El gobierno ha vuelto a extender el estado de emergencia en Pataz, una fórmula que ya ha probado ser ineficaz, incluso en Lima, donde la inseguridad sigue desbordada. Pero detrás de esta decisión se esconde una narrativa peligrosa: criminalizar la actividad minera, afectando a un sector que representa más del 60 % de los ingresos del país.
Mientras tanto, la verdadera crisis de seguridad ciudadana avanza sin tregua en diversas regiones del Perú, sin respuestas claras ni estrategias de fondo. El problema es claro: se ha politizado tanto el caso Pataz que el foco mediático y político se ha concentrado allí, desviando la atención de los problemas estructurales que urgen soluciones reales a nivel nacional.
Para entender qué hay detrás de esta estrategia y qué caminos se deberían seguir de cara al 2026, conversamos con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez. Un análisis necesario para poner las cosas en su sitio y mirar el problema con mayor perspectiva.
Acaban de reactivar la minería en Pataz, sin embargo, han ampliado el estado de emergencia bajo una narrativa que criminaliza a los mineros. ¿Cómo lo percibe usted?
Fíjate, el tema de Pataz hay que tocarlo con mucha profundidad en su análisis porque implica una serie de aristas que hay que ir desmenuzando poco a poco. El tema de Pataz puede volverse incluso un problema de seguridad nacional. Se sabe bien que el Estado tiene un fin supremo que es el bien común, pero este reposa en dos fines esenciales que son fundamentales: uno es el bienestar general, para desarrollar todas las actividades en un ambiente de seguridad, y el otro es la seguridad integral.
¿A qué nos referimos con esto?
A la situación por la cual el Estado garantiza, primero, su existencia, su territorio, su integridad, su patrimonio y su soberanía. Si el Estado pierde soberanía en algún lugar, estamos caminando hacia dos cosas: la pérdida de control en la seguridad, lo que da inicio a un Estado fallido. Entonces, el Estado tiene que necesariamente involucrarse en temas como el que está sucediendo en Pataz, y no lo ha hecho durante mucho tiempo. Ahora, nuevamente, actúa cuando ya explotó la situación y pretende hacer lo mismo que con la criminalidad: decretar estados de emergencia que no tienen sentido si no existen dos cosas fundamentales. Yo les digo las dos P: planeamiento y presupuesto. Puede haber planeamiento, pero si no hay presupuesto, ¿qué sucede? Como lo que está sucediendo ahora. No puede haber sostenibilidad en el tiempo cuando no hay presupuesto. En esta situación, creo que se debió repotenciar inmediatamente la inteligencia para poder determinar realmente cuál es la situación en un Pataz que no solo es Pataz pueblo y la gran minería que hay allí, sino toda la extensión del terreno que se va bifurcando y es parte de una concesión muy grande en la cual no siempre hay el alcance de control necesario, recurriendo así a mineros informales que son contratados para trabajar dentro de la concesión de la gran minería.
¿Cuál es el problema de fondo en Pataz?
Aquí está instalada la mina Poderosa. Entonces, se dan una serie de situaciones porque los mineros informales son muchas veces también mineros ancestrales que han trabajado en sus terrenos, y luego han visto que estas concesiones se han superpuesto a sus actividades habituales. En algunos casos, estas concesiones de la gran minería tienen soporte logístico para evitar daño medioambiental, pero en otros casos no es así. Cuando el Estado suprime el trabajo minero en su totalidad durante 30 días, obliga al minero artesanal o informal a volver a anidar en los cerros. Y cuando vienen las lluvias, ¿qué pasa con ese relave? Se convierte en un gran contaminante. Por eso creo que aquí hay que ver técnicamente lo que sucede y no confundir estrategias que se dan para combatir una minería ilegal e informal que tiene sus excepciones y particularidades. Tampoco se debe confundir con la minería aluvial que se da en Madre de Dios, por ejemplo, a orillas de los ríos Inambari y Malinowski, donde la deforestación es tremenda.
¿Qué pasa con la criminalización de la minería? ¿Es cierto que el minero es criminal?
