Este sábado 28 de junio, el centro de Lima volvió a teñirse con los colores del arcoíris en una nueva edición de la Marcha del Orgullo. Miles de personas, acompañadas por colectivos, organizaciones extranjeras y marcas comerciales, tomaron las calles bajo consignas que exigen “mayor visibilidad” y “nuevos derechos” para la comunidad LGBT —a pesar de que, en la práctica, ya gozan de representación plena en medios, instituciones públicas y espacios culturales. Lo que para algunos es una fiesta de inclusión, para otros es el reflejo de una tendencia preocupante: el uso del aparato estatal y del espacio público para reforzar una agenda ideológica que se aleja de las verdaderas urgencias del país.
En un Perú golpeado por el desempleo masivo, una ola imparable de criminalidad, hospitales colapsados y una educación pública al borde del abandono, surgen cada vez más voces que se preguntan: ¿cómo es posible que se destine tanto esfuerzo, atención mediática y respaldo político a causas identitarias, mientras millones de peruanos no tienen agua, medicinas ni seguridad en las calles? ¿Hasta qué punto esta agenda progresista se ha convertido en la nueva prioridad del poder, desplazando los temas que realmente marcan la vida de la mayoría? Las respuestas son incómodas, pero necesarias.
PPK y su agenda pro LGBT
Resulta curioso y llamativo todo esto, porque ha revivido ticos que, al parecer, solamente renacen de las sombras para imponer sus ideologías progresistas, en un contexto en el que el país se está yendo cada vez más al desvío. Nos referimos a la ex congresista Alberto De Belaúnde exmilitante de el Partido Morado y ahora una de las figuras del partido, Lo Justo, grupo político que se unió con Primero la Gente de Miguel del Castillo comidas a las elecciones generales.
El exparlamentario, mediante una entrevista desarrollada para medios digitales, esbozó que para el proceso electoral venidero del 2026, los ciudadanos no deberían votar por una persona que odie a la comunidad LGBT. En ese mismo discurso, indicó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynki fue el gobierno que más actividades desarrolló para dicha comunidad, omitiendo que esa gestión, se aplicó una imposición de la identidad de género en las escuelas, perjudicando la correcta, formación y pensamiento crítico de nuestros estudiantes.
“No voten por políticos que nos odian”, dijo Alberto De Belaúnde, en una entrevista donde destacó la labor de PPK frente a la comunidad del LGBT, en lugar de priorizar problemas necesarios que existen en el Perú.
A ello es justo y necesario sumarle, que actualmente vivimos un problema en infraestructura en los colegios, debido a que en la gestión de PPK se prometió mejorar infraestructura escolar, sin embargo, el 60% de escuelas públicas siguió con aulas precarias y sin servicios básicos; además, en zonas rurales, no se ejecutó ni el 50% del presupuesto asignado a mejoras educativas, convirtiéndose esto en lo que hoy es la grave crisis que sistema educativo en el Perú.
Durante el gobierno de Kuczynski, el Ministerio de Educación fue convertido en una plataforma para proyectar una imagen moderna y “progresista” del Ejecutivo, priorizando la narrativa del enfoque de género y la inclusión ideológica por encima del aprendizaje concreto y medible en los escolares. Las políticas impulsadas desde el MINEDU estuvieron cargadas de simbolismo y discursos políticamente correctos que agradaban a organismos internacionales y sectores urbanos acomodados, pero que poco tenían que ver con las necesidades urgentes del sistema educativo nacional, especialmente en regiones donde los alumnos aún estudiaban en aulas de adobe o sin acceso a internet.
La llamada tecnocracia educativa, encabezada por ministros como Marilú Martens, fue celebrada en círculos académicos y empresariales por su visión de gestión por resultados y reformas estructurales. Sin embargo, esta misma visión fue percibida como distante y elitista por la población más vulnerable, que no vio mejoras tangibles en la calidad de la enseñanza ni en las condiciones escolares. Mientras se discutía sobre “competencias” y “ciudadanía global”, miles de estudiantes seguían sin acceso a agua potable, materiales básicos o docentes capacitados en zonas rurales y urbano-marginales.
