Una dura semana para el lagarto Martín Vizcarra, responsable de todas las muertes durante la pandemia, y un golpista innato, que ahora busca a toda costa regresar al poder.
Estos últimos días, el panorama para el expresidente se ha tornado turbulento, pues la JNE determinó que no puede estar afiliado al partido político Perú Primero. A eso, se le suma que el Congreso de la República ha fallado en contra de él, inhabilitándolo por 10 años de la función pública por violar el artículo 134 de la Constitución política del Perú.
Por más que insista en pintarse como víctima, la reciente inhabilitación por 10 años impuesta a Martín Vizcarra no solo es correcta: es un acto de mínima decencia institucional frente a uno de los gobernantes más nefastos de las últimas décadas en el Perú. Vizcarra no fue el reformador que quiso vendernos. Fue, en los hechos, un presidente que abusó del poder, erosionó las reglas del juego democrático y gobernó con populismo autoritario disfrazado de moralismo.
El principal impulso de esta nueva inhabilitación es el cierre inconstitucional del Congreso en 2019, hecho que la caviarada peruana defiende a capa y espada, pese a que violó la constitución y se burló de la democracia peruana. A esto, se le suma su popularidad en encuestas y la imagen de la supuesta “lucha contra la corrupción” que pretende vender en su narrativa.
Acá el tema es claro, el artículo 134 indica precisamente que el presidente solo puede disolver el Parlamento si hay dos denegatorias formales de confianza. Algo que, en la práctica, nunca ocurrió; Vizcarra, junto a su premier Salvador del Solar, inventaron una “denegatoria fáctica”, sin votación, para ejecutar un golpe blando disfrazado de legalidad. En otras palabras: fingió que le habían negado la confianza para cerrar el Congreso a su antojo y provocar un desorden sistemático e inconstitucional.
Aunque el Tribunal Constitucional de entonces, liderado por su amiga María Elena Ledesma, avaló esa interpretación en 2020, la historia reciente y la revisión constitucional más rigurosa han mostrado que fue un error trágico. El propio TC, en sentencias y votos posteriores, ha matizado y criticado duramente esa doctrina de la “denegatoria implícita”.
A todo esto, entra una pregunta clara: ¿Cómo puede un político que violentó el orden constitucional pretender volver a representar al país en elecciones? ¿Por qué hay encuestadoras que, si quera, lo consideran en el padrón electoral?
La defensa de Vizcarra suele apelar a un supuesto enfrentamiento contra la “clase política corrupta”. Pero su historia personal lo desmiente: está involucrado en casos serios de corrupción, como los de “Club de la Construcción”, “Vacunagate” y millonarios contratos bajo la mesa mientras era gobernador de Moquegua. ¿Dónde quedó el adalid de la transparencia? Su conducta pública ha sido marcada por el doble discurso y el uso político del poder judicial y mediático.
Además, bajo su mandato, el Perú enfrentó un desastre sanitario en la pandemia del COVID-19. Vizcarra improvisó, mintió sobre su vacunación y abandonó el liderazgo real mientras morían miles de peruanos, colocándonos como el país con más fallecidos durante la epidemia mundial.
Por todo esto, la decisión del Congreso no es una revancha política, como él dice, sino una necesaria reafirmación de que ningún político está por encima de la República peruana. Que Vizcarra haya tenido respaldo popular no lo vuelve infalible ni impune. Las democracias no solo se defienden con votos: también con leyes y principios.
Perú no puede seguir tolerando líderes que violan las reglas porque creen tener una causa “superior”. La inhabilitación de Vizcarra no solo es legal. Es justa, oportuna y un acto pedagógico para quienes creen que el poder se ejerce sin límites. Nunca más un caudillo con ínfulas de salvador que pisotee el Estado de derecho. Nunca más Vizcarra.