Bachiller de derecho

María José Corzo

Director en RELEASE

Carlos Polo

El pasado 5 de abril la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presidida por la Congresista Milagros Aguayo volvió a ganar la batalla contra la ideología de género en defensa de la familia al enviar al archivo el Proyecto de Ley 2735/2022-PE presentado por el Poder Ejecutivo durante el mandato del expresidente Pedro Castillo.

Este proyecto pretendía atribuir al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) la facultad de diseñar, dirigir, autorizar, regular y supervisar los “cuidados” que todo ciudadano recibe por parte de sus familiares, tales como la vivienda, alimentación, limpieza del hogar, vestido, entre otros; así como la facultad de fiscalizar y sancionar a las familias con multas mayores a los 25,000 soles si es que consideraba que estas no estaban brindando los cuidados adecuados.

En una búsqueda desesperada por tener el control absoluto sobre las familias, el MIMP quería terminar con la intimidad del hogar y reducir el vínculo afectivo-familiar a una simple “relación de cuidado,” comparando a los familiares con trabajadores administrativos obligados a cumplir con los estándares de cuidado que el mismo MIMP pretendía determinar.

La creación de un “derecho al cuidado,” propuesta de Pedro Castillo y Aníbal Torres vía el Proyecto de ley 2735/2022-PE, vendía gato por liebre. Utilizaron el discurso de la liberación de la mujer de la carga de los cuidados en el hogar para introducir, entre otros, de forma contraria al ordenamiento constitucional peruano los conceptos de orientación sexual, identidad de género y mujeres en su diversidad.

Por supuesto, esta propuesta resultaba demasiado bien redactada y políticamente pensada para ser una idea de dicha dupla golpista.

Por la plata bailaron Castillo y Torres porque dejaron que Naciones Unidas a través de diversas agencias internacionales pro género se entrometan en nuestro sistema con asesorías técnicas para crear el Proyecto de Ley 2735/2022-PE.

Más de 680,000.00 dólares ingresaron al MIMP desde el año 2021 para redactar este proyecto e implementar el supuesto “derecho al cuidado” con enfoque de género. Así, a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, se crearon más de 5 proyectos mediante los cuales las diversas organizaciones hicieron sus pagos. Algunos de ellos son:

No. 14510 con un monto ejecutado el 2022 de 60,000.00 USD, cuyas fuentes cooperantes son Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, Organización de las Naciones Unidas Mujeres – ONU Mujeres, Organización Internacional del Trabajo – OIT y el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.

No. 14508 con un monto ejecutado el 2022 de 9,423.00 USD, cuya fuente cooperante es World University Service Of Canada.

No. 14659 con un monto ejecutado el 2022 de 15,000.00 USD, cuya fuente cooperante es UNICEF.

No. 11968 con un monto ejecutado el 2022 de 7,581.77 USD, cuya fuente cooperante es PNUD.

 con un monto asignado de 588,500.00 USD cuya fuente cooperante es Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Las madres solteras, las personas con discapacidad y los adultos mayores fueron los caballos de Troya para que el Poder Ejecutivo presente un proyecto aparentemente inofensivo y beneficioso, pero que en realidad era una propuesta irrazonable y puramente ideológica.

¿Cómo es que se iba a financiar la realización de este proyecto si es que el mismo texto señalaba que no requería iniciativa de gasto? Nadie sabía. La ex ministra Tolentino, gran promotora de esta iniciativa, y su equipo participaron de diversas mesas de trabajo con la sociedad civil y en ninguna de ellas pudieron responder cuánto le iba a costar al Estado peruano la implementación de este proyecto ni dar cuentas sobre los más de 680,000 dólares que ingresaron al MIMP para elaborar este proyecto de ley.

Adicionalmente y a pesar de todo ese dinero “invertido” por las ONGs extranjeras, el proyecto de ley tenía muchas deficiencias técnicas. El Poder Ejecutivo no había realizado un estudio de cuántas personas se iban a ver beneficiadas con esta propuesta ni con qué servicios o recursos se les atendería. No les importaba la gente. Solo querían satisfacer los requerimientos de las ONGs aportantes y de las agencias de Naciones Unidas empecinadas en que el Perú legisle cuestiones de género sin importar cuántas familias podían perjudicar con ello.

Esta vez la Comisión de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Congreso salvó el día y el Proyecto de Ley 2735/2022-PE nunca verá la luz. Esperemos que el Poder Ejecutivo haya aprendido su lección y no pretenda volver a entrometerse con una institución tan importante para los peruanos como es la familia.

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Sistema Nacional de Cuidados al archivo, por María José Corzo y Carlos Polo 

Castigo por apartarse del pensamiento único

. Esa es la consigna de las agendas globalistas progresistas que pretenden imponer sus ideas sin importar que para ello deban silenciar a todo aquel que no comulgue con sus fundamentos ni apoye públicamente su causa.

