OpiniónDomingo, 22 de junio de 2025
Colombia anhela la paz, por José Antonio Torres Iriarte
José Antonio Torres Iriarte
Abogado y analista político

En Colombia, los movimientos guerrilleros en los años sesenta pretendieron la toma del poder con el apoyo de los campesinos, obreros y estudiantes. Surgieron las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento M-19. No olvidemos que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, militó en el M-19, organización terrorista que en su momento perpetró secuestros exigiendo cupos e incluso tomó por asalto la sede del Palacio de Justicia en Bogotá. El asesinato de once magistrados de la Corte Suprema en 1985 conmocionó al país y a la comunidad internacional.

Si la violencia política no tenía límites, por su parte los cárteles de la droga desafiaban el Estado de Derecho, teniendo en Pablo Escobar un avezado cabecilla sin escrúpulos, capaz de perpetrar u ordenar todo tipo de acciones terroristas y asesinatos. La campaña electoral de 1990 fue teñida de sangre, con el asesinato de tres candidatos presidenciales, a la par que, de manera selectiva, eran asesinados ministros de Estado, autoridades, periodistas, militares y policías. La historia política de Colombia ha sido retratada posteriormente en series y películas que se espera sirvan como descripción objetiva de un período de violencia que no debe repetirse. Un país no puede estar en manos de capos del narcotráfico o del crimen organizado.

Sin embargo, Colombia, con más de 50 millones de habitantes, a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, aún no ha podido superar la violencia. Las FARC lograron negociar excelentes condiciones para sus líderes, para los "arrepentidos" y para las milicias que depusieron las armas. Sin embargo, un sector de las FARC optó por la disidencia. El presidente Juan Manuel Santos impulsó políticas contrarias a la estrategia desarrollada por el presidente Uribe a lo largo de sus dos gobiernos. El Ejército de Liberación Nacional, durante el gobierno del presidente Santos, se negó a participar en las negociaciones de paz. El presidente Santos sería ungido con el Premio Nobel de la Paz un tiempo después.

Hoy, el presidente Petro pretende hablar de la "paz total"; sin embargo, los hechos demuestran que el presidente en ejercicio no tiene vocación por la paz, siendo tan solo una frase declarativa. Gustavo Petro no ha deslindado ni con el narcotráfico, ni con la disidencia de las FARC, ni con el ELN. Por el contrario, el presidente Petro, lejos de ser un estadista en busca de la reconciliación nacional, utiliza los mecanismos del poder para polarizar y enfrentar a los colombianos.

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha revelado el perfil político y psicológico del presidente Petro. El presidente Petro no ha condenado el atentado; por el contrario, asignó más importancia a la condición de menor de edad del agresor. Es evidente que el acto criminal responde a un plan; no estamos ante un hecho aislado, ni ante la iniciativa de un opositor político que instruye a un menor de edad para perpetrar un crimen.

Gustavo Petro declara y opina con un evidente sesgo ideológico. El senador Uribe, en su condición de precandidato presidencial, debió tener un resguardo eficiente, capaz de proteger su vida. Si examinamos el desarrollo del atentado, resulta sospechosa la manera como se pudieron efectuar varios disparos casi de manera libre. Las investigaciones en curso permiten presumir, al menos, negligencia por parte de los efectivos de seguridad.

Gustavo Petro tiene el claro propósito de perpetuarse en el poder. Hace pocas semanas, el Senado rechazó una iniciativa legal para impulsar una consulta popular. Uno de los protagonistas del debate en el Senado fue precisamente el senador Miguel Uribe. Las expresiones del presidente Petro en torno al debate tuvieron varios matices; sin embargo, siempre tuvieron un sesgo amenazante contra los senadores que optaran por el rechazo de la consulta popular. Gustavo Petro carece de mayoría parlamentaria, estando el Pacto Histórico lejos de ser un grupo orgánico y disciplinado. Por ello, se utilizan mecanismos alternos para hacerse del poder. A través de las llamadas consultas populares, se pretende abrir el camino hacia una Asamblea Constituyente.

Gustavo Petro no es un arrepentido, ni un converso que ha aprendido de sus errores; no está dispuesto a deponer sus ambiciones políticas. El uso del lenguaje agresivo es frecuente, desafía a la oposición, no tiene reparo incluso en asistir a actos públicos en evidente estado de ebriedad.

Hoy, el senador Uribe Turbay, de tan solo 39 años, lucha por su vida, generando un gran sentimiento de adhesión nacional. Es oportuno recordar cómo en 1948 fue asesinado el líder liberal Eliecer Gaitán, desatándose la protesta ciudadana y la eclosión social en la capital y las principales ciudades del país. El llamado "Bogotazo" es recordado como un momento dramático de la historia colombiana. Años después, tanto liberales como conservadores tomaron acuerdos que abrieron el camino de la paz. Los posteriores acuerdos políticos entre liberales y conservadores abrieron el camino a cierta estabilidad política. El surgimiento de los grupos violentistas en los años sesenta cambió el escenario político. Los violentistas no son idealistas ni luchadores sociales; por el contrario, utilizan la violencia como arma política para hacerse del poder. Sus actividades ilícitas se financian con los ingresos generados por las economías ilegales y el narcotráfico. Más allá de todo, estoy seguro de que la gran mayoría de colombianos anhelan la paz.

Lo ocurrido en Colombia es una señal y una alerta política para el Perú. La minería ilegal está presuntamente financiando a muchos de los nuevos partidos políticos inscritos en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones. La minería ilegal actúa bajo la sombra e incluso, en el actual Congreso, tiene un aliado en la Mesa Directiva. Eduardo Salhuana no puede negar sus vínculos con la minería ilegal. APP y otros partidos en el actual Congreso tienen nexos con las economías ilegales. Es necesario fortalecer el trabajo de los servicios de inteligencia y neutralizar el accionar de los violentistas.

Por ello, es necesario debatir políticamente y confrontar con los sectores que quieren hacerse del poder para imponer dictaduras. Defendamos la libertad frente a la amenaza totalitaria.

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