El oro ilegal no es más minería clandestina: hoy financia al crimen organizado, mafias armadas, captura actores políticos, erosionando progresivamente la soberanía institucional del Estado peruano
Hombres armados con fusiles de guerra, explosivos instalados en galerías subterráneas, rehenes amarrados, otros ejecutados en túneles convertidos en fortalezas. Comandos militares que avanzan con visión nocturna en medio del fuego cruzado. Imágenes que emergen desde los socavones de Pataz, un drama que va más allá de la minería ilegal, recordando tiempos de insurgencia armada. Reducir estos hechos a una crisis local de seguridad es un error de enormes proporciones.
Pataz es el laboratorio visible de la peligrosa transformación que atraviesa al Perú: captura territorial, económica y política del Estado por parte de economías criminales vinculadas al oro ilegal. Estructuras capaces de financiar organizaciones armadas, corromper instituciones, influir sobre legislación nacional y alterar el equilibrio político del país. Se estima que las exportaciones ilegales de oro superaron los 11 mil millones de dólares en 2025, 55% más que en 2024, rivalizando con economías criminales vinculadas al narcotráfico.
El oro ilegal dejó de ser extracción clandestina, convertida en la economía criminal donde convergen tráfico de armas, lavado financiero, corrupción política, trata de personas y control territorial. Socavones controlados por bandas organizadas que operan mediante redes logísticas, capacidad armada y sistemas de protección territorial. El surgimiento de alias “Nati”, nuevo líder criminal en Pataz evidencia su capacidad de regeneración. Los capos caen, pero la red permanece.
El crimen organizado recluta ex militares, personal entrenado en combate con capacidades paramilitares que debilita el control operativo del Estado. Pero el verdadero salto estratégico del crimen organizado del oro ilegal ocurre cuando estas economías penetran el sistema político usando mecanismos democráticos formales.
El crecimiento de las exportaciones mineras ilegales explica cómo estas economías adquieren peso territorial, económico y social capaz de condicionar el comportamiento político nacional. El REINFO ilustra cómo un instrumento temporal de formalización funciona como paraguas para operaciones sin control efectivo. Solo una mínima fracción logró formalizarse y aun así el Congreso continúa aprobando sucesivas ampliaciones.
En regiones donde la minería informal sostiene economías enteras, enfrentar estructuras ilegales implica costos electorales. Por ello, muchos actores políticos buscan administrar el problema sin desmontarlo.
Las diferencias entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú revelan dos aproximaciones distintas frente a esta realidad. Fuerza Popular propone fortalecer trazabilidad, cooperación institucional y formalización, buscando contener la ilegalidad sin romper las bases sociales de la minería informal.
Juntos por el Perú, en cambio, plantea fortalecer cooperativas mineras, ampliar el rol económico del Estado, con esquemas de comercialización estatal del oro cercanas a la experiencia boliviana.
El modelo boliviano convirtió cooperativas auríferas en estructuras híbridas donde informalidad, presión política y economías ilícitas se entrelazaron. Bajo discursos de protección social y soberanía económica, las cooperativas operan como escudo para lavado de oro, contrabando y penetración política regional. Las reservas auríferas estatales sin trazabilidad abrieron espacios para corrupción y blanqueo económico.
Ese es uno de tantos temores que genera el plan de Juntos por el Perú. En contextos donde el Estado enfrenta dificultades para controlar territorios dominados por mafias, introducir comercialización estatal del oro mediante cooperativas sin fiscalización ampliaría las zonas grises entre formalidad e ilegalidad.
El verdadero riesgo no es solo la violencia armada en los socavones. Estas economías ilegales extremadamente rentables se transforman en actores políticos capaces de influir sobre legislaciones, bloquear reformas, capturar gobiernos locales, financiar campañas y moldear políticas públicas convirtiendo la minería ilegal en un problema de seguridad estratégica nacional.
Pataz no representa solo un foco de violencia local. Es el laboratorio visible de cómo economías criminales altamente rentables evolucionan desde actividades periféricas ilegales hacia estructuras capaces de combinar control territorial, violencia armada, poder económico e influencia política en el propio sistema democrático peruano.