La libertad de expresión es uno de los derechos más cotizados por este tipo de grupos totalitaristas cuando se trata de ellos mismos; pero cuando se trata de los demás, mediante el discurso de victimización y de opresión histórica, fomentan una cultura de cancelación para poder callar y sancionar a cualquier opositor hasta con penas de cárcel. Libérrimo y sacrosanto derecho para ellos, estricta e implacable inquisición para los demás. La “Ley del Embudo,” aunque parece exclusivo de países que no viven en democracia, cada vez está más cerca más cerca de las sociedades que aparentemente viven en “libertad”.

En el año 2022 en México, el diputado transexual que ahora se hace llamar Salma Luévano se presentó en la Cámara Baja 

disfrazada de obispo católico y con lenguaje agresivo

. Su propósito en esa ocasión era nada menos queproponer una iniciativa que buscaba “prohibir a las asociaciones religiosas pronunciar discursos de odio en contra de personas por su condición sexual o de género.” Es decir, prohibir cualquier expresión que pudiera herir los sentimientos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, como por ejemplo, citar la Biblia.

Tamaña pretensión elimina en la práctica la libertad de expresión y la libertad religiosa garantizadas por la Constitución de ese país. Por supuesto, el agravio a los católicos al usar de forma impropia ornamentos y símbolos religiosos generó indignación por parte de la mayoría de mexicanos, así como de organizaciones internacionales.

En respuesta a este lamentable exceso de Luévano, el ex diputado Rodrigo Iván Cortés comentó en sus redes sociales que: “el diputado transexual, un hombre que se auto adscribe mujer, que exige respeto, pero es exactamente lo que no da; pide aquello que no da, con una falta de respeto tremenda”. En otras palabras, lo único que dijo Cortés fue que el respeto es para todos por igual. Si exiges respeto, tienes que respetar a los demás.Puro sentido común y norma de convivencia democrática.

Pero poner en evidencia la ambivalencia de la conducta de Luévano se convirtió en el crimen imperdonable contra el pensamiento único de las agendas globalistas totalitarias.

Al verse atrapado en medio de una gran polémica de rechazo, Luévano hizo lo que mejor saben hacer los miembros de su agenda: victimizarse. Desvió la atención del agravio que infligió y abrió un proceso contra Cortés alegando que, al no reconocerle como mujer en su video, sus comentarios consistían en un discurso de odio y que violó su derecho a la identidad. Paso de ser el valiente agresor burlándose de los católicos vestido de obispo a una doliente mujer víctima herida en sus más profundos sentimientos. El arte de la transformación hecha pauta permanente de su vida. 

Pero este incidente político – judicial no fue el primero.

Meses antes, Luévano también acusó al entonces diputado mexicano Gabriel Quadri por sus tweets. Quadri, en defensa de las mujeres, opinó en contra de que los curules del congreso reservados para las mujeres fueran ocupados por hombres que se identifican como transexuales, así como otras publicaciones en las que afirmaba realidades biológicas y científicas. Y claro, para Luévano lo único importante eran sus sentimientos por encima de todas las cosas, aun en contra de la biología o de cualquier otra realidad científica.

Tanto Cortés como Quadri fueron condenados por “violencia política de género” en todas las instancias internas mexicanas. Para el sistema judicial mexicano actual, un diputado transexual es incuestionable, haga lo que haga o diga lo que diga. Incluso los argumentos de defensa de ambos fueron considerados una 

 a Luévano, por lo que actualmente ambos se encuentran apelando dichas decisiones ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con la finalidad de conseguir la restitución de sus derechos políticos y de libertad de expresión. Diría, además, de la restitución de la democracia.

Pero esto no termina aquí. Esta “violencia política de género” no se limita a condenar exclusivamente a hombres. Si una mujer como María Teresa Castell se aparta del pensamiento único también será condenada. Porque en el fondo, esto no se trata de diversidad sexual sino de un pensamiento único. Este año la “intocable” Luévano le inició el mismo proceso judicial y Castell fue condenada por lo mismo al referirse a Luévano y a María Clemente Orozco (otro diputado transexual) como “hombres biológicos hoy diputadas trans con graves problemas de conducta” en una publicación de su red social X.

Parece que ahora en México decir la verdad y expresarse es un delito y que los supuestos oprimidos resultaron ser los verdaderos opresores.

En Perú esto puede parecer imposible de creer porque aún no hemos sucumbido a una agenda globalista que elimine todo concepto de mujer, pero en países no muy lejanos eso ya es una realidad.