No obstante,el sistema educativo, no fue lo único que salió perjudicado, La inseguridad ciudadana se ha convertido en el problema más urgente y extendido que enfrenta el Perú. El ciudadano común vive en constante zozobra: salir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio o simplemente caminar por la calle representa un riesgo. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, esta crisis se agudizó, con un aumento notorio de robos, extorsiones y asesinatos, particularmente en zonas urbanas. Pese a la creación de comités multisectoriales y la presentación de planes de seguridad en papel, las medidas implementadas fueron ineficaces, y la sensación de vulnerabilidad entre la población solo aumentó.
Uno de los principales errores fue la inestabilidad en el Ministerio del Interior, un sector clave para combatir la delincuencia. PPK nombró como ministro a Carlos Basombrío, quien inició su gestión con una narrativa de “modernización policial”, pero que pronto fue superado por los hechos. Su renuncia en 2017 evidenció la falta de una estrategia firme y sostenida en el tiempo. A esto se sumó la escasa coordinación entre el Ejecutivo y las fuerzas del orden, que no contaban con recursos, ni respaldo político, ni estabilidad en sus mandos.
Paralelamente, el crimen organizado comenzó a operar con mayor libertad. El narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal se fortalecieron, sobre todo en regiones como el VRAEM, donde el Estado ha sido históricamente débil. Las mafias comenzaron a infiltrarse incluso en gobiernos locales y mercados, marcando territorio sin resistencia efectiva. El gobierno de PPK no impulsó reformas profundas ni coordinó ofensivas eficaces para recuperar estas zonas del control criminal. La omisión de una política frontal contra estas economías ilícitas tuvo consecuencias que hoy seguimos pagando.
A día de hoy, las secuelas de esa falta de liderazgo y decisión política siguen presentes. Perú está entre los países más inseguros de la región, y los niveles de violencia siguen en ascenso. Lo que empezó como delincuencia común evolucionó en bandas internacionales, sicariato y cobro de cupos. PPK prometió un país moderno, pero descuidó una base fundamental: garantizar la seguridad de los peruanos. La ausencia de resultados concretos en este tema dejó un precedente que ningún gobierno posterior ha podido revertir con eficacia.
Mientras el país se desmoronaba en materia educativa y de seguridad, el gobierno de PPK decidió dar prioridad a la agenda ideológica impulsada por colectivos LGBT y organismos internacionales, desviando recursos, atención y decisiones de política pública hacia temas identitarios que no representaban las necesidades urgentes de la mayoría. El Ministerio de Educación, en lugar de enfocarse en mejorar la infraestructura escolar o reforzar la formación docente, se dedicó a imponer contenidos con enfoque de género, generando confrontación social y restando tiempo y presupuesto a reformas esenciales. En paralelo, el aparato del Estado se sumergía en debates estériles sobre “inclusividad” y “lenguaje neutro”, mientras el crimen crecía y la Policía era desbordada. Hoy, rumbo al 2026, el Perú arrastra los resultados de esa ceguera política: niños sin una educación sólida, familias aterradas por la inseguridad, y un Estado que perdió el rumbo al dejarse capturar por intereses ideológicos ajenos a las prioridades del pueblo.
La coyuntura actual no da lugar para distracciones. El Perú enfrenta una crisis multidimensional: asaltos a plena luz del día, mafias extranjeras tomando el control de barrios enteros, hospitales sin medicinas y escuelas públicas en ruinas. Sin embargo, mientras millones de peruanos sobreviven a diario entre el caos y la desesperanza, el aparato estatal y ciertos sectores políticos insisten en posicionar temas como el matrimonio igualitario, el uso de pronombres neutros y hasta baños especiales para personas trans en la agenda legislativa.
Esto ha generado el rechazo de un sector creciente de la población que ve cómo se priorizan intereses ideológicos por encima de las verdaderas necesidades nacionales.
Lo que indigna a muchos ciudadanos no es la existencia de una marcha, sino lo que ocurre paralelamente en el Congreso de la República. Mientras el país pide a gritos seguridad, salud y educación, en las comisiones parlamentarias se debaten proyectos como la regulación del uso de baños según identidad de género, impulsados por sectores progresistas y con apoyo de organismos internacionales.
El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, fue claro en su postura:
“Estamos en un país donde a las madres les roban los celulares cuando llevan a sus hijos al colegio, donde la atención médica está colapsada, y sin embargo tenemos proyectos para establecer baños inclusivos. Es una falta de respeto con el pueblo”, aseveró.
Desde otras bancadas también se advierte que estas propuestas solo responden a presiones de lobbies ideológicos y no a un análisis real de la situación del país. La congresista Gladys Echaíz advirtió:
“Hay que poner orden en la agenda legislativa. El Perú tiene otras urgencias. Las discusiones ideológicas deben quedar en segundo plano”, indicó.
