El fin de la injerencia internacional en Perú podría ser una realidad. Esto después de un pronunciamiento de Igor Garafulic, un diplomático chileno que se desempeña en nuestro país como coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas. El mencionado usurpó funciones de este frente internacional y lanzó un comunicado señalando que la separación de poderes en territorio peruano estaba en peligro con la investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta intromisión le costó una amonestación y una citación desde la Cancillería para que explique por qué excedió sus facultades. Incluso trascendió que podría ser declarado persona non grata. Este hecho se da en medio de otras increpaciones como a la Organizaciones de los Estados Americanos (OEA), acusada de tener “sesgo político”, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por admitir denuncias de terroristas como Víctor Polay Campos. Con el propósito de obtener una visión más detallada del tema, El Reporte solicitó la opinión del excanciller Luis Gonzales Posada.
¿Última injerencia?
"La separación de poderes es un principio fundamental para una democracia plena". Este fue el titular de un pronunciamiento firmado por Garafulic, usando el nombre de Naciones Unidas, para exponer su rechazo a la investigación que viene ejecutando el Congreso a la JNJ. Esto por haber tratado de evitar la caída de Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, quien finalmente fue censurada por haber omitido funciones durante el régimen de Pedro Castillo. En síntesis, por haber pateado un escrutinio al profesor chotano por su condición de presidente, pese a que ya habían sobre la mesa varias investigaciones fiscales.
Entonces, este favoritismo le terminó explotando en la cara a la ONU. No solo porque el coordinador chileno —de pasado izquierdista— transgredió los límites que tiene respecto a su campo de acción sino que expuso una inclinación que colinda con la complicidad y que pone en tela de juicio la parcialidad de una entidad internacional.
Polémico anuncio
Consecuencia lógica
La respuesta no se hizo esperar. Primero fue desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, frente que de forma unánime exigió que la Cancillería promueva la salida del país del coordinador del Sistema de las Naciones Unidas (ONU).
El presidente de este bloque parlamentario, Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, dijo de forma tajante que Garafulic debe ser expulsado por que "ha demostrado intromisión en asuntos internos del Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen dentro de la ONU". La misma línea siguió su colega María del Carmen Alva, quien hizo hincapié en que tienen la potestad no solo para escudriñar a instituciones sino también para impulsar destituciones.
Fue así que el Ministerio de Relaciones Exteriores (o la Cancillería), liderado por Ana Cecilia Gervasi, decidió tomar cartas en el asunto convocando al implicado por esta "extrañeza".
“El Ministerio de Relaciones Exteriores le recordó al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú el marco en el cual se deben desarrollar sus funciones, en estricto cumplimiento de las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, reza el comunicado.
Garafulic, el injerencista
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Este episodio se suma a otras controversias, como las acusaciones de “sesgo político” dirigidas hacia la Organización de los Estados Americanos (OEA), razón por la que han pedido que no se le entregue más presupuesto del erario público este 2024.
De acuerdo al congresista Alejandro Muñante, se le daría aproximadamente US$ 1 431 800. "Desde hace algún tiempo vienen realizando actos injerencistas en los asuntos internos del Perú”, apuntó el legislador. “Ningún tipo de emolumento o aporte destinado a los organismos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hasta que no se garantice la imparcialidad y objetividad en sus decisiones”, complementó.
Por otra parte, también está el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admitió una demanda presentada por Víctor Polay Campos, ex líder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), en contra del Estado peruano. La demanda se relaciona con su encarcelamiento y supuestas violaciones de derechos humanos durante su prisión.
Opinión
Para profundizar en el tema El Reporte se comunicó con el excanciller Luis Gonzales Posada.
“Garafulic ha intervenido sesgada e impropiamente en asuntos de competencia interna del Perú, violando principio del derecho internacional. Lo hizo sin contar con la autorización del secretario general de la ONU. Al parecer se ha contagiado del síndrome del mexicano Manuel López Obrador”, comentó.
Posada marca el terreno
Asimismo, hizo hincapié en que “este mismo representante se calló cuando el exmandatario Martín Vizcarra disolvió inconstitucionalmente el Congreso y pidió la destitución de Fiscal de la Nación Pedro Chávarry”. “Por ello ha sido acertado que lo cite la Cancillería y rechace su actuación la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento. La ONU debe retirarlo del cargo”, complementó.
Apuntó además que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha extralimitado sus funciones al reactivar los casos Polay y Artemio, a pesar que ambos fueron condenados por tribunales civiles y militares y la propia Corte ratificó los juzgamientos”. “Hacerlo es un despropósito; un acto de barbarie diplomática que no podemos tolerar”, agregó.
Finalmente, indicó que está a favor “de la iniciativa del Congreso de suspender la cuota anual de US $ 1 millón 400 mil dólares a favor de la OEA, que implica parte de los fondos de mantenimiento de la Corte y de la Comisión Interamericana”. “Es una respuesta firme y digna. No se puede financiar a los verdugos”, finalizó.
Esta situación pone de manifiesto las tensiones entre la comunidad internacional y Perú. Los organismos mencionados han expuesto su falta de imparcialidad, incluso llegando al punto de deslegitimar los asuntos internos del país. Esto plantea un fuerte debate sobre la influencia externa.