El pasado 5 de abril la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presidida por la Congresista Milagros Aguayo volvió a ganar la batalla contra la ideología de género en defensa de la familia al enviar al archivo el Proyecto de Ley 2735/2022-PE presentado por el Poder Ejecutivo durante el mandato del expresidente Pedro Castillo.
Este proyecto pretendía atribuir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) la facultad de diseñar, dirigir, autorizar, regular y supervisar los “cuidados” que todo ciudadano recibe por parte de sus familiares, tales como la vivienda, alimentación, limpieza del hogar, vestido, entre otros; así como la facultad de fiscalizar y sancionar a las familias con multas mayores a los 25,000 soles si es que consideraba que estas no estaban brindando los cuidados adecuados.
En una búsqueda desesperada por tener el control absoluto sobre las familias, el MIMP quería terminar con la intimidad del hogar y reducir el vínculo afectivo-familiar a una simple “relación de cuidado,” comparando a los familiares con trabajadores administrativos obligados a cumplir con los estándares de cuidado que el mismo MIMP pretendía determinar.
La creación de un “derecho al cuidado,” propuesta de Pedro Castillo y Aníbal Torres vía el Proyecto de ley 2735/2022-PE, vendía gato por liebre. Utilizaron el discurso de la liberación de la mujer de la carga de los cuidados en el hogar para introducir, entre otros, de forma contraria al ordenamiento constitucional peruano los conceptos de orientación sexual, identidad de género y mujeres en su diversidad.
Por supuesto, esta propuesta resultaba demasiado bien redactada y políticamente pensada para ser una idea de dicha dupla golpista.
Por la plata bailaron Castillo y Torres porque dejaron que Naciones Unidas a través de diversas agencias internacionales pro género se entrometan en nuestro sistema con asesorías técnicas para crear el Proyecto de Ley 2735/2022-PE.
Más de 680,000.00 dólares ingresaron al MIMP desde el año 2021 para redactar este proyecto e implementar el supuesto “derecho al cuidado” con enfoque de género. Así, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, se crearon más de 5 proyectos mediante los cuales las diversas organizaciones hicieron sus pagos. Algunos de ellos son:
· No. 14659 con un monto ejecutado el 2022 de 15,000.00 USD, cuya fuente cooperante es UNICEF.
· No. 11968 con un monto ejecutado el 2022 de 7,581.77 USD, cuya fuente cooperante es PNUD.
· No. 14507 con un monto asignado de 588,500.00 USD cuya fuente cooperante es Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Las madres solteras, las personas con discapacidad y los adultos mayores fueron los caballos de Troya para que el Poder Ejecutivo presente un proyecto aparentemente inofensivo y beneficioso, pero que en realidad era una propuesta irrazonable y puramente ideológica.
¿Cómo es que se iba a financiar la realización de este proyecto si es que el mismo texto señalaba que no requería iniciativa de gasto? Nadie sabía. La ex ministra Tolentino, gran promotora de esta iniciativa, y su equipo participaron de diversas mesas de trabajo con la sociedad civil y en ninguna de ellas pudieron responder cuánto le iba a costar al Estado peruano la implementación de este proyecto ni dar cuentas sobre los más de 680,000 dólares que ingresaron al MIMP para elaborar este proyecto de ley.
Adicionalmente y a pesar de todo ese dinero “invertido” por las ONGs extranjeras, el proyecto de ley tenía muchas deficiencias técnicas. El Poder Ejecutivo no había realizado un estudio de cuántas personas se iban a ver beneficiadas con esta propuesta ni con qué servicios o recursos se les atendería. No les importaba la gente. Solo querían satisfacer los requerimientos de las ONGs aportantes y de las agencias de Naciones Unidas empecinadas en que el Perú legisle cuestiones de género sin importar cuántas familias podían perjudicar con ello.
Esta vez la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Congreso salvó el día y el Proyecto de Ley 2735/2022-PE nunca verá la luz. Esperemos que el Poder Ejecutivo haya aprendido su lección y no pretenda volver a entrometerse con una institución tan importante para los peruanos como es la familia.