Consultor en Comercio e Infraestructura

Álvaro Díaz Bedregal

Los ministros son jefes de entidades que trabajan en muchos de los servicios públicos. Cada ministro se ocupa de los servicios que están a su cargo según la Ley. Son contratados como personal de confianza y su jornada no está sujeta al límite de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Suelen trabajar más horas y usan incluso domingos. Imaginamos a un ministro como experto en los asuntos de su cartera y con todo eso bajo control siempre. Pero ¿Es eso verdad?

Cada Ministro tiene viceministros, una especie de gerentes de áreas. Esos viceministros tienen a su cargo uno o más directores, que ejecutan en detalle las tareas. El ministro trabaja con viceministros y directores casi a diario. También tiene un gabinete de asesores y con el jefe de éstos -Jefe de Gabinete-, suele trabajar mucho. En sus reuniones, cada Viceministro o director explica muchos proyectos y sus problemas. El ministro opina, decide y hace gestiones con otras entidades para ayudar al avance.

Para el manejo interno de la entidad -contabilidad, personal, compras de lo necesario para funcionar, etc.-, el ministro tiene un Secretario General, con quien también trata muy seguido. Es el jefe de toda la administración interna y, al menos con ese jefe, el Ministro se reúne seguido para autorizar lo que deba. Todo esto es lo usual, pero lo real no es tan sencillo.

Veamos al Ministro de Transportes y Comunicaciones y lo que, en los papeles, debe hacer (1). Imaginemos un ministro muy activo que usa 13 horas al día en trabajo y traslados, 8am a 9pm. Es rápido estudiando documentos que necesitan su atención directa, le toma máximo dos horas al día. Usa solo una hora de almuerzo y 30 minutos al día para todas sus pausas personales (2).

Empieza el lunes temprano. Una hora y media con sus viceministros y directores para revisar la agenda de la semana y todos a empezar. En la semana ve por unas dos horas a los Jefes de los cuatro proyectos especiales del ministerio (carreteras, metro, etc.). Media hora al día con Secretaría General para firmar lo que debe autorizar. Cuatro de los seis días, está por media hora con su Jefe de Gabinete de asesores, y en otros dos días, por media hora con cada uno de los tres jefes de organismos públicos descentralizados (OPD) que responden a su ministerio (puertos, transporte terrestre y urbano). Máximo tres horas de la semana, trabaja con los jefes de empresas adscritas al ministerio: aeropuertos, puertos y correos. También, media hora por semana para programas internos: transporte en ciudades y telecomunicaciones.

Cada semana va a Palacio de Gobierno para Consejo de Ministros por unas dos horas y media (3). Tiene reuniones de una hora con el Presidente del Consejo de Ministros y Presidente de la República. Es común que deba ir al Congreso a explicar temas de su cartera, y estar una o dos horas cada semana (4). ¿Parece fácil esa semana? Faltan las reuniones de FONAFE u otra con otros ministros, con su equipo de comunicación, la prensa y reuniones con personas fuera del ministerio. Sábado u otro día, va a lugares lejos de la oficina a supervisar obras, por al menos cuatro. No consideramos aquí ninguna emergencia de Estado, presentaciones públicas ni actos oficiales (desfiles, ceremonias, etc.).

La realidad es que, en casi ninguna semana, el Ministro podrá hacer todas esas tareas porque no le alcanzará el tiempo. Son demasiadas citas, eventos y horas de reunión. Y entonces no hay lo más importante: tiempo para que el Ministro revise i) cómo mejorar su equipo y performance, para usar menos dinero del contribuyente, en hacer lo mismo o más, y ii) todos los trámites de su sector que hacen los peruanos (en el ejemplo, brevetes, licencias, etc.), para ver si realmente necesitamos todos esos trámites y, sobre todo, de todo el tiempo y pasos que suelen tomar. Y pasa quizá con varios Ministros. En parte por eso no mejoran sus servicios. Y de esos servicios, depende el trabajo e ingreso de millones de peruanos. Al final del día esa es la medida de todo.

