Los partidos políticos que han logrado inscribirse ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, presentando miles de firmas falsificadas, no merecen ser parte del próximo proceso electoral. Una democracia no puede sustentarse en partidos convertidos en "vientres de alquiler", que carecen de militantes y organización partidaria a nivel nacional. La reforma política promovida por Martín Vizcarra, sirvió para un supuesto grupo de expertos diseñaran las bases de un sistema de partidos, que ha tenido como corolario el debilitamiento de los partidos ya existentes y la multiplicación de nuevas organizaciones políticas.
Me permito asegurar que se ha creado un nuevo mercado en términos económicos, en los que es posible encargar la formación de partidos políticos a consultores especializados dedicados a prestar servicios que incluyen la "falsificación de firmas", la redacción de estatutos, la elaboración de planes de gobierno plagiados total o parcialmente, incurriendo en la comisión de ilícitos penales. La falsificación de firmas fue denunciada hace varias semanas. Las autoridades electorales, no han estado a la altura de las circunstancias. Las respuestas ofrecidas han sido vagas, imprecisas y más aún cómplices. No se puede invocar vacios en la legislación, ni tampoco sugerir que es imposible retirar la inscripción de partidos políticos que han violado abiertamente el ordenamiento legal.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones debe disponer la realización de una Auditoria Externa al R.O.P., que permita examinar si se han cumplido con los procedimientos regulares en la inscripción de las decenas de partidos políticos nuevos. Con un electorado que supera los 27 millones de ciudadanos con derecho a voto, resulta inaceptable que sólo se haya exigido la presentación de 25 mil fichas de inscripción de supuestos militantes. Más allá de los militantes, el J.N.E. ha verificado la existencia de locales partidarios abiertos, se ha verificado el desarrollo de actividades partidarias regulares.
Las democracias más institucionalizadas del mundo, no necesitan la participación de decemas de partidos políticos en los comicios generales. Los partidos políticos que han dado vida a las democracias del mundo se han insertado en grandes corrientes de opinión ligadas a la socialdemocracia o al social cristianismo por un lado o en su defecto formaron parte en América Latina de los partidos adscritos a la Tercera Internacional asociada al Krenlim. El APRA como movimiento continental sirvió de inspiración a partidos de frente único en toda América Latina.
En el Perú, el golpismo fue parte del devenir político. En nuestro país, la oligarquía tradicional se apoyó en las Fuerzas Armadas para cerrar el paso al aprismo liderado por Haya de la Torre. La dictadura del General Velasco Alvarado denostó de los partidos políticos, desarrollando conceptos como la "democracia social de participación plena". Alberto Fujimor denostó de los partidos, optó por consumar el golpe de Estado del 5 de Abril. La Constitución de 1993, prescindió del Senado. La unicameralidad y el distrito nacional único, debilitaron el sistema de partidos, más aún se aprobó un Reglamento del Congreso, que limitó las exposiciones y debates en las sesiones plenarias.
Los intentos de restablecer el Senado fueron infructuosos a inicios del nuevo siglo. Prevaleció en los debates parlamentarios, el concepto de que restablecer el Senado, sería muy oneroso para el erario fiscal. Por el contrario en la década de los noventa se puso fin a una generación de brillantes políticos que integraron el Senado hasta el 5 de Abril 1992 o que fueron parte de la Cámara de Diputados que presidió Roberto Ramírez del Villar hasta el golpe de Estado.
Fue un craso error que tanto el APRA, como Acción Popular no participaran de las elecciones al Congreso Constituyente en noviembre de 1992. El texto constitucional de 1993 fue aprobado en un CCD, en el que los debates fueron muchas veces tediodos e intranscendentes. La Constitución de 1993, aprobó la reelección presidencial y redactó un Capítulo Económico más ceñido a una visión liberal de la economía.
La crisis política del 2000, puso al descubierto las debilidades de un proyecto político liderado por Alberto Fujimori. La re reelección se impuso en comicios con graves visos de fraude.
El Perú debe aprender de sus errores. Las elecciones generales 2021, mostraron a un Jefe de la ONPE que se negó a facilitar los padrones de las mesas de sufragio para poder hacer el "cotejo de padrones con las actas de sufragio". Por otro lado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, haciendo uso de un "doble voto" o dirimente afectó la participación política tanto del APRA, como del PPC. Más aún permitió que la señora Boluarte sea parte de la plancha presidencial de Perú Libre, a pesar de haber sido excluída de la lista parlamentaria. A ello se sumó, no haber excluido oportunamente a Martín Vizcarra, que habiendo sido vacado por el congreso de la República, sin embargo se le permitió ser candidato en la lista de Somos Perú.
Hoy el Perú no puede permitir que los organismos electorales, sean indiferentes frente a la comisión de graves ilícitos penales. No se descarta que un número importante de los nuevos partidos políticos o incluso de los que tienen representación en el actual congreso, estén siendo financiados por la mineria o economías ilegales.
Si la política nacional ha sido erosionada por la "trama de Odebrecht", hoy no permitamos que el peso e influencia de la mineria y economías ilegales, sea determinante en el desarrollo de la próxima campaña electoral. Los extremistas de izquierda quieren dinamitar la economía nacional. Los antimineros financiados por la cooperación internacional y los partidos políticos financiados por las economías ilegales, quieren tomar el poder.