlado una vez más. No a la impunidad.

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