Además de las definiciones en las normas, tomamos el organigrama y la información oficial de la entidad, disponible en 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/3615126-organigrama-del-mtc-2021

 y asumimos una jornada diaria de 13 horas efectivas de trabajo, en condiciones de salud normales y constantes del ministro.

Como toda persona, un ministro necesita de algún tiempo al día para usar los servicios higiénicos, contestar llamadas o mensajes personales y alguna corta distensión.

Las reuniones del Consejo de Ministros de Perú suelen tomar más de este tiempo, aunque es costumbre también que luego de tratar temas obligatorios a todos los sectores y los de su sector que requieran voto del Consejo, el ministro pueda retirarse a algo urgente antes de terminar la reunión.

Nos referimos a reuniones regulares de Comisiones del Congreso de la República, durante la mañana o tarde, que casi nunca ocupan dos turnos. Si fuera una o presentación del ministro o todo el gabinete ante el Congreso, el evento puede tomar todo un día.

Si quiere suscribirse a todo nuestro contenido

También puede ingresar a nuestra cuenta de Telegram:

¿Cuánto trabaja un ministro?, por Álvaro Díaz Bedregal

Hace poco el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que comenzará un programa de compras conjuntas en el que participaran 65 entidades públicas (1), y ahorrará hasta 2025 unos S/. 800 millones. Como con casi todos los anuncios de ese Ministerio, este pasó desapercibido. Los comentaristas sobre economía rara vez van a los detalles de gestión pública, y los periodistas no profundizan en ellos, quizá pensando que a su audiencia no le interesan. Pero esta vez el MEF sí ha empezado algo nuevo, realmente importante y que, si avanza bien, hará que nuestros impuestos se usen mucho mejor y Perú se haga más competitivo.

¿De qué se trata? Como en cualquier empresa, todas las oficinas del Estado Peruano (ministerios, municipios, gobiernos regionales, etc.) necesitan cada año un presupuesto para funcionar. A los peruanos nos interesa que las oficinas del Estado usen bien ese presupuesto, que siempre sale de nuestros impuestos. Si van a comprar algo con nuestro dinero, queremos que compren lo mejor y al mejor precio posible, para que así puedan darnos mejores servicios: mejor educación, policía, hospitales, carreteras, etc.

El MEF anunció que 65 oficinas públicas distintas comprarán lapiceros (bolígrafos) y papel bond de oficina, de la misma calidad y en conjunto, vía PerúCompras. Al comprar juntas, todas esas entidades lograrán precios más bajos y contratos cada vez más transparentes. Piense Ud. qué es más fácil de supervisar: un solo contrato grande o sesenta y cinco contratos pequeños. Bien. Pero eso no es lo más impactante de la noticia.

El dinero de nuestros impuestos que hoy se desperdicia por pagar de más en las compras del Estado no es poco. El MEF confirmó que el Estado Peruano pierde hasta 1.8% del Producto Bruto Interno (PBI) cada año. Sí. Por pagar de más en lo que compra, el Estado pierde cada año unos S/. 15,720 Millones de Soles. Y como el Estado lo pagamos con nuestros impuestos, al final del día usted, yo y todos los demás somos los que perdemos eso.

¿Qué podríamos tener si el Estado no desperdiciara todo ese dinero al comprar? Podríamos construir y mantener en cada uno de los 1874 distritos del Perú, un parque de unas dos hectáreas con buenos jardines, baños y juegos para niños. Podríamos construir y tener funcionando en 500 distritos del Perú una posta médica que sí atienda, que tenga medicinas, tratamiento urgente y traslado a un hospital. Podríamos tener 100 nuevas Grandes Unidades Escolares -colegios- en diferentes partes del Perú (2). La brecha de infraestructura en educación y salud estaría en pocos años cerrada. Habría siempre cerca una buena posta y un colegio. El dinero está allí, pero se usa mal hace mucho. Eso y no otra cosa, es lo que nos atrasa, la mala gestión. Y casi nunca nos enfocamos en ella.

