En las últimas semanas, el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, se ha convertido nuevamente en el centro de un debate político y mediático que expone, con toda crudeza, la frágil relación entre el periodismo de investigación y el poder político en el Perú. La controversia se desató a raíz de la citación que le hizo la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso para que declare sobre presuntos vínculos y conocimiento privilegiado en el marco del caso Lava Jato. La citación, firmada por el congresista Alejandro Muñante, fue recibida con un rechazo frontal por parte de Gorriti, quien se negó rotundamente a asistir, calificando a la comisión como “viciada” y cuestionando su legitimidad para convocarlo. En sus declaraciones, el periodista aseguró que no se sometería a lo que considera un proceso carente de imparcialidad, sosteniendo que toda la información publicada por su medio está disponible públicamente y que el secreto profesional y la reserva de fuentes, amparados por la Constitución, lo protegen de tener que acudir a dar explicaciones ante el Parlamento.

La postura de Gorriti, lejos de pasar inadvertida, generó una reacción inmediata en el propio Muñante, quien replicó con dureza, acusándolo de pretender evadir la citación y de parapetarse tras el argumento del periodismo para no responder sobre las reiteradas menciones a su nombre en testimonios fiscales relacionados con Lava Jato. Según Muñante, la comisión no busca censurar ni cuestionar la labor periodística, sino obtener información relevante para esclarecer un caso de corrupción que ha involucrado a políticos, empresarios y operadores de justicia. Su mensaje fue claro: Gorriti debía “dar la cara” y responder ante el país, advirtiendo que se evaluarían medidas legales en caso de persistir en su negativa.

Gorriti amenaza al Congreso

En este punto, el debate dejó de ser meramente institucional y pasó a un plano personal y discursivo mucho más tenso. Gorriti, en una de sus declaraciones más polémicas, advirtió que si intentaban llevarlo por la fuerza para obligarlo a comparecer, habría que “pensarlo bien” porque “habrá consecuencias”. Esa frase, breve pero cargada de implicaciones, encendió las alarmas entre congresistas y analistas, que la interpretaron como una amenaza directa hacia un órgano del Estado. El propio Muñante señaló que tal expresión era inaceptable en un país democrático y que el periodista estaba cruzando una línea peligrosa: la de usar un lenguaje que puede ser percibido como intimidatorio. Para otros, esa advertencia era más bien un acto de legítima defensa frente a lo que Gorriti considera un intento de atropellar la libertad de prensa. La ambigüedad de la frase, sin embargo, le dio a sus detractores munición para acusarlo de emplear tácticas retóricas propias de la confrontación política más que del periodismo independiente.

El periodista no se quedó en esa advertencia. En sus declaraciones posteriores, denunció que la comisión presidida por Muñante buscaba, en el fondo, el “triunfo de los corruptos mediante la desinformación y la captura del poder”. Según su visión, el Congreso actual, dominado por fuerzas políticas vinculadas a casos de corrupción, estaría intentando reescribir la historia de Lava Jato para victimizar a quienes fueron investigados y desacreditar a quienes, como él y su equipo, se dedicaron a exponerlos. Sus palabras fueron duras: acusó a ciertos partidos de controlar instituciones clave como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y otras instancias, en un intento coordinado por manipular la narrativa y asegurar impunidad. Esta denuncia, aunque consistente con su estilo frontal y su trayectoria de denunciar abusos, también fue vista por algunos críticos como un salto a la arena política, donde el periodista se coloca a sí mismo en un rol de actor enfrentado al poder más que como un observador o investigador independiente.

¿Gorriti toma represalias?

La tensión escaló todavía más cuando, en medio de este intercambio, Gorriti publicó un artículo en IDL-Reporteros titulado “Muñante, Soros y López Aliaga”. En dicho texto, el periodista abordó las acusaciones sobre presuntos vínculos financieros de su medio con George Soros, aclarando que jamás han recibido fondos directos del magnate, sino apoyo a través de programas independientes de la Open Society Foundations, ganados en concursos internacionales. Más allá de la aclaración, el artículo establecía conexiones y referencias que fueron interpretadas por Muñante como una represalia directa por las críticas y la citación. El congresista calificó el texto como “inverosímil” y como un ejemplo de cómo Gorriti, lejos de mantener la distancia, utilizaba el espacio editorial de su medio para responder a cuestionamientos políticos con ataques personales.

Esta dinámica abre un debate incómodo pero necesario sobre los límites del periodismo de investigación y la defensa de su independencia. No hay duda de que el secreto profesional y la protección de las fuentes son derechos fundamentales, reconocidos en el Perú y en buena parte del mundo democrático. Sin ellos, el periodismo de investigación perdería gran parte de su capacidad para revelar hechos de interés público, especialmente cuando involucran a poderosos. Sin embargo, el uso de esos derechos como escudo para evitar cualquier tipo de comparecencia ante instancias democráticamente constituidas puede generar la percepción —justificada o no— de que se intenta evadir el escrutinio público. Gorriti no es un ciudadano cualquiera: es uno de los periodistas más influyentes del país, con décadas de trabajo que han expuesto redes de corrupción, abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Esa trayectoria le da autoridad, pero también lo convierte en un actor cuya conducta pública tiene un impacto significativo en la credibilidad del periodismo.