No obstante, legisladores como Susel Paredes y gente de la progresista del parlamento nacional insisten en impulsar proyectos de ley que no son importantes para el país, ni mucho menos es visible para la mayoría de peruanos, quienes si sufren verdaderamente los problemas que hay en el país, como la educación, la seguridad y fundamentalmente, la salud de todos los ciudadanos.
Uno de los principales promotores de la agenda LGBT en los últimos años ha sido el excongresista Alberto de Belaúnde, quien desde el Partido Morado impulsó leyes como la de identidad de género, el reconocimiento de parejas del mismo sexo y el enfoque de género en la educación básica.
Sus intervenciones en medios de comunicación y sus alianzas con ONGs extranjeras fueron clave para insertar estos temas en el debate público. Sin embargo, muchos consideran que estas acciones más bien han contribuido a polarizar al país y a distraerlo de sus necesidades más urgentes.
En la actualidad, el partido morado, quienes buscan retomar el poder, luego de haber colocado a Francisco Sagasti, desde sus redes sociales, están impulsando campañas de supuesta visibilidad para la comunidad trans, según ellos no existen leyes que los faculten ni les otorguen derechos, cuando en realidad, todos los ciudadanos peruanos, tenemos derechos.
Esta visión se basa en una narrativa, donde cierto sector obliga a ser visibilizado como lo que se siente, más no, por lo que es físicamente. Entonces, lo que ellos solicitan es que el Estado los faculte como mujer u hombre, según su identidad de género, algo que tergiversa concretamente la realidad e impone una ideología equivocada.
Imposición disfrazada de inclusión
Aunque los defensores de la marcha insisten en que se trata de una manifestación pacífica por la igualdad, lo cierto es que cada año va acompañada de símbolos impuestos en espacios públicos, campañas financiadas por grandes empresas y respaldo de embajadas extranjeras que no responden a la cultura peruana.
En algunas regiones del país, padres de familia han denunciado que sus hijos son expuestos desde muy pequeños a contenidos relacionados con la identidad de género, sin su consentimiento. Colectivos como “Con mis hijos no te metas” han señalado que se está utilizando la educación como medio para insertar esta ideología desde las aulas.
Para el exministro de Educación Idel Vexler, esto representa un serio problema:
“El enfoque de género fue introducido de forma inconsulta y sin sustento pedagógico. La educación debe estar orientada al aprendizaje, no a una agenda política”, detalló el ex titular del sector Educación.
La desconexión entre las élites políticas y la ciudadanía se vuelve más evidente cada día. Mientras los medios de comunicación promueven constantemente eventos como el Mes del Orgullo, en los cerros de Lima, en la selva abandonada y en las provincias olvidadas, la gente no tiene agua potable, seguridad ni educación digna.
El Perú profundo no se ve representado por drag queens ni por banderas de colores. Se ve representado por padres que trabajan el día entero para que sus hijos tengan lo que el Estado no garantiza. Se ve en jóvenes que piden oportunidades, no ideologías.
La realidad del Perú exige soluciones urgentes y profundas. El país no puede seguir postergando los problemas estructurales que afectan directamente a millones de ciudadanos: la inseguridad desbordada, la educación pública colapsada, el sistema de salud abandonado y la falta de empleo digno. En vez de seguir perdiendo tiempo y recursos en discusiones ideológicas que solo dividen, el Estado debe reenfocar sus prioridades hacia lo que realmente construye nación. No es posible que, en medio de una crisis generalizada, se pretenda imponer una agenda LGBT como si fuera una urgencia nacional, cuando la mayoría de peruanos clama por servicios básicos, justicia y un mínimo de orden social.
El Perú necesita cambios reales, firmes y orientados a la reconstrucción del tejido social. Ninguno de esos cambios tiene que ver con redefinir pronombres, forzar reconocimientos simbólicos o legislar sobre identidades percibidas. Los verdaderos cambios que este país exige pasan por garantizar escuelas funcionales, calles seguras, hospitales abastecidos y autoridades comprometidas con el bien común. El pueblo está cansado de que se usen causas identitarias para distraer del abandono estatal. Es momento de recuperar el sentido común, poner los pies sobre la tierra y exigir a nuestras autoridades que dejen de complacer lobbies ideológicos para comenzar a servir, de verdad, al Perú.