No hay tiempo de revisar todo, pero siempre deberíamos enterarnos y preguntar dónde se pierde cada año nuestro dinero. En cada elección, deberíamos exigirles a los candidatos explicar cómo avanzarán en estos ahorros. Cómo harán que MEF y PeruCompras ahorren al comprar como nosotros ahorramos al comprar para la casa. Es lo que hay que exigir y es lo mínimo que nos deben: cuidar nuestro dinero y asegurar que se use bien, en darle mejores servicios a los peruanos en todo lugar. Ya basta. Quien no pueda lograr estos ahorros, y usar mejor nuestros impuestos, sencillamente no puede administrar el país.

Decreto Supremo N° 167-2023-EF, que aprueba las compras corporativas obligatorias para la adquisición de bolígrafos y de papel bond homologado, a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y dicta otras disposiciones. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-las-compras-corporativas-obligat-decreto-supremo-n-167-2023-ef-2202021-1/

Para esta estimación asumimos un costo uniforme en soles actuales en todo el Perú, de S/4 Millones por cada parque de 2 hectáreas y 1 Millón para su operación anual. Del mismo modo, S/. 1 Millón de soles para construir cada posta y 6 millones para operarla cada año. También, 20 Millones para construir cada colegio (Gran Unidad Escolar) y 4 Millones para operarlo cada año. Estos montos son mayores a los que el Estado peruano ha utilizado para construir estas instalaciones en Lambayeque y Lima entre 2016 y 2022.

¿Por dónde perdemos dinero?, por Álvaro Díaz Bedregal

Hay una imagen usual entre los comentaristas políticos de hoy. Esa de un país que, de pronto, como una olla a presión mal ajustada, estalla. Es una imagen potente, qué duda cabe. Alguien puso la olla a hervir hace mucho, no la atendió ni controló el fuego, y de pronto fue demasiado tarde. Hay un accidente y un reinicio. Y los comentaristas nos cuentan luego quiénes son los responsables de ese terrible accidente y qué fue exactamente lo que pasó para llegar al estallido, que solo se puede arreglarse con la receta que ellos nos dan. Si es que dan alguna.

Sus explicaciones casi siempre presentan la figura de un país según ellos “dividido”, “roto desde siempre” y sin remedio aparente; y a un gobierno central (Presidente y Ministros) que es el único responsable de desatender los justos reclamos de los peruanos, sobre todo en lugares distantes de las grandes ciudades. Pasan luego a decir que esos gobernantes y todos quienes viven en las ciudades no entienden el país en que viven. Hacen un retrato dramático del abandono que hizo ese frívolo gobernante de la ciudad, despreciando a los pueblos y sus necesidades. Pero ni por asomo nos dicen que puede haber personas interesadas en fomentar esa división.

Casi ningún comentarista político en Perú tiene el rigor profesional de mencionar que, desde inicios de los años 2000, muchos de los servicios sociales que deberían llegar a los peruanos en lugares lejanos de las ciudades -y que se reclama con mucha justicia-, están a cargo de gobernantes regionales (25 responsables, uno en cada departamento, más Callao) y no del gobierno central. Tampoco dicen que el sistema de gobiernos regionales ha resultado incapaz de llevar infraestructura de servicios urgente. Casi ninguno de esos comentaristas les recuerda a sus lectores que, desde hace décadas la regionalización permite una red de activismo político en diferentes regiones del Perú que tiene como producto típico el lanzar caudillos que primero aparecen liderando frentes populares (conocidos como frentes de defensa y otras denominaciones), y luego postulan a cargos políticos. Hasta a presidente.

Los comentaristas peruanos tampoco han tenido el rigor profesional de precisar que desde tiempos de Lenin (primer dictador de la Unión Soviética), los comunistas plantearon la táctica del Frente Popular. Los Frentes populares eran coaliciones de partidos de izquierda, socialistas y comunistas, para participar en elecciones. Y por supuesto, para los comunistas, estas no eran (ni son hoy) simples alianzas con socialistas, sino métodos para, paso a paso, convertir la lucha de clases en guerra civil. Seríamos muy inocentes de creer que los frentes populares nunca participan de los “estallidos”.Algunos Frentes populares, cómo no, han exigido asambleas constituyentes como parte de su plataforma. ¿Suena conocido?

