Hay un índice que mide exactamente cuán roto está el Estado, y el Perú aparece en el puesto 93.
Existe un termómetro que le toma la temperatura al Estado de un país con una frialdad que los políticos prefieren ignorar. Lo publica cada año una organización independiente llamada World Justice Project. Lo usan gobiernos, bancos multilaterales, inversores y académicos en todo el mundo. En el Perú, prácticamente nadie lo menciona. Quizás porque los números duelen.
El WJP Rule of Law Index —Índice de Estado de Derecho— evalúa 143 países a partir de más de 215,000 encuestas a hogares y 4,100 cuestionarios a expertos jurídicos. No mide percepciones vagas ni opiniones políticas. Mide experiencias concretas: ¿puede usted acceder a la justicia? ¿Las regulaciones se aplican de manera predecible? ¿Los funcionarios rinden cuentas? ¿Existe corrupción en los trámites cotidianos?
El resultado es un puntaje entre 0 y 1, desagregado en ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En la edición 2025, el primer lugar es Dinamarca. El último es Venezuela. El Perú ocupa el puesto 93 de 143, con un puntaje de 0.50 sobre 1.0. Cayó dos posiciones respecto al año anterior.
En América Latina, lo superan Uruguay, Costa Rica, Barbados, Chile, Jamaica, Colombia y Brasil, entre otros. Estamos en el tercio inferior del mundo: al mismo nivel que países que no suelen aparecer en los folletos de inversión extranjera.
No es una crisis coyuntural. Es una erosión estructural. Y erosionar estructuras tarda años en revertirse, incluso cuando la voluntad política existe.
Pero el ranking global es solo el titular. El verdadero diagnóstico está en los ocho factores. Y ahí el cuadro se vuelve más específico y más condenatorio.
En justicia penal, el Perú obtiene 28 sobre 100: impunidad casi estructural, investigaciones ineficaces, sistema judicial capturado.
En ausencia de corrupción, 31: sobornos en trámites cotidianos, contratación pública opaca, funcionarios que negocian con el cargo.
En límites al poder gubernamental, 38: el Congreso sin contrapesos reales, la vacancia como arma, los organismos de control domesticados.
En justicia civil, 34: acceder a un tribunal independiente es una lotería, y ganar el juicio no garantiza que se ejecute la sentencia.
¿Cómo se construye el índice? El WJP combina dos fuentes.
La primera es una encuesta a población general: 1,000 hogares por país, seleccionados aleatoriamente en las principales ciudades. Se les pregunta sobre sus experiencias reales con el sistema judicial, la policía, los trámites públicos y la corrupción.
La segunda fuente son cuestionarios especializados a abogados, académicos y expertos en derecho civil, penal, laboral y de salud pública. El cruce entre la percepción ciudadana y el juicio técnico produce un dato robusto, comparable entre países y verificable en el tiempo.
¿Tiene sesgos? Todo índice los tiene. El WJP ha sido criticado por sobreponderar indicadores formales sobre realidades informales, y por medir mejor lo que ocurre en ciudades grandes que en zonas rurales. Son críticas legítimas.
Pero ninguna de ellas invalida el diagnóstico central: el Perú lleva años retrocediendo en casi todos los factores, y la tendencia no muestra señales de reversión.
Lo que el índice revela no es una fotografía estática, sino una película de deterioro. Desde 2016, el Perú ha caído consistentemente en controles al poder ejecutivo, en independencia judicial y en percepción de corrupción.
No es una crisis coyuntural. Es una erosión estructural. Y erosionar estructuras tarda años en revertirse, incluso cuando la voluntad política existe.
El termómetro no miente. El diagnóstico está hecho. Lo que falta es el médico con valentía para aplicar el tratamiento.
Last modified: 26 de mayo de 2026