Desde un punto de vista crítico, su negativa rotunda a acudir a la citación y su elección de un lenguaje cargado de advertencias podrían debilitar la solidez de su posición. En lugar de aprovechar la oportunidad para exponer ante el país, desde la propia comisión, las razones de su rechazo y la importancia del secreto profesional, optó por mantenerse al margen, lo que permitió que sus adversarios instalaran la narrativa de que “no quiere dar la cara”. Un periodista puede, legítimamente, cuestionar las motivaciones y la imparcialidad de una comisión, pero también podría participar para evidenciar esas falencias desde dentro, dejando en claro que no cede ni un centímetro en la protección de sus fuentes. Al rehusarse por completo, deja un flanco abierto para que se le acuse de actuar como cualquier otro personaje que rehúye al control político.

El elemento discursivo también merece un análisis profundo. Frases como “habrá consecuencias” no son inocuas en el debate público. En un contexto político polarizado, donde la retórica beligerante abunda, ese tipo de expresiones tienden a ser interpretadas como advertencias intimidatorias más que como simples manifestaciones de disenso. Que provengan de un periodista con el peso simbólico de Gorriti añade un matiz delicado: su voz no es la de un ciudadano común sino la de alguien cuya influencia puede movilizar a amplios sectores de la opinión pública e incluso generar presión internacional. El periodismo, por definición, cuestiona, incomoda y enfrenta al poder, pero debe hacerlo desde un lenguaje que, aunque firme, no sea susceptible de ser utilizado en su contra como prueba de parcialidad o de ánimo de confrontación directa.

El episodio del artículo “Muñante, Soros y López Aliaga” se inserta en esta misma lógica. En principio, que un periodista responda a acusaciones con información verificable y documentación es un ejercicio legítimo de defensa. No obstante, cuando esa respuesta adopta un tono que puede ser percibido como un contraataque personal, se corre el riesgo de diluir la discusión de fondo —la independencia del medio y la integridad de su trabajo— en un intercambio de golpes propios de la política partidaria. Más aún cuando el adversario en cuestión es quien preside la comisión que lo ha citado. El resultado es que la controversia deja de girar en torno a los principios periodísticos y pasa a ser leída como un enfrentamiento entre dos figuras públicas, lo que favorece a quienes buscan deslegitimar la labor del periodismo de investigación.

Para comprender la magnitud del problema, es necesario recordar que el Perú atraviesa desde hace años una crisis de confianza institucional. El caso Lava Jato, que reveló una red continental de sobornos pagados por Odebrecht y otras empresas a cambio de contratos millonarios, salpicó a presidentes, ministros, congresistas, gobernadores y empresarios. IDL-Reporteros, bajo la dirección de Gorriti, fue clave en exponer detalles cruciales del caso, contribuyendo a que la Fiscalía obtuviera pruebas y testimonios que llevaron a procesos judiciales de alto impacto. Esa labor, sin embargo, no ha estado exenta de críticas: sus detractores lo acusan de sesgar la cobertura, proteger a ciertos personajes y tener agendas políticas encubiertas. Sus defensores, por el contrario, lo ven como un pilar del periodismo libre que ha resistido presiones y ataques de todo tipo.

En este contexto, el enfrentamiento actual con el Congreso no puede entenderse solo como un episodio aislado. Es, en realidad, un nuevo capítulo en la larga tensión entre un periodista que ha construido su carrera enfrentando al poder y un sistema político que, en gran parte, lo ve como una amenaza. La pregunta es si, en esta ocasión, la estrategia que ha elegido Gorriti para defenderse es la más eficaz para preservar tanto su credibilidad personal como la de su medio. Si el objetivo es proteger la libertad de prensa, es fundamental cuidar no solo el fondo, sino también las formas. En política y en periodismo, el lenguaje, los gestos y las decisiones estratégicas pueden tener tanto peso como la verdad que se defiende.

La defensa de los principios democráticos exige también una disposición a rendir cuentas, incluso ante órganos que se perciban como hostiles. Esa rendición no implica entregar fuentes ni ceder información protegida, sino explicar, ante la ciudadanía y bajo las reglas del Estado de derecho, por qué se rechaza una determinada citación y cuáles son los peligros que se advierten. Hacerlo desde la confrontación total y el rechazo absoluto puede ser satisfactorio para los convencidos, pero difícilmente cambiará la percepción de los críticos o de los ciudadanos indecisos. Al contrario, puede reforzar el relato de que el periodista actúa como un actor político más, en lugar de como un fiscalizador independiente.

En definitiva, la controversia actual revela tanto la fortaleza como las vulnerabilidades del periodismo de investigación en el Perú. Gorriti mantiene intacta su capacidad de influir en la agenda pública y de incomodar al poder, pero sus métodos y su estilo de confrontación abierta corren el riesgo de ser utilizados en su contra. En un país donde las instituciones están debilitadas y la polarización es profunda, la línea que separa la defensa legítima de la propia labor de la confrontación política directa es cada vez más delgada. Cruzarla puede tener costos no solo para el periodista, sino para el periodismo independiente en su conjunto. La historia reciente muestra que, en estas batallas, no basta con tener razón: hay que saber defenderla sin perder la autoridad moral que se reclama.