Todo Frente Popular necesita, en algún momento, de agitación. Y si existe uno en Perú, también la ha debido necesitar y usar, para avanzar y luego gobernar. ¿Quién actuó hacia el 14 de noviembre de 2020 en Perú, haciendo propaganda masiva a escala nacional, y organizando y atizando manifestaciones -que resultaron en grave violencia- simultáneas en varias ciudades? ¿Puede haber sido toda esa una reacción absolutamente (al 100%) espontánea de los peruanos? ¿Qué partidos, gremios y grupos políticos lideraron esas manifestaciones? Se nos dirá -como siempre- que las manifestaciones no tenían ningún líder, sino que solo eran una confluencia de sentimientos nacionales urgentes. Pero vimos las imágenes.

Quizá también nos quieran decir que fueron totalmente espontáneas las manifestaciones, sumamente violentas, que comenzaron en Perú una vez derrotado el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Esas manifestaciones que, sorprendentemente, se detuvieron exactamente para las fiestas de fin de año, y se reactivaron luego para seguir atacando infraestructura crítica (aeropuertos, vías, mercados, comisarías, etc.) y causar zozobra en varios departamentos del Perú hasta bien entrado 2023. Y resultaba que los manifestantes (liderados aparentemente por nadie, pero claramente bien financiados para seguir por muchos días en sus actividades) exigían elecciones en el menor plazo posible, y una asamblea constituyente. Así, sin más. Como en el Frente Popular. ¿Vamos a seguir creyendo que se trata siempre de un espontáneo “estallido social”?

El “Estallido Social”, por Álvaro Díaz Bedregal

En una entrevista en 2019, el politólogo peruano Alberto Vergara se confesaba así:

Entrevistador: ¿Te avergüenzas de algún voto que hayas ejercido conscientemente?

Vergara: No. Supongo que, como todos, estamos condenados muchas veces a votar por el mal menor. Y, en general, no votas por lo que los políticos hicieron en su vida pasada sino por quién supone menos peligro para el futuro (1).

Es cierto. En un país hay opciones entre las que debemos elegir, pero con ninguna de ellas se mejorará absolutamente todo. Elegimos una porque creemos que sostiene o mejora eso que consideramos más importante. Allá por 2019, Vergara creía que en Perú aún existía la ilusión de un "proyecto republicano" (2). Pero el tiempo se volvería más agitado.

En 2021, Perú debió elegir entre un programa marxista-leninista (como es el ideario de Sendero Luminoso) (3) y otro calificado por el socialismo peruano como autoritario, aunque sin control real del Congreso ni de la justicia electoral. En la elección ganó el primero. Como en todo resultado ajustado, hubo angustia, argumentos encontrados y una decisión final. Pero a los simples actos de criticar, investigar y argumentar un presunto fraude (derecho de cualquiera), Vergara los llamó un "voticidio", "un intento de golpe de Estado" y "desaparecer los votos de más de 200 mil peruanos del sur del Perú", que según su argumento, pasaron todos luego a estar resentidos por eso y a exigir un cambio de presidente, de constitución, etc.

Para Vergara parecía imposible que en un país que él mismo llama altamente informal y dominado por intereses particulares, alguien intentara adulterar el resultado de una elección. Al menos, era imposible que se adulterara para favorecer a quien él prefiere. Porque, de haber sido su favorito el que cuestionara el resultado, de seguro para él no habría sido ningún "voticidio". ¿Vergara llamaría voticidio a la anulación de actas en distritos de alto ingreso en Lima? Probablemente no. Ellos quizás no son considerados ciudadanos en su república.

La administración de Castillo, que siguió, estaba, como era previsible desde abril de 2021, no solo movida por un ideario marxista-leninista, sino conducida por intereses de personas, grupos e industrias ilegales que hoy están siendo investigados por delitos graves. Mientras todo esto sucedía, Vergara era un cauto comentarista. Castillo causó un total descalabro en la administración e instituciones públicas del Perú, que terminó en un golpe de Estado y un ataque a todas luces muy planificado, bien financiado y violento contra la infraestructura pública y la actividad de los peruanos. Que simultáneamente hubiera manifestaciones sin violencia por algún objetivo noble, no hace que esa violencia sea en lo más mínimo aceptable. Pero en la república de Vergara, es diferente.

