¡Un debate decisivo! El pleno del Congreso debatirá hoy, jueves 16 de mayo, el proyecto de reforma constitucional que prohibiría que los condenados por delitos graves puedan postular a cargos de elección popular por un periodo de 10 años tras cumplir su condena. De darse una respuesta favorable por parte del parlamento a esta iniciativa, sería un cambio más que significativo de cara a las elecciones del 2026.
El proyecto
La normativa actual peruana permite que quienes han sido condenados por delitos, graves, como homicidio, sicariato o terrorismo puedan ser candidatos a cargos públicos. Un alcalde, un congresista o el mismo presidente podría ser un terrorista o un homicida si esa es la voluntad popular.
Esta postura se debe al principio legal denominado la “rehabilitación del reo”, que señala que cualquier condenado que cumplió su pena, ha sido rehabilitado, volviéndose así un miembro ordinario de la sociedad. Esto facilita que sea, al igual que todos los ciudadanos, candidato a un cargo público.
No obstante, el dictamen de reforma constitucional que ha sido presentado en diversos proyectos de ley, como el 672, 682, 1244, 1374 entre otros, propone un cambio de panorama en este asunto, de gran importancia para el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales en el 2026.
De aprobarse la reforma, los artículos de la Carta Magna que serían modificados en caso de la aprobación de este serían el 34, 39 y el inciso 22 del artículo 139. De realizarse el cambio en el texto constitucional, estarían impedidos a postular a cargos de elección popular así como a ejercer cargos de confianza hasta 10 años después de haber sido “rehabilitados”, quienes cuenten con una condena privativa de la libertad sean como autores, cómplices o incluso instigadores quienes hayan cometido delitos graves.
Según el proyecto de reforma, los delitos por los cuales un sentenciado sería inhabilitado son terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, delito contra la seguridad nacional y traición a la patria, y contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
El Congreso debate hoy una reforma constitucional de vital importancia para las elecciones del 2026.
Lo perdería todo
Mientras aún no se configuran los potenciales candidatos a las elecciones del 2026, quien sí ha ido vociferando su intención de ser el futuro presidente del Perú es Antauro Humala.
El homicida condenado por el Andahuaylazo se perfila a ser el candidato del partido denominado A.N.T.A.U.R.O, el cual ya se encuentra inscrito. Recordemos, además, que el hermano del expresidente Ollanta Humala afirmó que mientras cumplía su condena en la cárcel llegó a formar un partido político.
Sin embargo, esta reforma puede ser un golpe duro a sus aspiraciones políticas. Humala salió en libertad el 19 de agosto del 2022, tras cumplir con su pena de 17 años de prisión por el Andahuaylazo. Si la reforma constitucional se lleva a cabo por parte del Congreso, él se vería completamente afectado por la misma, dado que al salir libre hace menos de dos años, tendría que esperar ocho años más para poder pretender un cargo de elección popular como la presidencia de la República.
Antauro Humala salió en libertad en el 2022.
Desde El Reporte hemos seguido reiteradamente el tema de la inhabilitación a cargos públicos de aquellos que hayan sido condenados por delitos graves como homicidio o terrorismo.
En exclusiva con El Reporte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez se manifestó en contra de la posibilidad de que un condenado por homicidio como Antauro Humala pueda aspirar a ser presidente de la República.
“Él (Antauro Humala) fue condenado por la muerte de cuatro policías. Es un hecho de violencia política. Por tanto, esta persona no puede postular a un cargo público así, como un maestro de escuela que ha sido condenado por pederasta, no puede regresar al aula escolar, por más que haya cumplido una pena” señaló. “No podemos ser tontos frente a un delincuente que no solamente proclama la creencia en la violencia política como un medio válido, legítimo para alcanzar el poder, sino ante organismos del Estado que, de manera insensible, aplican un texto legal sin interpretación alguna,” agregó Álvarez.
De igual manera, señaló que era responsabilidad del Congreso evitar que un criminal que haya cometido un delito violento pueda ser candidato presidencial.
“Corresponde ahora al Congreso aprobar una ley por la cual toda persona que haya sido condenada por delitos violentos no pueda participar de ninguna candidatura, de ningún cargo público por elección y cualquier agrupación que reivindique la violencia,” sentenció.
Por su parte, en una entrevista con El Reporte, el también expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló que es deber del Congreso que los candidatos a cargos públicos cumplan con la idoneidad necesaria.
“Un elemento que hace al núcleo del Estado constitucional es la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos políticos a través de ciudadanos, probos, que califiquen y que sean obviamente personas correctas, sanas y obviamente si tenemos gente depravada, inconducta, el sistema tiene que reprobarlo”, indicó Blume. “El Congreso tiene que tener la fuerza suficiente para decir hasta acá nomás. Un delincuente o un ex delincuente o alguien que ha sido terrorista o ha sido narcotraficante o está condenado por actos de corrupción no puede ser candidato ni debe ser candidato. No califica. Y en eso el país tiene que ser draconiano”, manifestó el exmagistrado.
La idoneidad de los candidatos para las elecciones del 2026 está ahora en manos del Congreso. Nuestros parlamentarios pueden evitar que en las próximas elecciones tengamos a asesinos, terroristas, u otros delincuentes candidateando a la presidencia o al Congreso. No caben dudas que el proyecto debería inhabilitarlos de por vida y no solo por 10 años tras cumplir su condena, pero por el momento esta medida podría evitar que radicales como Antauro Humala lleguen al poder en corto plazo.