La CIDH ha realizado diversos pronunciamientos inquietantes al Perú, como el informe por las protestas de inicio de año o el mandato al gobierno de no liberar a Alberto Fujimori. Sin embargo, ninguno ha sido tan controversial como las indemnizaciones otorgadas a terroristas durante las últimas décadas, donde se les otorgó cifras irracionales a quienes sembraron el terror y acabaron con miles de vidas en el Perú. A continuación, un breve recuento de algunos de estos polémicos y muy indignantes casos.
El caso Berenson
El pronunciamiento de la Corte IDH en casos como el de Lori Berenson es uno de los más emblemáticos. En ese entonces, el organismo responsabilizó al Estado peruano de haber detenido y condenado sin un debido proceso en perjuicio de la terrorista.
Además, según la CIDH “Las condiciones de detención impuestas a la presunta víctima (Lori Berenson), [...] por parte de los tribunales militares, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes, violatorios del artículo 5 de la Convención Americana”. De esa forma, la justicia internacional concluyó que el Perú había ido contra lo estipulado por la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación a los derechos de integridad personal. Asimismo, consideró que el Perú no le había otorgado las garantías judiciales correspondientes.
Ante ello, la Corte IDH ordenó al Estado condonar la deuda que percibía Berenson, como reparación civil a favor del Perú por un monto de 100 mil dólares (por sus delitos durante su militancia terrorista). No obstante, instó al Estado peruano a pagar y reparar a sus padres Rhoda y Mark Berenson por un monto de 30 mil dólares, así como también costear la atención de salud que requiera. Luego de cumplir su condena en el 2015, fue expulsada a Estados Unidos, sin reparar el daño que hizo al país.
Mientras que durante la gestión de Alejandro Toledo se pagó sin cuestionamiento alguno la “reparación” ordenada por la CIDH a Berenson, tras la asunción de Alan García al ejecutivo dichos pagos cesaron. El Perú no le concedió más pagos a la terrorista, así lo afirmó Víctor García Toma, ministro de Justicia de Alan García que señaló en RPP en 2010 que "El Estado no ha pagado un solo sol y no lo ha pagado porque la señora Benenson goza, por sus padres, de un seguro privado. Son sus padres los que pagan esas atenciones". Además indicó que “como política del Minjus, ellas (las reparaciones) ocupan el último lugar entre estas prioridades". Un cambio radical en la actitud y disposición entre el gobierno de Toledo contra el de García con el trato a los terroristas.
La terrorista emerretista Lori Berenson salió en libertad en el 2015.
Espinoza Gonzáles
Otro de los juicios perdidos por el Perú frente a la entidad fue el caso de Gladys Espinoza Gonzáles, quien fue condenada a 25 años de prisión en el 2004 por terrorismo. La integrante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru alegó haber sido víctima de abusos a inicios de los años 90.
Ante ello, la Corte IDH realizó un pronunciamiento en el que señalan que el Estado peruano violó diversos derechos de la demandada, como el derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales, al de libertad personal, así como el deber de no discriminar.
También estableció en el 2015 que el Estado peruano debía reparar con 105 mil dólares a la terrorista. La defensa de la condenada señaló que de ese montó se podían deducir los 11.200 mil dólares que le correspondía a Espinoza reparar al Estado peruano por sus acciones terroristas en el MRTA.
Dicha sentencia sentó la base para que en el 2015 Javier Villa Stein, presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema en aquel entonces, señalara en Canal N que la Corte IDH “hace tiempo que dejó de ser una corte de justicia y se ha convertido en un frente político financiado por los partidos miembros del sistema interamericano”. Planteando que se realice un referéndum sobre un eventual retiro del Perú de la Corte IDH.
Loayza Tamayo
La senderista María Elena Loayza Tamayo recibió un total de 167.190,30 mil dólares en el 2011, después de que la CIDH considerara que el Perú “violó [...] el derecho a la libertad personal y el derecho a la protección judicial, establecidos respectivamente en los artículos 7 y 25 de la Convención Americana”. De igual manera, sentenció que el Perú había violado los derechos de integridad personal, y garantías judiciales de la senderista.
Exministro Víctor García Toma se opuso al pago de indemnizaciones a terroristas.
Castillo Petrozzi
El terrorista chileno Jaime Castillo Petrozzi también fue beneficiado por la Corte IDH. La institución internacional ordenó al Estado peruano indemnizarlo con 10 mil dólares por violaciones al derecho de integridad personal y protección judicial. No obstante, en el 2010 el ministro de Justicia García Toma anunció que el Perú no pagaría dicha deuda dado que Castillo Petrozzi no había cumplido con reparar al Estado peruano el monto de 250 mil soles por sus actos terroristas.
Además, García Toma señaló que el país no pagaría dicho monto porque tiene otras prioridades como asumir los compromisos que tienen con las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha buscado forzar al Estado peruano a pagar sumas incluso millonarias a favor de terroristas. En total, el Perú ha pagado 5 millones de dólares a terroristas, según señaló la CIDH. Esto “por violaciones a sus derechos” dejando de lado a todas las víctimas del terrorismo. Incluso otorgando reparaciones más grandes que por los actos de terrotismo realizados, las cuales ni siquiera habían sido pagadas.