En una videoconferencia (4) sobre la llamada crisis en Perú, Vergara dice:

"…hemos visto cómo se ha incendiado la casa de un congresista, a un policía muerto al parecer incendiado, hemos visto cómo las fuerzas armadas disparaban a diestra y siniestra en las ciudades de la sierra del Perú. (…)"

Para referirse a los delitos cometidos por personas con nombre y apellido, Vergara usa el sujeto impersonal: "se ha incendiado" la casa. Para un asesinato, "un policía muerto". ¿Quién incendió la casa? ¿Quién incendió al policía? Vergara sabe que fue alguien, pero no quiere nombrarlo. Y no quiere hacerlo porque en su república, la violencia política es una herramienta aceptable si está en línea con sus objetivos personales, que luego serán los del supremo gobierno.

Para referirse a la respuesta de las fuerzas del orden frente al ataque a aeropuertos, vías, comisarías e incendio de locales de la justicia y fiscales (destruyendo expedientes sobre narcotráfico, minería ilegal y otros delitos), sí nombra a quienes él quiere presentarnos como responsables: "las fuerzas armadas disparaban a diestra y siniestra". No importa que estuvieran legalmente protegiendo a quienes no hacían violencia, a su propiedad y a su derecho a vivir en orden y paz. Son todos villanos en su república. ¿Se podrá vivir en paz en esa república?

En su república, algunos delitos (como los que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en el sur de Perú) pueden ser solo "vandalismo" y "violencia inaceptable", pero no más que eso, y quienes los sufren deben aceptarlo y asumir los daños. Así es la república de Alberto Vergara, al parecer. Antes de elegir y al escuchar sus sabios consejos sobre política (con frecuencia aderezados con citas muy profundas, canciones y bastantes vaguedades), habrá que pensar si, dependiendo de quiénes seamos, seremos ciudadanos o simples súbditos en su república.

https://perulibre.pe/wp-content/uploads/2020/03/ideario-peru-libre.pdf

https://www.youtube.com/live/XTGdqqESB8k?feature=share

 La República de Alberto Vergara (Parte 2), por Álvaro Díaz

Es junio de 2017 y Alberto Vergara, investigador peruano en ciencia política, habla en la versión universitaria de la conferencia anual de ejecutivos (1). Les dice a los jóvenes que en Perú los ciudadanos perdieron confianza en las instituciones públicas. También, que hay un desaliento y que los desastres naturales que causa el fenómeno del Niño Costero dejan claro que “nos están robando”, por la infraestructura mal desarrollada o protegida. No les aclara quiénes les roban, cómo lo hacen, por qué pueden hacerlo ni mucho menos cómo evitarlo.

Dice que lo de Perú es un largo proceso de decaimiento porque “ha sido gobernado desde 2000 por las mismas personas y el mismo principio”, que para él es este: que la economía crezca y el resto de esferas del país (instituciones, cultura, etc.) van a mejorar a partir del crecimiento económico. La única prioridad es la economía y todo el resto es derivado y no es prioritario. Dice que esa priorización está en la constitución peruana. Muestra los artículos 60 -que precisa que solo puede haber actividad empresarial del Estado si se autoriza por Ley y bajo ciertas condiciones- y 62, que dispone que los contratos no pueden cambiarse por Ley y que puede hacerse contratos-Ley sobre inversiones (2). Nunca explica cómo así esas reglas le impiden al Perú tener como prioridad el fortalecer sus instituciones o invertir en ellas.

Luego de tergiversar no solo la Constitución sino a un exministro de la época, Vergara propone cambiar ese principio por un nuevo pacto que llama Liberal-Republicano. En él, las instituciones “serían un fin en sí mismo”, los ciudadanos ahora sí podrán participar, se reintroducirá la “voluntad política” (para invertir más en educación, por ejemplo), y habrá una república en constante conversación, con ciudadanos “comprometidos”, transmitiendo sus demandas. Claro, no explica qué reglas tendría ni cómo se administraría todo eso. Casi ningún detalle. La gestión pública (el déficit más importante de Perú hoy) parece una minucia sin importancia para tan elevado pensador.