No podemos confiarnos. Hay que recordar que actualmente Olga Izquierdo enfrenta una posible acusación por discriminación por el simple hecho de cuestionar la seguridad de las mujeres y niñas en los baños del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el cual permite que hombres transexuales puedan entrar a los baños de mujeres sin ninguna restricción.

¿Será que llegaremos a los extremos antidemocráticos de México? Esperemos que no. Porque entre otras cosas, en ese futuro distópico e indeseable este tipo de artículos ya no se podrán publicar.

Condenados por decir la verdad, por Carlos Polo y María José Corzo

Cuando se dio a conocer a Nancy Tolentino como la nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el gobierno de Dina Boluarte, los progresistas lloraban porque asumiría el cargo una evangélica, activista provida y en contra de la ideología de género. Sin embargo, todo parece haber sido histrionismo. Tolentino ya era uno de ellos desde hacía varios años.

A pesar de haber pertenecido a la comunidad evangélica Camino de Vida, a la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú - UNICEP y al Movimiento Pro Valores liderado por el pastor Claudio Zolla, Tolentino renunció a seguir los mandatos divinos para pasar a imponer los dogmas globalistas del género en el MIMP.

Como era de esperarse, el nuevo credo de la ministra ha generado el 

 de muchos miembros de la comunidad evangélica que la han denominado como “la feministra,” decepcionando a sus hermanos al unirse a la “caviarada evangélica.”

 quedó muy claro que Tolentino y sus asesores muy cercanos como Tomás Gutiérrez Sánchez, su jefe del Gabinete de Asesores, se presentan falsamente como cristianos evangélicos. Describieron a Tolentino con fuertes expresiones como “sería más coherente que ella se presente como una feminista de género ultra radical” y “es una contradicción flagrante”.Los 4 integrantes del conversatorio rechazaron sentirse representados como evangélicos por estos pseudo cristianos que no defienden ni a las mujeres, ni a los niños y mucho menos a las niñas por nacer.

“A los tibios los vomitaré de mi boca”, reza el libro de la Apocalipsis, pero parece que Tolentino se saltó esa parte de la Biblia porque se quedó callada cuando se le preguntó sobre el caso de los baños trans en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como cuando se le preguntó sobre si existía el derecho de los hombres a usar el baño de las mujeres y niñas por su autopercepción de tales y sobre si es que permitir ello no colisionaba con el interés superior del menor.

Asesores del congresista Alejandro Muñante explicaron que cuando Tolentino se presentó en el Congreso este le hizo preguntas por su posición en asuntos de género, pero ella le prometió que si le enviaban una carta respondería por escrito. El 4 de octubre del año pasado se la enviaron, pero increíblemente Tolentino faltó a su promesa con el congresista Muñante y le contestó con un oficio en donde evadió todas las preguntas al no dar ninguna respuesta y diciendo que les hagan esas preguntas a otras entidades públicas.

Como si ello fuera poco, Tolentino también se quedó callada mientras que su hermana evangélica Olga Izquierdo enfrenta una demanda por cuestionar la seguridad de las mujeres y niñas en baños donde pueden entrar hombres, pero al parecer la lección bíblica de Pedro sobre no quedarse callado mientras sus amigos sufren, también se le ha olvidado.

Algo pasó desde que ingresó al MIMP hace más de una década que la hizo cambiar radicalmente. Ya no es más la ferviente activista provida que luchaba contra la matanza de los inocentes niños por nacer en la primera década de siglo, ni la asesora de la congresista Dora Núñez que en 2005 promovió la Ley de Fortalecimiento de la Familia y todas las manifestaciones públicas a favor del derecho a la vida desde la concepción. Ahora se sitúa exactamente en las antípodas ideológicas, apoyando desde el MIMP la ejecución de abortos ilegales bajo la etiqueta de “abortos terapéuticos”.

Por ejemplo, cuando se hizo mediático el Caso Mila, la feministra Tolentino salió a declarar a los medios que sus funcionarios del MIMP habían traído a la niña para restituir los derechos que se le habían negado. Quizás algún distraído pensó que se refería tanto a la vida de Mila como a la de su hijo concebido de 5 meses de gestación, pero el aborto ilegal que se le practicó apenas llegó a Lima dejó en claro que, cual feminista radical pro aborto, Tolentino solo se refería a Mila y no a la vida del concebido; a pesar que como ministra tenía la obligación de velar y proteger ambas vidas tal como lo manda la Constitución artículo 2, inciso 1.

¿Cuál es el ADN ideológico de Tolentino?

 de Tolentino, aparece este párrafo: “Su carrera profesional ha sido enriquecida gracias a becas de estudio en el exterior por USAID-PERÚ, OEA, UNFPA, y recientemente por Eastern University (Saint Davis, PN. USA) y a nivel nacional por la Fundación Ford. Egresada de la Maestría en Política Social con mención en Género, Población y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2000-2002); con Diploma otorgado por la Universidad de Chile del Postítulo Internacional Interdisciplinario en Población y Desarrollo Sustentable (1997); Diploma de la Universidad de Buenos Aires de la Carrera Interdisciplinaria de Especialización de Post Grado en la Problemática del Uso Indebido de Drogas (1992)”.