No, mira. La minería informal se diferencia de la ilegal en que, si bien ambas pueden carecer de concesión o título de propiedad, la minería informal sí puede formalizarse, mientras que la ilegal no, porque esta última roba el mineral de empresas legales o formales. Comete actos delictivos y genera un daño ambiental sin reparos. En lugares como Madre de Dios, por ejemplo, se utiliza minería aluvial sin tecnología adecuada, lo que agrava el impacto ambiental. No se emplean tecnologías de alta densidad que no contaminan y requieren inversiones que, lamentablemente, nadie —ni siquiera el Estado— está dispuesto a realizar.
Se está criminalizando al minero informal, aseverando que propicia la criminalidad dentro de la pequeña minería. ¿Qué tan cierta es esta situación?
Por eso te decía, la minería informal ha sido superpuesta por concesiones de la gran empresa minera. Pero cuando estas concesiones formales, para garantizar la extracción de su producto, contratan a empresas de seguridad, también se genera una dicotomía cuando llegan grupos armados de delincuentes. Eso es un acto criminal. No es que la minería sea criminal; lo que ocurre es que es abordada por criminales externos, lo que genera delitos conexos como trata de personas, prostitución, narcotráfico, entre otros. Eso ya configura crimen organizado. No hay una minería criminal como tal. Hay minería ilegal que se debe combatir con normas estrictas y, sobre todo, con supervisión constante. Además, el proceso de formalización debe ser regulado adecuadamente por el Estado.
Tocando ese tema, el proceso de formalización ha significado un gran problema.
Fíjate, hoy asistimos a un problema entre el REINFO y la ley MAPE. Una ley que, después de tres años, el gobierno recién se preocupa por considerar, y cuyo retraso le costó el puesto al ministro Rómulo Mucho.
¿Qué se busca con esta ley?
Se busca garantizar la presencia del Estado como un ente de asesoramiento permanente, reducir los trámites burocráticos y administrativos, y lograr resultados que hasta ahora no existen. El REINFO, por ejemplo, no permite formalizar adecuadamente, porque muchas concesiones no permiten que los mineros informales firmen contratos con la gran minería. Además, muchos de ellos no tienen el capital suficiente para realizar estudios de impacto ambiental. Así que, desde el inicio, enfrentan obstáculos que vuelven el problema recurrente. Aquí el Estado ha mostrado un desinterés histórico y, como en muchos otros casos, solo actúa cuando el problema explota.
Se ha prolongado el estado de emergencia y esto no ha funcionado en ninguna parte. ¿Por qué el gobierno insiste? ¿Para qué? ¿Con qué fin?
Fíjate, los estados de emergencia no funcionan si no tienen planeamiento ni presupuesto. Se ha creado un comando único con las Fuerzas Armadas, pero la inteligencia y las acciones de flagrancia siguen en manos de la Policía Nacional. La policía no ha perdido su competencia funcional. Sin embargo, el gobierno insiste en estos paliativos para calmar la crítica, aunque no estén dando resultados. Incluso podría generarse la percepción de parcialización con la gran empresa, dado que hay reclamos de mineros que no han podido trabajar. Qué bueno que ahora se haya dado marcha atrás y se permita reanudar la actividad minera sin restricciones, pero el estado de emergencia en Pataz no tiene sentido, ya que la actividad minera no ocurre en las ciudades, sino en las áreas de concesión. Creo que este estado de emergencia debe ser revisado porque no está produciendo resultados diferentes a los esperados por la sociedad.
¿La Policía Nacional está capacitada, facultada y apoyada por el Estado para resolver los problemas de criminalidad a nivel nacional?
La policía tiene capacitación y está facultada, pero no cuenta con el soporte del Estado. Y esto en dos aspectos fundamentales: primero, en el uso de tecnología y logística necesaria para combatir el delito, y segundo, en el soporte legal. ¿De qué sirven leyes que aparentemente protegen a la policía, si luego un fiscal no las respeta y busca encarcelarlos? Además, el Ministerio Público no colabora. La fiscal de la Nación no atiende los llamados de la Presidenta para mesas de seguridad ciudadana, y ella misma no muestra la firmeza necesaria al respecto. Si solo se dictan leyes de manera simbólica, pero no se garantiza su aplicación, se mina la capacidad de acción de la policía. Esto es muy peligroso porque no se les da el respaldo ni el aplomo necesarios para intervenir con la firmeza que la situación exige.