¿Cuándo encontraremos paz? Lamentablemente ni con un Papa peruano podemos hoy en día obtenerla. Las calles se estremecen, el miedo apremia y el peruano llora la pérdida de sus seres queridos. Y mientras las pistas se inundan de las lágrimas del pueblo, el terror sigue ahogando vidas.
A la fecha en que se escribe esta nota, 1,135 personas han sido asesinadas en el Perú, según cifras del SINADEF. Una vida segada cada cuatro horas. Una media que desborda cualquier atisbo de normalidad. Una muestra palpable de la absoluta ineficacia del Estado frente a la ola de criminalidad que ha capturado el país.
Durante el 2024, se registraron 2,011 homicidios en territorio nacional, lo que representa un incremento del 35 % respecto al año anterior, en el que se contabilizaron 1,495 asesinatos. De ese total, 1,125 muertes fueron producto del sicariato, crimen que hoy ha encontrado tierra fértil en nuestra nación.(SINADEF)
Sin embargo, el gobierno actual prefiere hacer intercambios políticos, aumentando el sueldo presidencial, en vez de buscar reducir la criminalidad en el país, la cual durante el presente mandato presidencial solo ha ido aumentando de manera exponencial.
Uno de los episodios fatales más drásticos del presente año fue el asesinato de 13 trabajadores en Pataz, La libertad.
Actualmente, la región gobernada por el autoproclamado “Padre de La Libertad”, César Acuña es la segunda región más peligrosa del Perú, únicamente siendo superada por la capital.
Recordemos que el 25 de abril, trece trabajadores de una empresa de seguridad —contratista de la minera Poderosa— fueron secuestrados. Menos de diez días después, el 4 de mayo, sus cuerpos fueron hallados. Los exámenes forenses revelaron un horror atroz: los hombres fueron torturados y luego ejecutados. Pasaron sus últimos minutos atados de las manos, con vendas en los ojos, antes de ser fusilados con una bala en la nuca.
Pataz se volvió territorio de nadie. Una tierra sin ley, pero con verdugos. Donde, según Poderosa, cerca de 39 trabajadores, mineros artesanales y demás, fueron asesinados a manos del crimen organizado.
La minería ilegal se volvió la economía criminal más grande en el país, y consecuencia de ello es el grave aumento de delincuencia que se vive en la región, así como en todo el país. Y la ausencia del Estado además del -para muchos- fracasado modelo de tercerización minera, ha permitido este descontrolado aumento de la criminalidad.
De acuerdo con Datum (2024) más del 87% de los peruanos se siente inseguro en las calles del país. Y para el pueblo peruano, la principal responsable de esta gran crisis es nuestra mandamás (Ipsos 2025). A un año de las elecciones el miedo se ha instalado como parte del paisaje urbano, sin embargo, hasta el momento, ninguno de los precandidatos presidenciales ha hecho de la seguridad ciudadana el eje de su campaña.
¿Y los medios de comunicación? Tristemente, más preocupados por la frivolidad y el espectáculo -por quién besó a quién- qué por exigir a los candidatos propuestas reales frente a esta tragedia. ¿El mal periodismo provocó la caída de sus ventas, o fueron las malas ventas las que condenaron al periodismo a su decadencia?
La gente muere y al pueblo se le ofrece pan y circo. Este año restante para la presidenta, la cual, como jefa de las fuerzas armadas, quien ha fracasado en todos sus extremos en la lucha contra la delincuencia, parece solo encaminarnos a un 2026 donde seguirá corriendo sangre. Y si quienes aspiran al poder, no colocan como prioridad absoluta la lucha frontal contra el crimen, al pueblo peruano no le quedará más remedio que rezar o esperar un golpe de Estado militar, con el que muchos -credulamente- creen que las cosas podrán cambiar.