Para probar que ese sistema “desprecia al ciudadano y sus decisiones”, Vergara cuenta que, en una reunión, oyó a un peruano decir que “lo bueno de las elecciones en Perú es que las elecciones no importan.” Por supuesto, no da el contexto y, aunque puede imaginarlo, evita decir que ese peruano se refería a que por entonces en Perú parecía no importar el resultado electoral porque las diferentes administraciones continuaban las políticas de Estado. Y asegura así que en Perú hay un “desprecio cotidiano del ciudadano, por las élites políticas, tecnocráticas y empresariales”. Deja claro quiénes serán los villanos en su república.

Vergara luego muestra una encuesta de prioridades de los peruanos (donde priman la inseguridad, corrupción, desempleo), y pregunta “¿Uds. han visto en alguna parte que los ciudadanos piensen que en Perú el problema fundamental son los trámites que tienen atorada la inversión privada? No sé de quién es esa agenda, pero del ciudadano, no es.” Y dice luego que, sin embargo, la prioridad del gobierno es destrabar los trámites que retrasan la inversión privada. No le explica Vergara a su oyentes cómo así, sin inversión privada, habría en su república personas y empresas pagando suficientes impuestos para invertir en las nuevas prioridades.

Anunciando que el “modelo de progreso ha llevado a su tope” Vergara les advierte a los jóvenes que “los adictos al modelo de modernización por la vía económica…quedaron traumatizados con los años 80”, y que sus padres y tíos les dirán que Perú no debe volver a la escasez de alimentos ni a la inflación. “No acepten ese chantaje viejo y usado”, los arenga. La pregunta es si en su república, la propuesta es volver a esos años, o cuál otra. Tampoco lo aclara. Solo tenemos claro quienes son los villanos, y quiénes los jóvenes ciudadanos, aun no “avejentados”. Solo los segundos parecen ser dignos de su consideración o útiles a su república.

Ha pasado tiempo desde que Vergara les hablara así a los jóvenes del Perú. Habrá que preguntarnos si algo de esa idílica república que imaginaba ya se dio en Perú en estos años, o si aún está por venir. También, en qué se inspira. De momento, por lo que desliza Vergara, esa república no es distinta del Perú en los años setenta -bajo la dictadura militar de Velasco, que Vergara evita citar en su charla y entrevistas- o peor, de la segunda república española (conocida como “la república”), aquella de Stalin, el Frente Popular, Hemingway (3), la checa y la masacre de Paracuellos (4). Tendremos que comentarlo más.

https://www.youtube.com/watch?v=IM0n9ai6NuK

Artículo 60°. - El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal.

Artículo 62°. - La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.

https://www.youtube.com/watch?v=3uLs0HnCPJQ

La República de Alberto Vergara (Parte 1), por Álvaro Díaz Bedregal

A finales de 2010, el ex Ministro de Economía y Finanzas peruano Luís Carranza hizo una presentación sobre lo que Perú necesitaba para seguir creciendo como lo hacía en esos años (1). Los diarios recogieron una frase suya: “Necesitamos un país de ingenieros, no solo de cocineros”. Se refería por supuesto a que un país que crece necesita trabajadores cada vez mejor capacitados, capaces de desarrollar muchos proyectos y soluciones.

Como en 2010 se relanzaba la comida peruana, algunos comentaristas hicieron ver la frase de Carranza como un agravio a los cocineros peruanos, y no como lo que era: un llamado a potenciar la formación de nuestros profesionales y sus capacidades, para hacer frente a lo que vendría después. La mayoría se quedó en la anécdota y no recogió lo importante: ya en 2010 era urgente prepararnos formando trabajadores muy capacitados. Pero todo siguió igual o peor.

Carranza remarcó en aquella presentación que, para ser más productivo, Perú debía tener más eficiencia del sector público. Confirmó que ya entonces faltaba infraestructura vital para seguir creciendo (carreteras, puertos, telecomunicaciones, etc.), y que debíamos acelerar.

