La 54.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Antigua y Barbuda con escasas repercusiones, pasó por alto comunicados diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que advertían a la región: “Cada país tiene que tomar una decisión sobre si respaldará a un régimen patrocinador del terrorismo”, en referencia a Irán, ante la pregunta de cómo actuaría Washington frente a los gobiernos latinoamericanos que rechazaron el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes.
Más allá del foro hemisférico, el dilema geopolítico trasciende lo ideológico. No se trata de estar a favor o en contra de Estados Unidos, ni de repetir discursos de gobiernos que condenan el ataque por afinidad multilateral. Se trata de entender una realidad: la creciente penetración de Irán y Rusia en América Latina, con transferencia tecnológica militar, entrenamiento de fuerzas disidentes, protección logística desde Venezuela y una peligrosa articulación con guerrillas colombianas activas en zonas limítrofes con Ecuador, Perú y Brasil.
Colombia ofrece evidencias de una amenaza subestimada. Las guerrillas nunca desaparecieron y, bajo el gobierno de Gustavo Petro, con una “paz total” sin condiciones, las disidencias de las FARC y el ELN cobran un preocupante protagonismo. El Ejército colombiano ha documentado 73 ataques con drones explosivos en tres meses, herramienta de guerra asimétrica cada vez más frecuente para atentar contra objetivos militares y sembrar terror en comunidades fronterizas.
El problema no es solo colombiano. Estos ataques han ocurrido en el Catatumbo, colindante con Venezuela, dominado por guerrillas del ELN vinculadas con el régimen de Maduro; en las fronteras del Perú, en el Putumayo; cerca de Ecuador, en Huila; y en la región de Guainía, fronteriza con Brasil, donde grupos disidentes operan sin contención territorial. La militarización con tecnología importada amenaza a los países limítrofes, cuya soberanía está siendo erosionada por redes criminales transnacionales.
El régimen iraní está presente en América Latina desde 1980. Su base de operaciones en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina es conocida por los servicios de inteligencia internacional por concentrar actividades de Hezbolá, organización financiada y entrenada por Teherán. La isla de Margarita, en Venezuela, es un punto de conexión para operadores iraníes desde tiempos de Hugo Chávez. Miembros de estas redes han sido detenidos en Perú, Brasil y otros países, en operaciones de inteligencia o presuntos intentos de atentados.
La presencia de exmilitares rusos y técnicos iraníes —según inteligencia militar colombiana— entrenando fuerzas irregulares en Venezuela no es coincidencia. Es una colaboración híbrida donde Venezuela presta infraestructura, cobertura diplomática y documentación legal (pasaporte y nacionalidad), mientras Irán y Rusia aportan know-how táctico y tecnológico, como drones explosivos usados en conflictos como Siria, Yemen o Ucrania.
Frente a esta realidad, la respuesta de algunos gobiernos y analistas resulta superficial o reactiva. Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia y México condenaron los ataques de Estados Unidos contra Irán, mientras Brasil adopta su recurrente posición ambigua. Pero este no es un debate ideológico: no se trata de alinearse con Washington o Teherán, sino de reconocer que hay actores internacionales que utilizan las fisuras institucionales en América Latina para establecer redes de influencia que combinan crimen organizado, terrorismo, narcotráfico y guerra no convencional.
Ignorar esta amenaza bajo pretextos ideológicos, de soberanía o de no intervención solo facilita su expansión. El continente debe definir la política regional de seguridad con visión estratégica o terminaremos atrapados en un conflicto importado, donde la línea entre insurgencia, crimen y guerra desaparecerá.