El Ministerio Público, no siendo un poder del Estado, se ha convertido en un suprapoder e instrumento político al servicio de oscuros intereses y de la “costra caviar”. Durante el gobierno de Martín Vizcarra fue evidente que la llamada “coalición vizcarrista” necesitaba controlar este organismo autónomo.
El exfiscal de la Nación Pedro Chávarri fue denostado por los medios de comunicación receptores de las generosas transferencias del erario nacional bajo el concepto de publicidad estatal. Los grupos El Comercio, La República y RPP, en especial, dedicaron decenas y hasta centenares de portadas y titulares a denigrar de forma sistemática al fiscal Chávarri.
Por su parte, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, asumieron un protagonismo mediático y político, desconociendo jerarquías y firmando el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht de forma subrepticia. Más aún, cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarri decidió remover a ambos fiscales a finales de 2018, el propio Martín Vizcarra retornó de Brasilia (donde había acudido a la asunción del gobierno del presidente Bolsonaro) para asumir la defensa política de los fiscales removidos.
Gustavo Gorriti, a la par, se convirtió virtualmente en el operador político de Odebrecht. No olvidemos que desde 2018, en especial, se han ido sucediendo una serie de acontecimientos que tienen en común haber “protegido” abierta o sutilmente los intereses de la empresa Odebrecht, y al mismo tiempo haber impulsado acciones de investigación fiscal con un claro direccionamiento político.
Hoy el país ha comprobado cómo la fiscal de la Nación en ejercicio, Delia Espinoza, no acató el mandato de la Junta Nacional de Justicia, llegando a afirmar que se pretendía instrumentar un “golpe de Estado” y que con el retorno de Patricia Benavides como fiscal de la Nación se consumaría una acción delictiva de usurpación. El abierto desacato en el que ha incurrido Delia Espinoza no responde a una decisión personalísima. En mi concepto, la fiscal de la Nación sigue presuntamente instrucciones dictadas por el Instituto de Defensa Legal y su director ejecutivo, Gustavo Gorriti. Ni Delia Espinoza ni los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos tienen liderazgo ni solvencia profesional o política para actuar con independencia.
El Ministerio Público se ha convertido en un instrumento político, direccionado por Gustavo Gorriti, convertido en censor de la vida nacional. Este protagonismo se puso de manifiesto cuando, desde mediados de 2018, se fueron selectivamente divulgando audios que delataban el supuesto accionar delictivo de los “cuellos blancos del puerto”. En ese contexto, Martín Vizcarra se propuso ser el adalid de la lucha anticorrupción en el país. Se creó la Junta Nacional de Justicia, se promovió un referéndum a finales de ese año y, a la par, se designó una Comisión de Alto Nivel presidida por Fernando Tuesta Soldevilla para impulsar la llamada “reforma política”.
En ese entonces, las detenciones sucesivas de Keiko Fujimori y la posterior muerte del presidente Alan García en abril de 2019 marcaron la vida política nacional.
Martín Vizcarra tuvo siempre temor de que Pedro Chávarri impulsara la investigación fiscal sobre “Chinchero”; por ello se tramaron psicosociales con el apoyo de los grandes medios de comunicación receptores de la ayuda estatal. El fiscal Chávarri fue destruido mediáticamente, asumiendo el cargo la fiscal Zoraida Ávalos, quien fue siempre funcional a los intereses de Martín Vizcarra.
El golpista del 30 de septiembre se sintió empoderado por el trato generoso de los grandes medios de comunicación. Sin pudor se reunía en su domicilio con fiscales en ejercicio y defendía la continuidad de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por ello no dudó en impedir que el Congreso, conforme a sus atribuciones, renovara parcialmente el TC. El golpe de Estado del 30 de septiembre impidió la elección de nuevos magistrados. Con el apoyo de cuatro integrantes del Tribunal, logró unos meses después convalidar el cierre inconstitucional del Congreso. Nunca olvidemos que Nuevo Perú, el Frente Amplio y los sectores extremistas del Congreso respaldaron el golpe de Estado.
Martín Vizcarra se sentía muy seguro; sin embargo, fue vacado el 9 de noviembre de 2020 con el voto de más de cien congresistas. Intentó ser repuesto como presidente, alentando movilizaciones juveniles violentas respaldadas por los grandes medios de comunicación, grupos empresariales y militantes de la “costra caviar”.
Hoy resulta incomprensible cómo se viene alargando innecesariamente el juicio oral de Martín Vizcarra, que debió concluir hace varias semanas con la lectura de la sentencia condenatoria del expresidente. La inacción del Poder Judicial es manifiesta. Más aún, la solicitud de detención preventiva por seis meses, hace pocas horas, ha sido rechazada por el juez Alcocer. Martín Vizcarra seguirá en campaña y mantendrá su ánimo de postular a la presidencia de la República.
Por su parte, Gustavo Gorriti se siente intocable: no acude a las citaciones del Ministerio Público, invocando razones de salud, y a la vez se niega a entregar su celular.
El Ministerio Público ha sido tomado por la “costra caviar”. La publicación del Acuerdo de Colaboración Eficaz puso al descubierto las enormes concesiones otorgadas a la constructora brasileña Odebrecht.
No dudo que la próxima campaña electoral estará marcada por la “trama de Odebrecht” y por la participación de diversos partidos políticos financiados por la minería ilegal. El mandato de la Junta Nacional de Justicia debe ser cumplido a cabalidad. La ofensiva legal de la fiscal Delia Espinoza ha logrado la suspensión de la fiscal Patricia Benavides, siendo evidente el sesgo político de la decisión judicial.
Si la crisis institucional en el Ministerio Público se agudiza, corresponderá al Congreso de la República en funciones impulsar la reforma de una institución mellada, politizada y desprestigiada.