La infraestructura es indispensable para que un país funcione y avance. Carreteras, transporte, telecomunicaciones, energía (gas, centrales hidroeléctricas), agua potable, e instalaciones para servicios públicos (comisarías, escuelas, hospitales, etc.) son esenciales para que la educación y preparación de una persona no dependa de su patrimonio, y haya las mismas oportunidades en todo el país. Sin eso no podemos trabajar ni producir todo lo que podríamos. Tampoco comerciar ni progresar. La infraestructura permite a todos ganar más por su trabajo y comercio. Y para hacerla se necesita ingenieros. A esto se refería Carranza.

Los ingenieros diseñan soluciones confiables y seguras para problemas serios (cómo evitar que las casas o cosechas se las lleve un río, cómo construir edificios que no se caigan con terremotos, etc.). Su trabajo permite anticipar y mitigar desastres naturales como los recientes, y asegurar el crecimiento.

Las encargadas de hacer obras públicas por todo el Perú son principalmente las Municipalidades de distritos y provincias, en total 1890. Cada una tiene una oficina para esos proyectos, donde necesita ingenieros de varias especialidades. También hacen obras varios de los 19 Ministerios y las 20 principales entidades públicas. Consideremos 10 de entre ellas, y sumemos los 26 Gobiernos Regionales. Tenemos al menos 1926 oficinas de obras pública que necesitan ingenieros.

A febrero de 2023 en Perú hubo activos 77,312 ingenieros civiles, 7,681 ingenieros eléctricos y 15,589 ingenieros entre sanitarios y ambientales (2). En las tres especialidades, al menos un tercio está registrado en Lima. Asumamos, muy optimistas, que: i) todos ellos son competentes y honestos, ii) hoy están dedicados y actualizados en su especialidad, y iii) solo 6 de cada 10 trabajan en empresas privadas. Tendríamos disponibles para cada oficina de obra pública a 16 ingenieros civiles, pero solo a 2 ingenieros eléctricos y a 3 ingenieros, entre sanitarios y ambientales. Si un tercio vive en Lima y no quiere trabajar en otro lugar, sencillamente no tenemos suficientes ingenieros. Tampoco los especialistas necesarios para trabajar infraestructura donde hace falta. Si además hay límites al sueldo de profesionales del sector público, y riesgo de juicios no razonables y eternos, nunca los tendremos. Tampoco las escuelas, hospitales y servicios urgentes. Y si no hay reformas, seguirá el uso político de esto por los demagogos que rentan de la pobreza y el atraso en Perú.

Aquella preocupación por los ingenieros de Luís Carranza en 2010, que para algunos pudiera parecer “tecnocrática” y enfocada en industrias lejanas de los niños pobres del Perú, estaba precisamente enfocada en ellos y su futuro, como varias de sus opiniones posteriores (3). Y es que para llegar a tiempo donde ellos con buenos servicios públicos hacen falta, más que cocineros, ingenieros. Y antes, hace falta valor.

http://archivo.peru21.pe/noticia/668301/carranza-necesitamos-pais-ingenieros-no-solo-cocineros

Ingenieros colegiados en Perú a febrero 2023 (CIP) 

https://www.cip.org.pe/estadisticas-de-colegiados/

. Entre 2022 y 2023 los ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios/ambientales registrados aumentaron en 14%, 4% y 22%, respectivamente. Un estudio debería considerar los pases a inactividad para calcular los profesionales realmente activos.

Piel de Gallina, Luis Carranza (Abril 2014)

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/piel-gallina-luis-carranza-305988-noticia/

Demasiados cocineros: En defensa de Luís Carranza, por Alvaro Díaz Bedregal

Hace días escribe Augusto Townsend un artículo (1) donde intenta explicar diferencias entre los grupos que forman lo que él llama “derecha”. Sugiere usar el gráfico de Nolan, que agrupa las ideas sobre política entre progresistas, liberales, conservadoras o totalitarias (2).

 creen que debe haber mucha libertad en asuntos personales, pero apoyan que el Gobierno controle el trabajo, los negocios y la economía en general. Los 

 creen que el gobierno debe poder controlar todo: nuestro trabajo, negocios, dinero, y también nuestra vida personal. Aquí están los Nacional Socialistas de Alemania (Nazi), los fascistas italianos, y los comunistas desde Marx y Lenin, hasta sus sucesores de hoy.

 apoyan la libertad económica, pero también que el Estado restrinja comportamientos personales que ven como contrarios a sus valores y tradiciones. Los 

 buscan la máxima libertad posible en la vida personal y la económica. No quieren impuestos altos, y buscan un gobierno eficaz pero limitado en su poder, que nos proteja de la violencia, y haga respetar nuestra propiedad y el comercio libre.

 están las demás combinaciones de ideas, de quienes no defienden continuamente ni la libertad económica ni la libertad personal. Esto, porque, según cada caso, eligen darle poder al gobierno para controlar nuestra economía o vida personal.

