Miles de escolares en el Perú están en peligro porque sus instituciones corren riesgo de colapso. El sismo de 6.1 que remeció Lima y Callao la semana pasada ha dejado más de 180 colegios públicos dañados, algunos con severos problemas en su infraestructura.
Es una situación alarmante y lo sabe el Ministerio de Educación, pues es la propia Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) -que pertenece al Minedu- la que ha dado esta cifra.
Antes del inicio del Año Escolar 2025, dicha cartera registraba en su portal web que más de la mitad de las escuelas públicas del país no contaban con servicios básicos, el mobiliario estaba deteriorado y la poca tecnología disponible era obsoleta. Y, oh sorpresa, nada ha cambiado tres meses después.
Con tantas deficiencias y la ausencia del Estado, el cual debería garantizar un mejor servicio educativo, en muchas ocasiones son los propios padres de familia quienes debenponer de sus bolsillos, a través de la APAFA, para arreglar algo que está mal en los colegios a donde envían a sus hijos.
Pese a la preocupante situación de los centros educativos públicos en el Perú, nuestras autoridades muestran una desconexión total y persisten en una práctica común de quienes nos han gobernado los últimos 25 años —los mismos de siempre—: el mal uso de los recursos públicos.
Mientras tanto, nuestro sistema educativo sigue abandonado y los niños en grave riesgo por la infraestructura escolar que está en rojo.
El país aún enfrenta muchas carencias y es necesario priorizar que en los colegios los techos no se caigan, que los baños estén operativos y que las carpetas estén en buen estado.
Cada sol de nuestros impuestos debe destinarse a resolver todo esto, que es urgente. Estemos pendientes y alcemos la voz.
Solo con una gestión responsable y especializada, que implemente las reformas necesarias, nuestros niños podrán acceder a una educación digna. Porque la educación pública no es gratuita: se sostiene con el dinero de todos, y merecemos un sistema educativo de calidad.