Por qué la prosperidad de un país se prueba con sus peores gobernantes, y no con los mejores.
Hay un rito que el Perú repite con devoción. Cada vez que un gobierno se desploma, y eso ocurre seguido, los analistas se abalanzan sobre el nuevo gabinete en busca del adulto responsable: el ministro ortodoxo, el técnico sensato, el nombre que tranquiliza a los mercados. Se supone que la suerte de la economía depende de que esa persona aparezca. Es un rito conmovedor y equivocado.
Conviene correr la cinta. Ocho presidentes desde 2016: la izquierda radical, los advenedizos providenciales, una rotación de interinos que haría sonrojar a cualquier república. Los elencos cambiaron por completo; la obra apenas se inmutó. Un año reciente cualquiera lo resume: el Perú creció 3.3% con una inflación de 2.0%, mientras la Argentina, fiel a su tradición, se contraía con una inflación de tres cifras. La diferencia no fue de talento: en eso el Perú no ha sido precisamente pródigo.
La lectura cómoda atribuye el contraste a las personas: ministros prudentes, banqueros centrales irrepetibles. Reconforta, porque promete que basta con elegir bien. Falla, porque el país lleva años eligiendo mal y la macroeconomía no se ha dado por enterada.
Karl Popper dejó hace décadas la llave que el debate peruano se empeña en ignorar. La pregunta de siempre —¿quién debe gobernar?— está mal planteada: presupone que existe alguien lo bastante bueno como para entregarle el poder sin reservas. La pregunta útil es la contraria: ¿cómo ordenar las instituciones para que un mal gobernante haga el menor daño posible?
El Perú, sin proponérselo, se ha vuelto el experimento más generoso de esa idea. No demuestra que tenga buenos gobernantes; demuestra que ha dejado de necesitarlos para no quebrar.
Una institución no se prueba con sus buenos gobernantes, sino con los malos. El Perú ha sido pródigo en proveerlos.
El mecanismo no es un misterio, aunque la atención se reparta mal. El candado famoso —la autonomía monetaria— acapara titulares y elogios. Los candados callados hacen la otra mitad del trabajo sin que nadie los nombre: los contratos blindados frente al manotazo legislativo, que permiten comprometer capital a treinta años, y el umbral deliberadamente alto para reformar la Constitución. Juntos forman algo más interesante que una política económica: una arquitectura que da por sentado que quien manda no será de fiar.
Queda una incomodidad honesta. Estos candados nacieron en 1993, bajo un gobierno que pronto se volvería autoritario, y blindan la economía frente a las mayorías futuras. Llamarlo jaula contra la democracia no es descabellado. Pero una regla se juzga por lo que protege hoy, no por la mano que la firmó: impedir que una mayoría destruya en una tarde lo que tomó décadas construir no es lo contrario del autogobierno: es su condición.
La otra objeción es más sencilla y también acierta a medias: estabilidad no es prosperidad. Un país puede acumular reservas y, a la vez, tolerar escuelas que no enseñan y un Estado que no llega. Es verdad. Solo que eso no prueba que los candados sobren, sino que faltan otros. La moneda aprendió a funcionar con reglas; el resto del Estado sigue a discreción, donde el daño se acumula.
De ahí la agenda. Lo primero, defender lo que funciona, sin la devoción de quien confunde un texto legal con una reliquia. Lo segundo, más ambicioso: exportar la lógica del candado al resto del aparato público. Blindar la carrera técnica en los sectores sociales como se blindó la moneda, atar el gasto a resultados verificables, hacer previsible lo que hoy depende del humor del funcionario de turno.
Los próximos artículos examinan por qué tres décadas de embestidas no desmontaron esta arquitectura, y qué le falta para dejar de contener y empezar a impulsar.
El progreso de una nación no se mide por la calidad de quienes la gobiernan, sino por lo poco que esa calidad importa.