Townsend habla del cuadro, pero vuelve al esquema izquierda-derecha para colocar a conservadores y liberales en un solo grupo que llama “derechas”. Dice que ambos: “tienden a valorar la libertad sobre la igualdad”, y nos da su concepto de igualdad que, o significa igualdad de resultados para todos, o algo distinto que no explica. Conservadores y liberales tienen diferencias, pero ninguno se opone a que las personas sean libres e iguales ante la ley. Ambos se oponen a que el Estado intervenga para compensar supuestas diferencias insalvables entre ciudadanos (3). Ambos creen que la persona puede desarrollarse por sí misma.

Dice que son distintos porque los liberales ven al Estado “como un riesgo permanente a los derechos individuales en tanto ejerza de manera abusiva su monopolio legal de la fuerza”, y que los conservadores creen que “ciertos niveles de represión se justifican aun cuando afecten derechos individuales, si disuaden la perturbación del orden o logran restaurar el principio de autoridad”. Falso. Los liberales creen que el Estado debe tener poderes limitados y bien definidos, pero jamás descartan el uso de la fuerza para restaurar el orden o la autoridad, y en eso coinciden con los conservadores, que no apoyan la “represión”, sino el uso de la fuerza por el Estado para proteger derechos de ciudadanos que alguien ataca, como la vida o la propiedad.

Townsend presenta a los conservadores como totalitarios y a los liberales como grupos que no apoyarán el uso de la fuerza para restaurar el orden en el país, si es que hay un uso “abusivo” de ella. Pero ambos, conservadores y liberales, están en contra de la violencia y en contra de un Estado que excede sus funciones. Ambos respetan lo que deciden los jueces, por ejemplo, si hubo abuso al usar la fuerza. Quien apoya la violencia en manifestaciones tiene motivos para denunciar abusos del Estado al responder, aunque no existan. No son estas opiniones las que deban indicarnos cuándo hay abuso o no, cuándo hay democracia o no.

Para Townsend, los conservadores prefieren controlar las fronteras, y los liberales prefieren la libre movilidad de personas. Pero ni conservadores ni liberales se oponen a la inmigración cuando potencie la economía del país. Y ambos se oponen a la inmigración ilegal.

Dice que el mayor riesgo a la democracia está en las manifestaciones más autoritarias de “derecha conservadora”, y quizá entre los votantes liberales hoy, unos prefieren unirse a lo que llama “extremo” (es decir, los conservadores), y otros, para preservar la democracia, creen que es más “sensato” buscar “converger hacia el centro que hacia el extremo”. Como si el centro no tuviera riesgos. Se equivoca Townsend. Cuando un gobierno violenta derechos esenciales en democracia, no es conservador ni liberal, es totalitario. Y lo que asegura que cualquier gobierno no se vuelva totalitario es respetar las instituciones, no lo que diga o el nombre que use.

Townsend parece querer desanimar a los liberales de unirse a los conservadores, planteando que, si lo hacen, podría unirse a ideas totalitarias, riesgosas para la democracia. Parece la táctica del “plano inclinado”, en que alguien demoniza al rival diciendo que es “extremo” (que no es una opción válida), y luego le dice a los demás con quién es democrático unirse y con quién no. Lo sensato es decidir por quienes mejor pueden hacer realidad las ideas en que uno cree, no guiarse por la propaganda que sus rivales hagan contra ellos.

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/derecha-diferencias-politicas-derechas-conservadoras-y-liberales-por-augusto-townsend-noticia/

(3) https://www.youtube.com/watch?v=9wdd_8SqbO4