Cada vez que un político invoca al pueblo, comete una impostura. Y nadie le exige que lo pruebe.
Cada vez que un candidato sube a un estrado ocurre algo tan predecible como irritante: aparece «el pueblo». Lo invocan con fervor casi litúrgico, lo agitan como bandera, lo usan como escudo y lo esgrimen como garrote contra cualquier crítica. Pero ninguno —absolutamente ninguno— se detiene a responder la pregunta más elemental que cualquier ciudadano con dos dedos de frente debería exigirles: ¿de quién diablos están hablando?
El contraargumento previsible llega puntual: «El pueblo existe, lo ves madrugar en los mercados, en el obrero que construye edificios que nunca podrá habitar, en la madre que camina horas hasta una posta destartalada. Negarlo es elitismo de gente que nunca ha pasado hambre.» Argumento emocionalmente eficaz, visualmente poderoso y, en el fondo, completamente deshonesto. Nadie niega que Fortunata madruga ni que el obrero sufre. Lo que se niega es el salto lógico fraudulento que convierte esas realidades individuales y diversas en un sujeto político único y homogéneo. Reconocer la pobreza no obliga a aceptar la ficción colectivista. Son dos cosas distintas, y confundirlas deliberadamente es el primer truco del demágogo.
Existe Fortunata Quispe, que vende en el mercado de Majes y necesita que no le suban los arbitrios. Existe Carlos Mendoza, transportista de Huancayo que quiere una carretera pavimentada y gasolina sin impuestos absurdos. Existe Milagros Torres, emprendedora en San Juan de Lurigancho que lleva tres años intentando formalizar su negocio y choca cada semana con una burocracia diseñada para ahogarla. Ellos son reales: tienen nombres, necesidades concretas e intereses específicos —con frecuencia, brutalmente contradictorios entre sí. «El pueblo», en cambio, no tiene rostro, no tiene dirección, no paga impuestos ni firma contratos. Es una abstracción vacía de la que cualquier demágogo se apropia sin trámite ni vergüenza.
“El pueblo no se construye por lo que une a sus miembros, sino por el enemigo que se les señala desde arriba. Sin enemigo no hay pueblo.”
Cuando se les señala esto, los populistas recurren a su segunda coartada: «Las teorías liberales son ideas importadas que no entienden nuestra realidad.» Argumento curioso en boca de quienes abrazan a Marx, Engels y Gramsci —pensadores europeos del siglo XIX— como verdades reveladas. Descalificar ideas por su origen geográfico es intelectualmente deshonesto y, además, provinciano. Las ideas se juzgan por su coherencia y por sus resultados. Y los resultados del liberalismo —reducción de la pobreza, crecimiento económico, libertades individuales— son infinitamente superiores a los del colectivismo en cualquier latitud donde ambos se han aplicado.
El origen intelectual de esta estafa tiene nombre: Rousseau y su «voluntad general». La idea de que existe una voluntad colectiva superior a las voluntades individuales fue la semilla de casi todos los autoritarismos modernos. Latinoamérica la abrazó con entusiasmo suicida. Hayek fue lapidario: el conocimiento está disperso entre millones de personas y ningún político iluminado puede agregarlo en una sola voluntad coherente. Pretender hablar en nombre de todos no es vocación de servicio. Es una impostura al servicio del poder.
El argumento más peligroso, sin embargo, es el último: «El enemigo común une al pueblo diverso.» Aquí se revela la función real del concepto. «El pueblo» no se construye por lo que une a sus miembros, sino por el enemigo que se les señala desde arriba. Sin enemigo no hay pueblo. Es una identidad negativa, fabricada por el líder que necesita confrontación permanente para mantenerse relevante. Chávez lo perfeccionó durante años, y Venezuela pagó el precio con una economía destruida y millones emigrando a pie por trochas. El experimento cerró. El balance es catastrófico.
En el Perú, esta impostura roza lo grotesco. Somos un país de heterogeneidades radicales: costa, sierra y selva; formal e informal; urbano y rural. Los intereses de un agricultor cafetálero en Junín no tienen nada que ver con los de un exportador en Miraflores ni con los de una comerciante ambulante en el Altiplano. Hablar de «el pueblo peruano» como bloque uniforme con una sola voz no es poesía política ni licencia retórica: es una falsedad que insulta la inteligencia.
Fortunata, Carlos y Milagros no necesitan que nadie los funda en un sujeto colectivo ni que un líder providencial interprete sus deseos. Necesitan un Estado que no los robe, regulaciones que no los asfixien y libertad para decidir su propio destino. La próxima vez que un candidato invoque al pueblo, exíjale una sola cosa: nombres y apellidos. Si no puede darlos, ya sabe lo que es: un farsante en busca de votos. Y «el pueblo» que tanto defiende cumple una sola función: aplaudirle.
La próxima vez que escuche «el pueblo lo exige», traduzca: alguien quiere poder y no tiene argumentos.