Por su parte, José Farfán en el conversatorio citado y haciendo referencia a un Currículum Vitae del 2003, señala que era muy sospechoso que mientras Tolentino participaba de iglesias evangélicas y convocaba a reuniones provida, comienza a viajar a capacitaciones en otros países de la región para institucionalización de género en entidades del Estado. “Literalmente se ha vendido al dinero y a todas estas gollerías que le han dado”, dijo en el minuto 51 de este conversatorio. “Hay correos (electrónicos) que muestran eso y que he podido verlos”.

Es válido entonces preguntarse: ¿Tolentino alguna vez fue evangélica provida y profamilia? ¿O más bien fue una infiltrada para llegar a dónde llegó y hacer la tarea que tanto persiguen todas organizaciones que generosamente la becaron y educaron en género? ¿Mintió siempre o recién cuando le dieron los cargos (y los sueldos correspondientes) que cambiaron sus valores cristianos? ¿Alguna vez fue evangélica de verdad o solo utilizó los recursos de las comunidades cristianas para llegar al poder?

Tolentino ha sido citada para presentarse en los próximos días ante la Comisión de la Mujer del Congreso, en donde se verá cara a cara con los congresistas evangélicos Alejandro Muñante y Milagros Jauregui, los cuales junto a toda la comisión le harán preguntas sobre sus políticas ideológicas que atentan contra las leyes peruanas, tal como la última creación progresista e ilegal del Oficial de Género para la supervisión de la “transversalización del enfoque de género para hacer cumplir y difundir la Ley No. 28983 en las instituciones públicas”.

¿Responderá esta vez o evitará responder una vez más? Ya lo veremos. Será una oportunidad para que Tolentino pueda dar cuenta de su actuación política a través del MIMP.

Nadie puede servir a dos señores, por Carlos Polo y María José Corzo

Un nuevo ataque al derecho de los padres a educar sus hijos se prepara desde el Congreso, y es que en unos días se votará el Proyecto de Ley No. 989/2021-CR presentado por el Congresista Alex Paredes, el cual pretende incorporar a las obstetras en la comunidad educativa para que entreguen anticonceptivos a los alumnos y enseñen la polémica “Educación Sexual Integral - ESI”.

Según las opiniones técnicas y oficios cursados por el Ministerio de Educación - MINEDU, el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeros, la plataforma ciudadana Padres Peruanos y otras organizaciones, este proyecto es inviable por diversos motivos, especialmente por la iniciativa de gasto público, la incapacidad del profesional en obstetricia para impartir clases de ESI y la falta de habilitación legal para entregar anticonceptivos en colegios sin autorización de los padres. Sin embargo, y a pesar de tener conocimiento de todas las observaciones, el Congresista Paredes no ha dado marcha atrás.

La insistente presión con la que se solicita el debate de este proyecto en la siguiente sesión de la Comisión Permanente es inusual, sobre todo por ser un tema controversial y con tan baja aceptación institucional, pero no sería la primera vez que los intereses personales de los parlamentarios y algunos grupos se sobrepongan al bien común.

Resulta sospechoso que el Ministerio de Salud se haya pronunciado en favor de esta iniciativa legislativa a pesar de lo señalado por el MINEDU, lo cual según la

 información proporcionada por el portal CitizenGO podría deberse a que la cónyuge del actual Ministro de Salud, César Vásquez, es obstetra y miembro del Colegio de Obstetras del Perú - COP, principal promotor del referido proyecto.

Asimismo, resulta extraño que en el 2021 la decana del COP Margarita Pérez Silva, mostrando su preocupación ante la falta de obstetras en los centros de salud, haya señalado que las cifras de mortalidad materna se habían incrementado en los últimos años, y que actualmente sea una de las principales promotoras de este proyecto pese a tener conocimiento que los centros educativos son más del doble del número de obstetras en el Perú.

La falta de técnica legislativa que se observa en la redacción del texto propuesto y el conflicto de intereses que hay detrás de esta iniciativa no fueron suficientes para evitar que el proyecto fuera aprobado por mayoría en la Comisión de Educación el año pasado. Al parecer a los congresistas que votaron a favor no les preocupa que los padres no puedan conocer ni decidir el contenido de la ESI que recibirán sus hijos ni que los sectores de educación y salud tendrán que solicitar más dinero para pagar los nuevos salarios, así como para comprar los anticonceptivos que se repartirán en todos los colegios.