Cinco solicitudes rechazadas, un presidente interino que esquiva el tema y un candidato de izquierda que convirtió la liberación del golpista preso en el eje de su campaña.
Pedro Castillo lleva tres años y medio en el penal de Barbadillo. Fue detenido en flagrancia el 7 de diciembre de 2022, horas después de intentar un golpe de Estado, que incluía la disolución del Congreso por decreto y un estado de excepción inconstitucional. En noviembre de 2025, el Poder Judicial lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión. Apeló la sentencia. Y mientras el expediente judicial sigue su curso en segunda instancia, el expediente político lleva meses ardiendo a fuego lento.
La cronología: cinco veces no
El historial de solicitudes de indulto es, en sí mismo, un retrato de la desesperación política del entorno castillista. Desde su encarcelamiento se han presentado ante el Ministerio de Justicia cuatro pedidos impulsados por terceros —militantes, colectivos, congresistas afines— y uno firmado por el propio Castillo. Todos han sido rechazados o declarados inadmisibles.
La última solicitud formal la presentó en febrero de 2026 el abogado Walter Ayala, exministro de Defensa del propio Castillo, amparándose en el “principio de humanidad” y en la supuesta “palabra empeñada” por el entonces recién asumido presidente interino José María Balcázar. La Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia la declaró inadmisible en su sesión ordinaria del 30 de abril de 2026, por no cumplir los requisitos reglamentarios mínimos. El comunicado oficial fue lapidario: “a la fecha no se encuentra pendiente de atender ninguna solicitud de gracias presidenciales”.
Ayala reconoció públicamente que ni siquiera había recibido la notificación oficial con los fundamentos de la decisión. Y anunció, de todas formas, que volverá a presentar un nuevo recurso “con argumentos distintos”. Un ciclo que se repite.
| DATO CLAVE: Para que proceda un indulto en el Perú, la ley exige sentencia firme y consentida, sin procesos judiciales pendientes. Castillo tiene apelación activa ante la segunda instancia y otro proceso en curso por presunta corrupción. El muro legal es, hoy, infranqueable. |
Balcázar, el peso de ser y no ser
El caso Balcázar merece párrafo aparte. Congresista de Perú Libre, el partido que llevó a Castillo al poder, Balcázar asumió la presidencia interina en febrero de 2026 después de la destitución de José Jerí. Antes de llegar al Ejecutivo había declarado, en más de una ocasión, que atendería la situación de los “presos políticos”. Castillo lo interpretó como un compromiso explícito e incluyó esa lectura en su solicitud de indulto: “Su promesa de otorgarme el indulto no fue un secreto de Estado; fue un ofrecimiento explícito”.
Lo que siguió fue una demostración clásica de política peruana: promesa vaga, silencio estratégico y desmentido tardío. El premier Luis Arroyo descartó en conferencia de prensa que el indulto “nunca estuvo, no está y no tiene por qué estar en la agenda”. El ministro de Justicia, Luis Jiménez, repitió el argumento técnico: sin sentencia firme, el proceso no puede siquiera iniciarse. Y Balcázar, visitando Iquitos el 13 de mayo, respondió a la ronda periodística con su frase más evasiva hasta la fecha: “Eso depende de que presente la solicitud correspondiente.” Un día antes, en Lima, había dicho que “no puede adelantar nada”.
El resultado es un presidente interino atrapado entre su base electoral —que exige la liberación de Castillo— y la institucionalidad mínima que le impide sobrevivir políticamente si cede. Balcázar no tiene ni el capital político ni el tiempo para resolver esa contradicción.
Sánchez y el sombrero como programa de gobierno
Donde Balcázar esquivó, Roberto Sánchez apostó. El candidato de Juntos por el Perú convirtió el indulto a Castillo en uno de los pilares centrales de su campaña presidencial, quizás el único eje ideológico que no requería explicación ante su electorado base. Se puso el sombrero de Cajamarca que el propio Castillo le entregó. Visitó al expresidente en Barbadillo acompañado de sus candidatas a la vicepresidencia y de Yenifer Paredes, cuñada del preso y ahora diputada electa por Cajamarca. Cabalga a caballo por Bambamarca con la iconografía castillista intacta.
Pero Sánchez fue más allá del gesto. Promovió en campaña un proyecto de ley para modificar las normas sobre indultos presidenciales, preparando el terreno legal antes incluso de llegar al poder. Sus declaraciones en Huaycán fueron categóricas: “Si el pueblo nos da la confianza, Pedro Castillo saldrá en libertad.” Y para cerrar el círculo, incorporó al exfiscal José Domingo Pérez —quien procesó a Castillo y ahora es su abogado— como pieza clave de su propuesta de reforma del sistema de justicia.
El problema es que ni siquiera un presidente electo podría ejecutar el indulto de forma inmediata. El obstáculo legal que frena a Balcázar es el mismo que enfrentaría Sánchez: Castillo no tiene sentencia firme. Tendría que esperar a que la segunda instancia resuelva la apelación, y aun así enfrentaría el proceso por corrupción. El constitucionalista Eduardo Ghersi ha advertido que tampoco procedería la figura del derecho de gracia, por las mismas razones procesales. La promesa de Sánchez es, en el mejor de los casos, una promesa diferida; en el peor, una promesa imposible de cumplir en los tiempos que su electorado imagina.
| CONTEXTO ELECTORAL: El JNE proclama hoy, 17 de mayo, los resultados oficiales de la primera vuelta. Keiko Fujimori (17,19%) y Roberto Sánchez (12,04%) disputarán el balotaje del 7 de junio. El antivoto de Fujimori bajó de 59% a 48% (IPSOS, 23-24 de abril); el de Sánchez subió de 39% a 44%. La polarización es total. |
El fondo político: por qué el indulto no es un tema jurídico
Sin embargo, reducir este debate a sus dimensiones legales es una ingenuidad o una trampa. El indulto a Castillo no es, en esencia, una cuestión de gracias presidenciales: es la apuesta de un sector del Perú por rehabilitar simbólicamente a quien intentó liquidar la democracia representativa en diciembre de 2022. Es la tesis de la “persecución política” convertida en plataforma electoral. Es, también, la señal más clara del tipo de Estado que construiría un eventual gobierno de Sánchez: uno que reformaría las reglas del indulto para poder ejecutarlo, que colocaría al abogado del golpista a cargo de la reforma judicial y que llevaría al Congreso —con Yenifer Paredes y los hermanos Castillo ya sentados en bancadas— a modificar las normas que hoy impiden la liberación.
No es un escenario descabellado. Es el programa explícito de uno de los dos candidatos que competirán el 7 de junio.
Frente a eso, la posición de Keiko Fujimori es la del orden institucional —con todas las cargas históricas que ella misma arrastra— pero también la de la mayoría que, según las encuestas, se opone a la liberación del autor del golpe. El dilema del 7 de junio no es de izquierda contra derecha en abstracto. Es, concretamente, si el Perú quiere un presidente que gobierne con el sombrero del golpista en la sombra.
